Debemos señalar que hemos avanzado bastante en el plano de las definiciones programáticas en materia de régimen municipal, del fortalecimiento del sistema municipal en general y lo que debe ser el futuro de la actividad municipal. Hemos realizado durante muchos años largas discusiones sobre el tema municipal, el financiamiento mediante proyectos e incluso mediante reforma constitucional para brindarle un 10% del presupuesto ordinario de la República. Asimismo, hemos elaborado definiciones en torno a los alcances de la autonomía municipal y en torno a lo que debe ser la función de descentralización del Estado.

En materia municipal, al igual que en muchas otras, entre ellas la tributaria y la electoral, en el país hemos tenido siempre una clarísima conciencia de los principales problemas que se enfrentan. En estas áreas CUÁLES, LA TRIBUTARIA Y LA ELECTORAL? NO QUEDA CLARO, al igual que en el régimen municipal, hago un llamado para pasar del dicho al hecho. Me parece que en estos casos deberíamos concretar una agenda y un cronograma que permitan poner en práctica las reformas necesarias, pues el material de discusión abunda y la claridad entre las personas que intervienen en forma directa en este tema también ha ido perfeccionándose y desarrollándose en forma acelerada.

Si algo debemos tener claro los costarricenses, que nos vanagloriamos de poseer un régimen de derecho y de ser un país que defiende los derechos humanos, es que la colectividad cuenta con uno de ellos: el derecho a los servicios públicos eficientes. En ocasiones nos limitan a creer que los derechos humanos se circunscriben al respeto a la vida, a las libertades individuales, a la libertad de tránsito y a la libertad de expresión, pero olvidamos que este concepto ha evolucionado y se ha ampliado, por lo que ahora incluye el derecho a tener servicios públicos eficientes.

Si partimos de que uno de los derechos humanos importantes y prevalecientes para la colectividad y para el individuo es el disfrute de los servicios públicos eficientes, debemos entender que la reforma municipal tiene un rango de interés constitucional y no solo local o municipal. Este es uno de los principales elementos para que tengamos clara la dimensión de la importancia de lo que podría ser una estructura de prioridades jurídicas donde se debe ubicar la reforma en el plano municipal.

Desde este punto de vista, -el derecho a los servicios públicos eficientes es uno de los derechos de la colectividad- debemos preguntarnos cuál es la vía para que, por medio de la organización municipal, satisfagamos tal derecho. Con esto retomamos los aspectos más concretos y específicos de la discusión en torno al régimen municipal.

Consideramos necesario desarrollar el proceso de descentralización estatal y dentro de esta, una de las estructuras que mayor fortalecimiento debe tener es precisamente la municipal, pues es la que definirá y determinará la organización y el gobierno local en el nivel de comunidades circunscritas y delimitadas mediante los cantones de este país.

Así para discutir el tema de la descentralización, el tema de los derechos colectivos y el tema de los derechos de los servicios públicos eficientes, necesitamos concretar las acciones necesarias en el nivel municipal para lograr los objetivos propuestos en tales temas.

Me parece importante empezar con algunas de las definiciones globales. Lo primero, es concretar la reforma política que establezca el proceso de elección de los regidores municipales a medio período, con el fin de otorgar relevancia a la elección municipal, pues en la actualidad es casi como un relleno en el contexto de las elecciones presidenciales.

Si en la elección presidencial no existe un escrutinio claro de las listas de diputados por cada provincia, muchísimo menos lo hay en las listas de los representantes a cada una de las municipalidades.

La elección a medio período permitirá otorgar un nivel de importancia diferente a la organización local y hará que la elecciones municipales adquieran mayor significación, pues en este momento son la tercera papeleta que todos llenamos cuando entramos a las urnas electorales y votamos por las del mismo partido porque ni aparecen los nombres de los candidatos y candidatas en dichas papeletas. En otras palabras, es uno de los votos que se realizan a ciegas en el proceso electoral.

Por otra parte, es necesario proceder a elegir al ejecutivo municipal mediante el sistema de voto directo para no tener que seguir en el régimen de maniobras, arreglos y negociaciones, algunas muy cristalinas y otras menos, pues tenemos de todo en el arco iris de las ochenta y tantas municipalidades: las buenas, las excelentes, las malas, y las mediocres. En ese proceso, la elección de los ejecutivos no se maneja siempre en un alto nivel como ocurriría si se establece la elección por voto directo, con lo cual también se obligaría a los ejecutivos, desde el momento en que quieran aspirar a la elección municipal, a tener su agenda y su programa de trabajo (no digamos de gobierno para que no suene como demasiado pretencioso), para desarrollar su labor en la municipalidad. Esto será necesariamente una carta de presentación y hará posible que los ejecutivos lleguen a la municipalidad con la conciencia plena de lo que deben hacer o por lo menos llegarán con planteamiento de lo que deberá ser su trabajo en los años siguientes.

