


Los sistemas, de cualquier clase que sean, requieren de equilibrios para ser funcionales. Por ejemplo, en los negocios si una parte obtiene ventajas desmedidas y la otra sufre pérdidas pronto se quebrará la relación; de ahí que el éxito de muchas actividades es alcanzar el justo medio; nunca será igual para todos, pero debe buscar los puntos más cercanos a la justicia.
En nuestro ordenamiento jurídico lo mismo ocurre con el equilibrio entre deberes y derechos. Si abundamos como sociedad en los derechos sin deberes podemos llegar al libertinaje y si es al contrario nos acercaremos al totalitarismo, de ahí que es fundamental ese equilibrio.
En los últimos años y más concretamente a partir de la creación de la Sala Constitucional se le ha dado valor a los derechos de los imputados. Encontramos gran cantidad de sentencias, muchas con el sello del ilustre ex magistrado Dr Rodolfo Piza. Instituciones completas sufrieron cambios a partir de esos fallos: la prisión preventiva, la incomunicación del imputado que ejecutaba el OIJ, las intervenciones telefónicas, entre muchas otras, son solo algunos ejemplos.
No obstante lo anterior, estoy cada vez más convencido de que el sistema está fallando en los derechos de las víctimas y si se quiere los ha abandonado, lo que resulta a todas luces inaceptable, pues atenta contra los equilibrios necesarios en la sociedad.
Para citar un triste y doloroso ejemplo quiero referirme a una noticia publicada en un periódico de circulación nacional la semana pasada. Esta reseñaba que una joven había sido brutalmente violada en una fiesta celebrada en un cantón josefino. La nota periodística mencionaba el apellido de la muchacha que fue lamentablemente víctima de la agresión y hasta se señalaba que su padre es un alto ejecutivo en una empresa indicando hasta la actividad a que se dedica, pero en cambio omitía señalar el nombre de los supuestos agresores quienes se encontraban detenidos, dos de ellos lo fueron cuando se preparaban para abandonar el país.
¿Cómo es posible que el sistema defienda los derechos de los imputados de quienes no se puede revelar ni su nombre ni su imagen, pero no tutele la reserva del nombre de una muchacha que ha sido abusada? ¿Por qué resulta más importante el acusado y sus derechos que los de la víctima? ¿No tiene derecho una pobre muchacha sexualmente agredida a mantener su nombre en el anonimato? ¿No es acaso más serio el daño que se hace divulgando la identidad de la víctima, que el de divulgar la identidad del imputado, quien si resulta absuelto podrá aclarar esa situación, mientras la víctima quedará permanentemente estigmatizada?
Estas mismas interrogantes surgen cuando se le da cobertura periodística a diferentes sucesos, veamos dos casos: a) Una persona es detenida: las autoridades de policía cubre su rostros para proteger su imagen. Esta persona tiene derecho a su privacidad. b) Hay un accidente de tránsito: las personas heridas, ensangrentadas y hasta prensadas en los vehículos son filmadas, fotografiadas y hasta entrevistadas. ¿Por qué estas víctimas no tienen derecho a la protección de su imagen? ¿Que tienen los imputados que sus derechos son mayores sobre los de las víctimas? Definitivamente no existe ninguna razón lógica para estas situaciones. La única es que el sistema jurídico inexplicablemente abandonó a las víctimas y sus derechos creando una tremenda injusticia en su perjuicio. Nunca es tarde para que nuestra sociedad rectifique y cuanto más pronto lo hagamos será menor el daño que se le causa a terceros.
Nota al pie: hace pocas horas los agresores de la joven fueron excarcelados, eso confirma el “elevado nivel” de los derechos de los imputados.