


Desde siempre, el desempeño de la economía costarricense ha estado ligado fuertemente al comercio exterior. La pequeñez de nuestro mercado interno nos obliga a vincularnos con la economía internacional si queremos producir más y crecer económicamente. Es esa vinculación con los grandes mercados mundiales la que nos permite aprovechar las economías de escala, incentivar la inversión, ser más productivos y acumular riqueza; es decir, la que nos permite disponer de los recursos que necesitamos para invertir en el desarrollo social del país y promover el bienestar de las grandes mayorías.
Por esa razón, en reiteradas ocasiones manifesté mi apoyo a las negociaciones tendientes a lograr un Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y los EE.UU. (CAFTA). El CAFTA es un instrumento eficaz para normar las relaciones con nuestro principal socio comercial y de inversiones y para consolidar y mejorar las condiciones de acceso a nuestro principal mercado de exportación. Además, un tratado de esta naturaleza será determinante para la atracción de la inversión extranjera, tan necesaria para la creación de puestos de trabajo y de oportunidades para las nuevas generaciones. Adicionalmente, con el CAFTA habrá una mayor competencia en la provisión de bienes y servicios, lo cual, si se hace bien, redundará en beneficio de los consumidores.
La importancia de este tratado como instrumento de desarrollo para Costa Rica nos obliga, sin embargo, a que asumamos este reto con la seriedad que se merece. Nadie puede pretender que el tratado, por sí mismo, se convierta en una varita mágica que nos resolverá todos nuestros problemas; ni podemos ignorar que habrá sectores que enfrentarán más dificultades que otros. Es nuestra obligación, como costarricenses, ayudar en la creación de las condiciones necesarias para que las empresas nacionales, en especial las medianas y pequeñas, puedan salir airosas en un ambiente de mayor competencia. Por esa razón, propongo que, junto a la aprobación del CAFTA, nos pongamos de acuerdo en una agenda nacional que incluya al menos los siguientes elementos:
Creación de un Fondo de Garantías para la Pequeña y Mediana Empresa
El acceso a la tecnología, a las técnicas y procesos productivos modernos, requiere de recursos que las empresas medianas y pequeñas no tienen. Este es un problema que muchos hemos reconocido desde hace varios años pero al cual no se le ha dado una verdadera solución. Para que estas empresas puedan expandir mercados, probar nuevos productos o cultivos, adquirir equipos modernos, e innovar, es decir, aprovechar verdaderamente las oportunidades que se crean con el CAFTA, es necesario facilitar el acceso al crédito a esas empresas y para ello se requiere la creación de un fondo de garantías que respalde sus operaciones de crédito. La creación de ese fondo permitirá su acceso al financiamiento aún cuando no cuenten con los activos que usualmente se exigen en las entidades bancarias y permitirá la modernización productiva.
En el pasado se ha insistido en que el crédito está disponible para empresas pequeñas y medianas pero la realidad demuestra que aunque hay fondos estos no son accesibles. La razón: falta de garantías; de ahí la necesidad de solventar el problema de acceso. Al dotar de recursos a un fondo de garantía los dineros disponibles en los bancos podrán ser utilizados oportunamente.
Mejoramiento de la capacitación técnica a través del INA
La inserción de Costa Rica en la economía internacional debe basarse en las ventajas comparativas que el país ha desarrollado a través de décadas de esfuerzo y sacrificio. La educación y capacitación de nuestra fuerza laboral ha sido y seguirá siendo determinante para que exportemos con base en calidad, valor agregado y conocimiento. Además, con la preparación y el mejoramiento continuo de las personas podremos atraer a las empresas extranjeras que buscan alianzas sostenibles y de largo plazo en el territorio nacional. De esta manera, la inversión en la educación y capacitación de calidad, en todos los niveles, es ahora más importante que nunca y el país no puede darse el lujo de rezagarse en este campo. Por ello, propongo que el INA asuma un renovado papel dinamizador en nuestra actividad productiva, creando y renovando sus programas, fomentado la construcción y mantenimiento de guardarías para recibir a los hijos de sus estudiantes, sobre todo de las mujeres cabeza de hogar que engrosan el grupo de los más pobres entre los pobres y creando un fondo de becas para los trabajadores. Los recursos existen, porque desde hace muchos años la ley exige a los empresarios contribuir para el financiamiento de programas de aprendizaje y actualización. Lo que ha sucedido es que una política fiscal restrictiva ha obligado al INA a dedicar esos recursos para financiar el déficit del gobierno central. Llegó el momento de que esto cambie de una vez por todas y que el INA dedique los recursos con que cuenta para satisfacer los fines para los que fue creado.