Eso se fortalecerá aún más si logramos que la elección sea a medio período, porque entonces la discusión no girará en torno a los candidatos a la presidencia y sus propuestas en lo referente a temas como la devaluación, la inflación, el establecimiento de aranceles, la firma de un GATT, la viabilidad de un tratado de libre comercio, la eliminación del monopolio de los depósitos de los bancos y la política sobre canasta básica, todas las grandes distorsiones que se dan en una campaña electoral y que, como todos sabemos, no se circunscriben a los problemas específicos de cada comunidad. Así, elegir a los ejecutivos municipales por voto directo y a medio período, en un ambiente de exclusividad, permitirá establecer un programa de gobierno más claro en cada una de estas instituciones.

Hablar sobre la organización interna de las municipalidades resulta en cierto modo importante, pero no es tan trascendental, pues el problema municipal no es de organización o de estructura interna, sino que trasciende esa órbita.
Sin embargo, no podemos olvidar que una buena organización interna permitirá contar con instituciones más eficientes y buena parte de la eficiencia de una institución deriva justamente de la forma en que se pueda organizar a lo interno con el fin de obtener el mayor provecho de los pocos o escasos recursos disponibles.

Además de los señalados, hay dos elementos en los cuales deberíamos basarnos para establecer la adecuada estructura interna del manejo municipal. El primero se orienta a los ingresos y el segundo a la capacitación. En cuanto al primero no podemos seguir manteniendo municipalidades que destinan un 80% de sus recursos al pago de salarios, electricidad, teléfono y agua, y que reservan el 20% para realizar las demás obras. Cuando hablo de las demás obras no me refiero únicamente a las comunales, sino a todas las que no son pago de salarios, alquileres, agua, electricidad y teléfono.

En estas condiciones no es posible realizar ningún tipo de trabajo en el nivel municipal. Así no será posible avanzar ni aún realizando las elecciones a medio período, ni contando con la estructura ideal diseñada por los mejores administradores públicos. Por lo tanto, el factor ingresos y recursos debe ser un elemento importante. En cuanto a la capacitación, tampoco podemos mantener municipalidades con niveles deficientes y con funcionarios cuya capacitación es baja. Necesitamos gente capacitada en los gobiernos municipales y esto significa que se debe desplegar una gran actividad para lograrlo, tanto en el nivel del IFAM como en instituciones universitarias, de enseñanza media y técnicas.

Retomando el capítulo de los ingresos, he defendido siempre la necesidad de trasladar en forma definitiva y permanente la administración del impuesto territorial a las municipalidades. Esto tiene una razón muy lógica. Si analizamos el pastel de ingresos territoriales que recibe el Estado costarricense (Gobierno central, IFAM y municipalidades), nos damos cuenta de que el porcentaje más alto de esos ingresos procede del cantón central de San José: aproximadamente el 70%. Por otra parte, gran cantidad de propiedades en el país están pagando el impuesto territorial como corresponde. Cito algunos ejemplos: los desarrollos bananeros en la zona atlántica, ciertos terrenos de la zona turística donde se ha producido un gran crecimiento y se han construido importantes desarrollos hoteleros y algunas regiones de playas en las que también encontramos desarrollos hoteleros.

Se ha adoptado el mecanismo más fácil: valorar los edificios de la Avenida Central, las propiedades ubicadas en el centro de San José, que son de fácil acceso, lo cual origina una desproporción total en el crecimiento de los avalúos en la zona metropolitana y se abandonan áreas cuyos niveles de riqueza son mucho mayores que los de San José.

Así, quienes mejor conocen los valores de las propiedades son quienes habitan en cada comunidad y, por lo tanto, las municipalidades. Nadie conoce mejor que la municipalidad el valor de una tierra que se está vendiendo en la provincia de Guanacaste cerca de los desarrollos hoteleros, pues ella misma brinda los servicios, batalla para que no se destruya el manglar y procura que se protejan y se mantengan las áreas de la zona marítimo-terrestre, entre otras cosas. Esta es una realidad en todo el territorio nacional.

