


Nuestro país requiere de crecimiento económico capaz de generar riqueza, para que con un Estado fuerte logre distribuirla de una manera más justa, impulsando programas sociales, buscando promover la movilidad social y la construcción de una sociedad más igualitaria. Ese fue el éxito de este país y la visión de don Pepe, en su lucha por fortalecer la clase media y reducir la pobreza. Para ello debemos promover más inversión nacional y extranjera, el fortalecimiento de la pequeña y la mediana empresa y el estímulo al emprendedurismo, como vías para generar más desarrollo, mejores empleos y mejorar la recaudación fiscal, entre otros.
No obstante lo anterior, no se trata de promover cualquier tipo de negocio o inversión; estos deben ubicarse dentro de los esquemas de desarrollo que deseamos, ser afines a la idiosincrasia costarricense y enmarcarse dentro de la sociedad que deseamos construir para las futuras generaciones. Tomando en cuenta lo indicado podemos decir que deseamos un gran crecimiento turístico, no el que busca a nuestra niñas y jóvenes para prostituirlas, sino el que promueve nuestras riquezas naturales.
Deseamos muchas empresas maquiladoras, sobre todo aquellas que requieran una fuerza laboral más capacitada o la que permite encadenamientos locales, y no la que busca exclusivamente los salarios bajos o miserables.
Desde esta perspectiva y siendo selectivos con lo que deseamos tener en el país, debemos preguntarnos, ¿cómo se debe calificar la minería a cielo abierto? Mi respuesta a esta pregunta ha sido simple y categórica: esa no es una de las actividades que va hacer grande a Costa Rica.
Con este tipo de inversión pagamos un altísimo precio en daños ambientales, entre ellos la deforestación de especies importantes que no se compensan con los beneficios que podemos obtener. Por esa razón desde mi perspectiva nunca debió autorizarse la operación de Crucitas, y por eso aplaudo el reciente fallo dictado en primera instancia que espero sea confirmado al declararse sin lugar el eventual recurso de casación que se interpondrá.
Vale la pena analizar si existen contradicciones entre lo resuelto por la Sala Constitucional y por el Tribunal Contencioso Administrativo. Claro, para opinar con más propiedad debemos esperar la lectura integral de la sentencia y estudiar detenidamente sus considerandos. Pero parece evidente que tenemos por delante dos controles jurisdiccionales diferentes: uno de constitucionalidad y otro de legalidad, cada uno estudiando aspectos distintos del derecho. Lo mismo que sucede cuando una persona puede ser declarada inocente en lo penal pero condenada a pagar los daños en lo civil. ¿Es esto contradictorio? No, simplemente son materias diferentes. Fue el mismo caso con el tema de la reelección presidencial. La Sala primero declaró sin lugar el recurso y pocos meses después con una nueva integración cambió de criterio y lo acogió. ¿Inseguridad jurídica? No. Es la potestad de un tribunal de cambiar de criterio si cambian sus integrantes y sucede aquí y en todo el mundo civilizado.
Finalmente, con esta resolución ganó Costa Rica. Se protegerá el ambiente, daremos una señal al mundo de ser un país amigable con la naturaleza y se podrán establecer responsabilidades civiles y penales, área en la que desde hace mucho la gente decente de este país, que es la inmensa mayoría, desea ver resultados concretos.