Transferencia tecnológica y asistencia técnica
De la mano de lo anterior, es necesario aprovechar los plazos de desgravación incluidos en el CAFTA para crear una plataforma institucional y legal capaz de promover la investigación en tecnología y desarrollo y que permita que los pequeños y medianos empresarios tengan un acceso real a las innovaciones científicas y tecnológicas y, de esa manera, mejoren continuamente su productividad. Asimismo, el Ministerio de Agricultura y Ganadería debe ser fortalecido y así cuente con los mecanismos que permitan que el agricultor nacional reciba la asistencia técnica requerida en un nuevo entorno. Las universidades públicas deben desarrollar programas para democratizar la investigación en el país y poner al alcance de todos los productores sus resultados.
En este campo la decisión política debe ser inequívoca y el compromiso con nuestro agro incondicionado. El extraordinario potencial de nuestros productos agropecuarios en los mercados internacionales y en el mercado local será una realidad si el país asume el reto de igualar el acceso a la ciencia y la tecnología con una actitud responsable, visionaria y con metas de mediano y largo plazo.
Fortalecimiento de los mecanismos para impedir el comercio desleal y el contrabando
Durante el proceso de negociación del CAFTA mencioné la necesidad de reconocer la sensibilidad de algunos productos agrícolas, destinados principalmente al mercado local, afectados por el otorgamiento de subsidios internos en los EE.UU., o, que bien, padecen problemas de competitividad tan serios que difícilmente podrían sobreponerse al impacto de un ingreso masivo y repentino de importaciones estadounidenses. Sostuve, además, que en la negociación debían tomarse en consideración las especiales sensibilidades de estos productos y que el acuerdo debía asegurar un trato apropiado. En general, dichas sensibilidades fueron tomadas en cuenta durante la negociación ya sea a través de exclusiones, como el caso de la papa y la cebolla, o de plazos de desgravación extensos, como sucedió con los lácteos, la carne, el pollo, el cerdo, frijoles y otros productos igualmente sensibles. Asimismo, el CAFTA establece la posibilidad de imponer medidas de salvaguarda y medidas compensatorias contra las prácticas de comercio desleal, a las que el país podrá recurrir cada vez que se requiera. Sin embargo, para asegurarnos que dichas medidas serán invocadas oportunamente es necesario fortalecer las oficinas de gobierno que se encargarán de monitorear el comportamiento de las importaciones y de aplicar las medidas respectivas. Igualmente necesario es fortalecer nuestro régimen aduanero para evitar que el contrabando y la triangulación se conviertan en el vehículo mediante el cual terceros no legitimados abusen de las cláusulas y disposiciones del CAFTA en detrimento del productor local.
Regulación y competencia
Otras de las debilidades de nuestra institucionalidad la podemos encontrar en el campo regulatorio y en el régimen de competencia. En materia regulatoria, la ruptura del monopolio en el sector de telecomunicaciones y en el de los seguros - que el CAFTA contempla- obliga a que el país desarrolle un régimen de supervisión y regulación acordes con los más estrictos estándares internacionales, con el fin de que los beneficios de la apertura, en términos de mejores servicios y precios más bajos, lleguen verdaderamente a los consumidores. Lo mismo sucede con las leyes para promover la competencia, campo en el que es necesario revisar y fortalecer la estructura institucional y las potestades de la Comisión de la Competencia, con el fin de que esta impida en forma eficaz que los beneficios de un comercio más libre quede en manos de unas pocas empresas importadoras o distribuidoras.