En ese contexto, si trasladamos la administración del impuesto territorial a las municipalidades, alcanzaremos mayores niveles de eficiencia en las valoraciones. Considero que uno de los pasos fundamentales para desarrollar esa estructura municipal, consiste en darle recursos a las municipalidades. El recurso básico y elemental se obtendría al administrar el impuesto territorial, debido a lo que significa para la municipalidad en cuanto a su fortalecimiento. Hablando en términos de poder, el hecho de que la municipalidad tenga la administración del impuesto territorial le dará un "status" diferente en la comunidad y su nivel de ingresos aumentará gracias a la actualización de los avalúos, pues se conocerá con mayor facilidad la gestión cobratoria. De esta manera se iniciaría el cambio en la estructuración municipal a partir de funciones e mejor recolección de ingresos.

Es importante tener presente que una municipalidad con esta orientación también se preocupará por tener mejores caminos y mejores controles sobre los permisos de construcción para revalorizar las propiedades. Además, tendrá una acción mucho más dinámica en el quehacer de la comunidad, y no se limitará, como sucede en muchos casos, a administrar unas escuálidas finanzas.

Por supuesto, esto debe desarrollarse en forma gradual porque no podemos llamar mañana a las municipalidades y decirles: "Tomen el impuesto territorial y adminístrenlo", pues en definitiva ocasionaríamos la quiebra de este tributo, ya que no tendríamos ningún tipo de recolección. El traslado de la administración debe darse en forma paulatina, pero como se dice con frecuencia, el primer día de largo plazo es hoy mismo. Este proceso debe empezar de inmediato y debe de establecerse en forma programada para que en tres o cuatro años el impuesto territorial se traslade totalmente a las organizaciones municipales.

Para lograr esto, necesitamos otro elemento fundamental: la capacitación. Si vamos a dar estos instrumentos y estos recursos a las municipalidades, es preciso capacitarlas. Por ello requerimos importantes programas docentes y de toda índole, que nos permitan capacitar muy bien a nuestros regidores y a nuestros funcionarios municipales, porque valorar no es simplemente poner cifras, conlleva un proceso de análisis concienzudo. La gestión de cobro y las contabilidades municipales, en la mayoría de los casos, son un desastre por problemas de ignorancia más que de mala fe.

En nuestra historia, hemos conocido con frecuencia los casos de regidores y ejecutivos municipales que terminan en los Tribunales de Justicia por no saber manejar los recursos públicos. Quitémosle la eventual dosis de mala fe o de dolo que pudiera existir, pero la realidad es que hay un alto porcentaje de mala administración ocasionada por la falta de capacitación de los contadores y los funcionarios municipales, de modo que deberíamos desarrollar paulatinamente ese proceso. Concluyo diciendo que recordemos que es un derecho humano de la colectividad el derecho al servicio público eficiente.

Busquemos que la descentralización se haga efectiva mediante las elecciones a medio período, la elección del ejecutivo municipal en forma directa y la obligación de presentar los programas de gobierno y de trabajo a desarrollar. Busquemos dos fuentes, los ingresos vía impuesto territorial y la capacitación, para diseñar las estructuras organizativas internas de los cuerpos municipales.

Quiero felicitar a don Walter Coto y a los señores rectores por la feliz iniciativa de abrir una discusión a nivel nacional sobre la conveniencia o no de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente; un tema al que los costarricenses le hemos dedicado muchas horas de discusión en forma dispersa pero sin canalizarla dentro de un foro y dentro de un programa capaz de llegar a conclusiones que se implementen a nivel nacional.

Hoy se nos pregunta si es conveniente una Asamblea Nacional Constituyente. Mi respuesta es pura y simple: sí, es conveniente convocar a una Asamblea Nacional Constituyente. No podemos perder de vista que la Constitución que nos ha venido rigiendo desde 1949 se vino a gestar, precisamente en Costa Rica en 1948.

