


Sin lugar a dudas el tema de la delincuencia, su combate y el tratamiento a los delincuentes será uno de los puntos más importantes en la agenda de la sociedad costarricense. El aumento de la criminalidad y los niveles de agresividad de los hechos delictivos que se reportan día a día ameritan una mayor atención. Para ello es necesario partir de algunas definiciones importantes. En un artículo anterior señalé algunas relativas a los conceptos elaborados por la justicia constitucional y que requieren de un replanteamiento inmediato, hoy quiero insistir sobre otras respecto al rol del derecho penal.
Parte de lo que establece el “contrato social” del que hablaba Rosseau, se basa en que la vida en sociedad se regule por reglas cuyo seguimiento nos permite una convivencia pacífica y ordenada entre todos los miembros. De ahí que el sistema debe tener instrumentos para sancionar a aquellos que se separen de esas normas y por ende atentan contra la convivencia del resto de los miembros. La vía para sancionar recae sobre el derecho penal. Este elemento tiene implícita una primera definición que es importante recordar: el sistema sancionará a quien rompe las reglas de convivencia aceptadas por la sociedad.
Esta simple definición nos permite elaborar conclusiones importantes y tener presente que frente a un agresor del sistema (delincuente) lo urgente e importante será defender a todos aquellos que sí se han comportado acorde con las reglas sociales y han sido respetuosos del derecho de los demás y de la colectividad, fortaleciendo con ello el contrato social que nos rige, plasmado en el ordenamiento jurídico vigente.
Dicho de manera sencilla, se debe sancionar al delincuente para proteger al sistema y a las víctimas, entre las que se debe incluir a toda la sociedad. Por eso es fundamental tener presente que el sistema fue diseñado para proteger a la sociedad y no al agresor. El imputado merece un juicio justo con respeto a los derechos elementales de defensa, presunción de inocencia, entre otros. Pero si con absoluto apego a esos derechos se determina su culpabilidad la condena debe servir de garantía a la colectividad de que esa persona perderá su libertad por un tiempo suficiente para proteger al resto de la sociedad.
Planteadas así las cosas, la pena impuesta no es un fin ni un medio en la vida del condenado, sino un instrumento para la paz social del resto de los miembros de la sociedad. Este principio es aún más claro a raíz de que está probado que el sistema penitenciario no rehabilita y por ello casualmente la pena no la podemos ver como un elemento de reincorporación social. No dudo que lo deseable sería que las cárceles corrigieran a quienes lamentablemente llegan a ellas, pero por no suceder de esa manera el sistema debe ser absolutamente sancionatorio.
Por esa razón si el sistema debe actuar de esa manera es un imperativo nacional mantener sanciones fuertes y severas para los delitos más graves y para aquellos cometidos con niveles de violencia desmedida. Los costarricenses no queremos ni merecemos ver al asesino de Monteverde al cabo de unos pocos años libre caminando por nuestras calles. Por dos razones: la primera porque una persona con esas características no cambia y la segunda porque usted amigo lector y el resto de la sociedad debemos tener la tranquilidad de poder caminar por nuestras calles sin la amenaza de que agresores como él estén fuera de las cárceles.
Ya es hora de que dejemos de lado un derecho penal desbordado en derechos para los agresores, para que construyamos uno preocupado por la inmensa mayoría de ciudadanos que merecemos una vida segura y sin violencia.