Las políticas gubernamentales no pueden ser estáticas, requieren de profundos y acelerados cambios de la mano con los que la sociedad va experimentando. Lo bueno en una época y excelente en otra puede resultar malo. Y viceversa. En algunas áreas, probablemente las menos, volver al pasado puede resultar una mejor alternativa que las opciones presentes. En pocas palabras ninguna política gubernamental puede estar exenta de la revisión y el análisis que nos permita concluir sobre su efectividad y oportunidad.
En materia de lucha contra la delincuencia en los últimos años han triunfado entre otras, las siguientes posiciones: las abolicionistas, aquellas que prefieren eliminar muchas penas y sanciones; las que elevan a precepto ilimitado los derechos de los imputados, basadas en fallos de la Sala Constitucional sobre el principio de inocencia y otros; las que reservan la prisión preventiva a casos tan excepcionales que casi nunca procede, esa que permitió a los señores López, juzgados en el caso del Banco Anglo, vivir libremente y sin procesos en su natal Chile; las que no sancionan más severamente al reincidente, porque se considera que es sancionar nuevamente una conducta cuya pena ya fue cumplida; las que no sancionan al que pretende fugarse de un centro carcelario, porque es un derecho humano buscar la libertad.
Estas teorías han disminuido en mucho la capacidad represiva del estado, la posibilidad de que el Ministerio Público cuente con instrumentos a su alcance para proceder de una manera sancionatoria fuerte, han llevado a que la policía se sienta indefensa frente al delincuente y como resultado han ayudado al incremento en el número de delitos; pero sobre todo a la violencia con que se cometen. Quienes defienden las políticas penales y criminales actuales con frecuencia nos llenan de argumentos de que las sanciones y un sistema penal draconiano no disminuyen la criminalidad y mucho menos son un ejemplo para frenar nuevos delitos. Pero quienes así piensan no han entendido que no se trata de curar, reincorporar o habilitar socialmente de nuevo a alguien que está en la condición de delincuente, sino que se trata de sacarlo o retirarlo de las calles en beneficio y defensa de quienes viven y actúan conforme a la convivencia de la sociedad. No los vamos a curar, es que queremos permitirle al resto de los habitantes vivir sin esa amenaza de agresión constante. Obviamente estos son dos enfoques diferentes.
Los hechos de violencia que han sacudido al país en las últimas semanas, deben obligarnos a revisar las políticas actuales en esta área y a plantearnos con seriedad si vamos por el camino correcto. Sin lugar a dudas la respuesta es: vamos por el camino equivocado, nuestro sistema resulta total y absolutamente ingenuo frente a una cada vez más agresiva y violenta delincuencia. Mientras los hampones disparan contra gente inocente por cualquier razón y hasta por robar un teléfono celular, nuestro sistema todavía quiere verlos como resultado de una sociedad que les debe amparar.
Por lo expuesto, quiero concluir que es un imperativo nacional cambiar estas concepciones para volver a las teorías “desechadas” del pasado y construir de nuevo un sistema penal represivo. La Sala Constitucional debe dejar de lado su inclinación por la protección de los derechos de los imputados, para orientarse por la tutela de los derechos de las víctimas y de los deberes de los imputados.
Nuestro contralor constitucional al igual como lo hizo con el famoso fallo de la reelección presidencial, en el cual por las razones que todos conocemos y la mayoría reprocha, varió un fallo anterior, de igual manera debe replantearse estos temas para con ello fortalecer el sistema jurídico y defender a las víctimas.