Nuestra Constitución Política es producto de una circunstancia que vivía la sociedad costarricense recién concluidos los hechos del 48. No fue producto de un proceso de maduración y meditación interna dentro de la sociedad costarricense, sino producto de una transformación violenta, si se quiere, a raíz de lo que sucedió cuando don José Figueres Ferrer se levantó en armas y buscó el respeto por lo que se consideró, en aquel momento, el resultado del sufragio electoral. También, es importante señalar que la Constituyente de 1949 inicia su discusión sobre la base de la Constitución de 1871. Eso quiere decir que, a pesar de que iniciamos una discusión para una nueva constitución en un momento en que la sociedad costarricense no se encuentra en la mejor etapa para plantear los cambios y la reforma jurídica necesaria de nuestra Carta Fundamental, debemos también sumarle el hecho de que esta Constitución se basa, ni más no menos en una que había tenido una feliz vigencia en Costa Rica, pero que ya databa del siglo anterior.
Dentro de la discusión de la convocatoria a una asamblea Nacional Constituyente, con frecuencia oímos decir, a quienes se oponen al tema, que hay constituciones como la de los Estados Unidos o como la del Reino Unido que tienen muchos años o siglos de estar vigentes y que no han necesitado ser transformadas o sustituidas, a pesar del cambio de los tiempos. Los costarricenses debemos tener presente que nuestra Carta Fundamental rige un sistema jurídico basado en el derecho escrito, herencia de experiencia y de los códigos napoleónicos y no basada en el tema del “common law”, que se rige y que rigen las sociedades donde estas constituciones han podido tener vigencia por un prolongado número de años. Por eso, no es posible comparar la vigencia de una constitución en Costa Rica con la vigencia posible de un cuerpo similar en otras naciones. Debemos recordar, en el proceso de las transformaciones de nuestra sociedad al Profesor don Eduardo Noboa Monreal, cuando nos decía que el Derecho se constituye en un obstáculo para el cambio social.

La legislación sigue siendo la que camina detrás de la evolución de la sociedad costarricense y un obstáculo a las transformaciones sociales, y la Carta Magna costarricense continúa siendo la piedra angular de todo nuestro sistema jurídico, pero también se ha venido a convertir en uno de los mayores obstáculos para las transformaciones sociales y políticas que requiere la sociedad costarricense.

Adaptarse a los tiempos

No es necesario entrar en detalles para poder ubicar ejemplos, pero basta con darle lectura a importantes fallos de la Sala Constitucional para darnos cuenta de cómo se ha requerido una interpretación judicial y de la jurisprudencia para adaptar a los dictados de los nuevos tiempos las disposiciones -en algunos casos ya superadas- de la Constitución que actualmente nos rige. Soy un partidario de la conveniencia de promover una Asamblea Nacional Constituyente. Los costarricenses no podemos temerle a los cambios; si continuamos viendo el futuro sobre la permanencia tradicional de las instituciones que nos han regido, estaremos desarrollando una Costa Rica que no va a lograr superar los dictados de los nuevos tiempos con la grandeza que este país requiere.

Nuestros antecesores tuvieron la visión, en su momento, de construir una sociedad de la que hoy nosotros nos sentimos orgullosos. No tuvieron temor de pregonar que la educación debía ser pública, gratuita y obligato¬ria; no tuvieron temor para pregonar que este era un país en el cual aboliríamos el ejército. De igual forma, las generaciones que hoy estamos, temporalmente, al frente de las instituciones costarricenses, no podemos seguir contándoles a las futuras generaciones lo que hicieron nuestros padres y nuestros abuelos. Es importan¬te que podamos contarles a nuestros hijos y a nuestros nietos los cambios trascendentales que nos correspondió hacer cuando estuvimos en la dirección de los asuntos del Estado.

Por eso, es fundamental para la sociedad costarricense perder el temor al cambio y así enfrentar el reto de las transformación y de los nuevos tiempos, con la valentía y la solidez presentes en una sociedad madura como la nuestra, preparada para diseñar el destino y las instituciones que regirán la Costa Rica de mañana.

Debemos tener presente algunos puntos en la discusión de la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente. Lo primero es que ubiquemos dónde deben estar las expectativas del cambio, en el caso de que podamos tener un nueva constitución política. Debemos tener presente que nuestras instituciones, en materia de garantías de derechos individuales, han sido bien consolidadas en la actual Constitución y han quedado mejor diseñadas por la jurisprudencia que, en los últimos cien años, ha venido estableciendo la Sala Constitucional.

En el campo de las garantías sociales, debemos decir que ha habido un buen desarrollo a nivel nacional y que quizá lo que se requiere sean algunos ajustes que contemplen en las garantías sociales los dictados de las formaciones económicas actuales.

En el campo de los derechos y de los deberes ciudadanos, hemos logrado una evolución y una transformación gracias a la Constitución del 49 y a las que la precedieron, que nos ubica en un razonable de estabilidad en la Costa Rica actual y en la Costa Rica del futuro.

Estructura del Estado

Me parece importante ubicar, en el caso de una transformación mediante la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, lo que podríamos denominar en la estructura del Estado los aspectos electorales y del sufragio en nuestro país.

