Un Oportuno llamado a la atención

Por Antonio Álvarez Desanti
03/11/26
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Carta de Luis Paulino Mora

Presidente de la Corte Suprema de Justicia

En días pasados, don Antonio Alvarez Desanti aprovechó el espacio “Sin rodeos” del periódico LA REPUBLICA para expresar algunos juicios en relación con el funcionamiento del Poder Judicial costarricense.

Por la referencia a mi persona, que hace al final del artículo —que agradezco mucho vista su oportunidad y la cual, indudablemente, tiene su justificación en la amistad con que me ha distinguido desde hace muchos años—, me ha parecido apropiado atender la llamada de atención planteada y terciar respecto de las cuestiones que abordó.

Coincido con don Antonio respecto del papel preponderante que debe jugar el Poder Judicial en las sociedades modernas como factor de desarrollo.

Nuestro plan estratégico se funda en esa noción e incluso el lema del Poder Judicial de este quinquenio busca promover interna y externamente el concepto de que la justicia es factor esencial para el desarrollo. Igualmente, es un lugar común señalar el abultado crecimiento de la demanda de justicia en nuestro país.

Será suficiente agregar a lo dicho tres datos que dan en que pensar: primero, el Poder Judicial tardó prácticamente 100 años para llegar a los 600 mil expedientes recibidos en 1996, pero luego, escasamente siete años después, alcanza el doble de esa cifra; segundo, en la actualidad cada juez de la república debe atender en promedio 820 asuntos asignados a su conocimiento; tercero, en 2002, tres de cada cuatro asuntos nuevos presentados en sede civil fueron lo que don Antonio denomina “elementales” cobros judiciales en los que precisamente el ejercicio de la “juris dictio”, esto es la labor propia del Poder Judicial, aparece más atenuado.

Por último, lleva razón don Antonio cuando observa que los problemas se agudizan ante el injustificado retraso que sufren al seno del órgano legislativo los proyectos de reforma legal relevantes y apropiados para resolver gran parte de la problemática del Poder Judicial, ejemplos de ello son los proyectos de modificación a la Ley de Tránsito y al Código Penal que ya tienen varios años en el proceso legislativo.

El artículo cierra con el tema de la participación de la Sala Constitucional en el proceso de impugnación de la prohibición de reelección establecida en el artículo 132 de la Constitución Política y se pide realizar las investigaciones necesarias para aclarar las dudas de la ciudadanía.

No podría yo estar en contra de ese pedido, que se inserta en la política de transparencia promovida desde hace ya varios años en el Poder Judicial, investigación que sé que mis compañeros de Tribunal también ven con buenos ojos, porque nos permite aclarar a la opinión pública cuál fue nuestra actuación en el caso, apegada a los más estrictos cánones de actuación del juez.

Pero queda claro que no debemos dejarnos tomar por la ingenuidad y creer ciegamente en la veracidad de todo lo que se afirma pública o privadamente por parte de personas movidas por las más extrañas motivaciones e intereses que, en ocasiones, ni ellas mismas alcanzan a comprender y explicar claramente. Debe investigarse el tema de forma apropiada y seria porque ello garantiza un resultado apegado a la verdad de lo ocurrido, sin sesgos incorrectos ni atención al inevitable comadreo.

En fin, hace bien don Antonio en preocuparse por el quehacer y la salud del Poder Judicial como eje fundamental de una sociedad verdaderamente democrática. Esa es la actitud que cabe esperar de alguien que, como él, viene labrándose una imagen de político serio y capaz, estricto en la rendición de cuentas y en la exigencia de transparencia, pero respetuoso de la independencia judicial y de la importancia del respeto a las decisiones de los jueces de la República.

Jueves 19 de Febrero, 2004 Periódico La República

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