La mayor transformación debería orientarse, entonces, a esa reestructuración del Estado como un todo, lo cual va mucho más allá de una simple discusión sobre reelección o no reelección presidencial. Cuando escucho hablar de la Asamblea Nacional Constituyente y, paralelamente a eso, escucho la discusión sobre el tema de la reelección, siento tristeza porque me parece que estamos pensando en una Asamblea Nacional Constituyente que derive en reformas parciales a la Constitución actual.

Si vamos a tomar el camino de la reforma por medio de la Constituyente, debemos pensar en la reforma total de la estructura de los Poderes del Estado, una verdadera cirugía mayor en todos los Poderes e instituciones del Estado costarricense y en todo el sistema electoral vigente en los últimos años en Costa Rica.

Hay algunos preceptos fundamentales que no podemos perder de vista en esta discusión. El primero de ellos es que no podemos esperar que la solución a los problemas nacionales radique en aprobar una ley que convoque a una Asamblea Nacional Constituyente; no podemos esperar que los cambios y las transformaciones que Costa Rica necesita se solucionen, exclusivamente, mediante una nueva constitución política.

Las transformaciones que requiere este país son más profundas que los aspectos de carácter jurídico o de organización política del Estado. Es importante que tengamos fe en los beneficios de una nueva constitución, si alcanzamos esa meta que hoy iniciamos como debate; pero debemos tener presente que esa no es la panacea ni la solución a todos los problemas que afronta Costa Rica.

Es necesario y fundamental un cambio en la mentalidad del costarricense que conlleve el destierro de los malos hábitos desarrollados en el transcurso del tiempo; el cortoplacismo en nuestra visión, la mezquindad en el análisis, el choteo y la crítica como fundamento de la sociedad. Imprescindible un cambio de la mentalidad para orientarnos hacia una Costa Rica capaz de enfrentar los retos del nuevo siglo, para alcanzar el estatus de país desarrollado; en lo económico pero también desarrollado en lo mental.

Asimismo, es importante considerar dentro de la discusión a la convocatoria, algunos parámetros que no podemos dejar como cheques firmados en blanco para quienes vayan a ser electos diputados a la Asamblea Nacional Constituyente. Debemos definir, en última instancia, qué tipo de constitución necesitamos, y si queremos una constitución que se incline hacia una ruta neoliberal, de liberalizar cada día más las reglas del mercado, los aspectos económicos; o si aspiramos a una constitución que mantenga niveles de protección para algunos grupos de la sociedad costarricense que lo requieren.

Por ser este un foro organizado por las universidades, el financiamiento universitario es un buen ejemplo para ubicarlo en discusión. En el pasado han existido discusiones a nivel de los gabinetes, para establecer si las universidades deben ser eficientes y si se debe eliminar el subsidio estatal que se da por mandato del artículo 85 y concordantes con la actual Constitución Política.

Un Ministro de Hacienda del Gobierno anterior estableció, como parte de su programa, el recorte en los gastos y en la inversión de los programas universitarios. No podemos entrar a la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente sin tener las reglas claras en lo que respecta al financiamiento de las universidades, la educación en general y el Poder Judicial, para señalar solo algunos ejemplos.

Me parece fundamental, y lo establecería aquí como una tercera premisa, que la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente podamos basarla sobre algún proyecto de referencia que nos permita tener las nociones y la generalidad de la discusión a la que va a ser sometida la Asamblea Nacional Constituyente que, como poder constituyente que es, no tiene ningún tipo de limitación; además, no puede ser que ese consenso que don Wálter y don Jorge establecían en su presentación y que tratamos de alcanzar mediante estos foros, quede al final relegado a un cheque en blanco que entrega la sociedad costarricense al número que determinemos de constituyentes para establecer una nueva Carta Magna, en la cual no tengamos claros los nortes a los que queremos llegar.

Con esto no quiero decir que vamos a someter a discusión, una Asamblea Constituyente, un proyecto que empieza con la numeración de sus artículos y con el establecimiento de las reglas de los estatutos que queremos determinar, pero debemos tener orientaciones claras y precisas dentro del consenso que la sociedad costarricense quiere diseñar para esa transformación política.

Me parece que, en la medida en que podamos establecer y diseñar ese marco de referencia, vamos a estar mucho más claros y más seguros.

Quiero hacer dos reflexiones. No perdamos de vista que el artículo 196 de la Constitución Política establece una limitación de carácter jurídico a la reforma constitucional, la cual ha sido interpretada por varios Magistrados de la Sala Constitucional, cuanto este artículo dice: “La reforma general de esta Constitución solo podrá hacerse por una Asamblea Constituyente”. Y establecer esto, lo que este artículo está diciendo -y así lo ha interpretado en algunas oportunidades la Sala Constitucional- que la convocatoria a una nueva Asamblea Constituyente no se debe dar sobre la base de un borrón y cuenta nueva” sino sobre la base de la reforma general a esta Constitución.

Me parece que la interpretación que ha establecido la Sala es una camisa de fuerza muy grande y muy limitativa para cualquier transformación que se quiera hacer en esta materia.
Segundo, en materia de convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, siempre se nos señala el tema de oportunidad y nunca resulta ser oportuno. No es oportuno antes de las elecciones, porque estamos en campaña electoral; no es oportuno después de las elecciones y esté nombrado el nuevo gobierno porque hay que dejar que el nuevo gobierno se acomode y, cuando se ha acomodado, no es oportuno porque la Asamblea Nacional Constituyente es poder paralelo.

En esto debemos tener presente que la oportunidad debemos hacerla, porque la oportunidad no se constituye más que en una simple excusa de aquellos que quieren oponerse a las transformaciones necesarias para la sociedad costarricense.

Las protestas contra la aprobación del proyecto de transformación del ICE han sido para nuestro sistema político el amargo despertar de una siesta de autocomplacencia. Aunque con logros extraordinarios a lo largo de 50 años, el diseño institucional muestra síntomas de agotamiento e incapacidad para canalizar las expectativas del pueblo. Es urgente repensar desde la base nuestro sistema republicano y escrutarlo con ojo crítico, aunque nos cueste.

En el catálogo de causas de la exasperación ciudadana dos fenómenos me parecen muy visibles: por un lado, la percepción de que el sistema político está paralizado, que es cada vez menos capaz de alcanzar acuerdos básicos para la transformación del país y de tomar decisiones de manera eficiente, como no sea por mecanismos poco ortodoxos, como sucedió en el caso del ICE, según ha señalado ya la misma Sala Constitucional. Por otro lado, la percepción de que la Asamblea Legislativa –la pieza clave del sistema democrático– simplemente se ha desdibujado, ha perdido su capacidad de legislar, de controlar políticamente y de representar a la población. El Parlamento ha dejado de ser el centro de nuestra vida republicana.

Ambas patologías no son casuales. Como lo ha mostrado el debate sobre el diseño institucional de las nuevas democracias de Europa del Este, aquellos defectos son manifestaciones típicas en los regímenes presidenciales como el nuestro. El sistema presidencial –donde los poderes Ejecutivo y Legislativo se eligen separadamente y por un plazo fijo– abriga una tendencia a generar entrabamiento entre poderes, crisis políticas y rupturas constitucionales. Mientras la elección separada permite la coexistencia de mayorías distintas en ambos poderes –complicando enormemente la toma de decisiones– el plazo fijo aporta una grave falta de flexibilidad para dirimir empates políticos, cuya ruptura, no importa cuán urgente, queda pospuesta hasta los siguientes comicios. El carácter unipersonal del premio mayor de las elecciones –la Presidencia– genera una lógica competitiva no consensual sino mayoritaria, en la que se gana todo o se pierde todo, en la que la construcción de amplias coaliciones es desestimulada y, en rigor, innecesaria para la permanencia en el poder del partido ganador. La elección independiente del presidente personaliza el juego político, limita la relevancia del parlamento y los partidos, y permite el surgimiento de liderazgos mesiánicos y populistas, que no precisan del apoyo de un partido para alcanzar el poder. Los Fujimoris y los Chávez, epítomes del "hombre fuerte" con el que con infinita miopía algunos coquetean en el país, solo son posibles en un régimen presidencial.

Ventajas del régimen parlamentario.

Ante el elenco de riesgos cuya presencia empieza a ser clara en Costa Rica, urge, por ello, devolver al parlamento su posición central en el sistema político. Urge crear instituciones que, agilizando los mecanismos de decisión y minimizando los conflictos entre poderes, no dificulten el control político de los representantes populares sobre el gobierno; que, lejos de favorecer una dinámica mayoritaria que en muchos casos no se logra, estimulen la formación de decisiones basadas en posiciones estudiadas y programáticas; y que, en vez de estimular las veleidades mesiánicas de los líderes, generen una dinámica política fundada sobre partidos sólidos y permanentes. Por eso, el Partido Liberación Nacional en su pasado congreso ideológico, acogió la tesis de abogar por la transformación de nuestro régimen político en un sistema parlamentario, en el que el primer ministro y su gabinete emanen de la mayoría parlamentaria electa popularmente. Este sistema, por mucho el más común entre las democracias desarrolladas, virtualmente impide la existencia de un Poder Ejecutivo ayuno de apoyo legislativo (el Ejecutivo, para serlo, necesita por fuerza de una mayoría parlamentaria), y permite un control cotidiano del gobierno en la cámara legislativa. Este control está respaldado por poderosos instrumentos, como la moción de censura, y es, al mismo tiempo, equilibrado por mecanismos flexibles para romper entrabamientos políticos, como la disolución del parlamento y el adelantamiento de elecciones.

La opción parlamentaria nos ofrece una ruta ideal hacia una vida política más madura y democrática que la que tenemos. Hay, por supuesto, otras opciones. Pero lo importante es que emprendamos cuanto antes una revisión profunda de nuestras instituciones políticas. No hacerlo será inútil. Si nos aferramos a las reglas conocidas, la dinámica social igual se encargará –más temprano que tarde– de desnudar nuestras carencias institucionales.

Desde la promulgación de su ley en 1974, las Presidencias Ejecutivas han sido objeto de una larga discusión sobre su conveniencia y eficacia para la buena marcha del Estado. Recientemente se dio a conocer a la opinión pública un trabajo realizado por el máster Max Gutiérrez López, el cual analiza, con gran acierto, la función de las instituciones autónomas y la pérdida de su autonomía a raíz de las leyes promulgadas. En su trabajo destaca opiniones externadas durante la discusión del proyecto por parte de personas de renombre nacional como Fidel Tristán y Rodrigo Suárez, quienes, en aquel entonces se desempeñaban como gerentes del Instituto Nacional de Seguros y del Instituto Costarricense de Electricidad. El trabajo concluye con la solicitud de derogatoria de la ley de Presidencias Ejecutivas.

Vale la pena recordar que el Constituyente lo que quiso fue establecer una serie de entidades públicas que, siendo estatales, tuvieran un régimen de independencia en materia de gobierno y administración. Y es importante insistir en esto: se buscaba independencia, pues de no serlo de esa manera, bastaba con crear en lugar de instituciones simplemente ministerios, los cuales al contrario de aquellas dependen política, administrativa y operativamente de manera vertical del Presidente de la República.

La concepción del Constituyente fue que estas entidades tuvieran una junta directiva que velara por establecer las políticas generales de la entidad y con una gerencia fuerte a cargo de la parte ejecutiva. Desde esta perspectiva, la gerencia como máximo órgano en lo operativo, tenía un carácter técnico y no político pues su norte era alcanzar los objetivos de la institución sin detenerse en aspectos de interés electoral.

En materia de administración de negocios (lo que abarca tanto los privados como los públicos) existe una máxima: una buena gerencia garantiza una buena empresa y una buena empresa con una mala gerencia deja de ser buena. En otras palabras la gerencia termina delimitando el nivel de la empresa. Detrás de cada empresa exitosa hay una buena gerencia.

Si queremos eficiencia en el Estado, entendiendo esta como la capacidad de la entidad de alcanzar los objetivos medulares para los que fue creada, de brindar el mejor servicio y con contenido social, se requiere una gerencia fuerte, de ahí que fue acertada la propuesta organizativa que plasmaron los Constituyentes.

Las Presidencias Ejecutivas vinieron a debilitar el rol de la Gerencia y a establecer un sistema de administración altamente politizado, eliminando la independencia y autonomía de las entidades. En el pasado las Gerencias eran permanentes y al no variar con el cambio de gobiernos, las políticas de las instituciones eran estables y tenían continuidad lo que permitía manejarlas con visión de largo plazo y no de periodos presidenciales como en la práctica opera con la llegada de las Presidencias Ejecutivas.

La prensa ha informado que la diputada Ruth Montoya ha tomado el proyecto para derogar la Ley de Presidencias Ejecutivas, esperemos que el resto de diputados la respalden para hacer realidad la propuesta y ojalá en la próxima administración los presidentes de las entidades autónomas operen simplemente como Presidentes de Juntas Directivas.

La Costa Rica que deseamos construir requiere de cambios profundos y no cosméticos, debe romper con la formas tradicionales de gobierno, sin temer a las transformaciones. Por eso es fundamental regresar al sistema de gerencias fuertes, técnicas e independientes, con capacidad para mantener esa visión de largo plazo tan necesarias para dar el salto al desarrollo. Que la política electoral juegue en las campañas, pero no en los gobiernos. Ese es el nuevo liderazgo que demanda el país.

Para definir este tema, debemos plantearnos una pregunta básica y elemental, ¿para qué vamos a promover una reforma tributaria? Esa debe ser la base de partida de esta y de las futuras discusiones en la Asamblea Legislativa.
¿Para qué una reforma tributaria?

Con el fin de responder a la pregunta anterior, se debe llegar a algunas conclusiones sobre lo que estamos viviendo en Costa Rica. Este país empieza a tener una marcada polarización social. Las estadísticas demuestran que en los últimos años los grupos más acomodados de la sociedad han aumentado sus niveles de ingreso, la clase media se deteriora de manera sostenida y los grupos en condiciones de pobreza no ven progreso en sus condiciones de vida. Nuestra responsabilidad como país no es dejar que las cosas sigan como están, sino promover cambios sustanciales para mejorar la calidad de vida en Costa Rica.

En esta polarización social los jóvenes pierden el acceso a nuevas oportunidades; aquellos que terminan la universidad o la educación técnica encuentran dificultades para obtener empleo; los matrimonios jóvenes no tienen facilidades para hacerse de su propia vivienda. Esto marca un claro proceso de concentración de la riqueza.

Ante este problema de concentración de la riqueza, debemos hacer algo, y quienes defendemos la línea filosófica de la socialdemocracia no aceptamos que el mercado sea el que garantice la justa distribución de la riqueza y solucione el problema.
Los socialdemócratas consideramos que ante la incapacidad del mercado de distribuir riqueza, el Estado debe actuar necesariamente de una manera irrenunciable como el gran promotor de esa distribución de la riqueza para lograr un desarrollo más igualitario entre los diferentes sectores sociales de Costa Rica.

Y si de redistribuir riqueza se trata, el instrumento por excelencia es el sistema tributario. Porque el sistema tributario nos permite tomar recursos de los sectores que en la economía obtienen mayores ganancias para trasladarlos a aquellos sectores desaventajados de nuestra sociedad, para destinarlos a la inversión en infraestructura, y en general para poder garantizarle una mejor calidad de vida a todos los costarricenses.

Aquí tenemos una primera conclusión: la reforma tributaria no es un proyecto de carácter económico, es de carácter social ya que su razón de ser es promover la seguridad social y el desarollo humano.
Cuando lo concebimos como un proyecto netamente económico y dejamos el peso de la reforma en los hombros exclusivamente del Ministro de Hacienda, estamos enviando una señal equivocada al país y no obtenemos el respaldo de aquellos sectores que pueden verse beneficiados con una reforma tributaria sustancial que conlleve una distribución justa de la riqueza en Costa Rica.

Por eso es tan difícil lograr que en esta Asamblea Legislativa se aprueben proyectos de ley referentes a materia tributaria.
Nos correspondió presidir la Asamblea Legislativa cuando pasamos la Ley de Justicia Tributaria y la Ley de Ajuste Fiscal. El principal escollo es que estos proyectos con una visión netamente fiscal tienen a muchos sectores en contra, pero no tienen nunca aliados respaldando y presionando su aprobación.

Abogamos para que los señores y señoras diputadas y las autoridades del Gobierno de la República, orienten esta reforma como la promulgación de un verdadero proyecto de orden social que promueva mayor seguridad social y mayor desarrollo humano para el país.
Qué debe incluir una reforma tributaria?

Aquí es fundamental sentar algunos parámetros:

Primero: Hay que gravar las ganancias. Si queremos vivir en un país con seguridad ciudadana en donde los niños puedan andar por las calles tranquilos, en donde no nos sintamos aterrorizados porque nos roben el carro o nos maten por asaltarnos, en donde la delincuencia disminuya, en donde tengamos a más gente educada, una fuerza laboral bien capacitada y en donde disfrutemos de paz social, hay que gravar las ganancias para lograr que con esos recursos procedamos a hacer inversión social. Por esta razón es necesario fortalecer los impuestos directos y esencialmente el impuesto sobre la renta.

Segundo: no podemos seguir descansando el peso de las reformas tributarias sobre los hombros de la clase media, la cual en los últimos proyectos de reforma fiscal viene cargando el peso del ajuste. Se promueven leyes con la convicción de los diputados de estar gravando a quienes tienen más recursos, pero la falta de instrumentos y en ocasiones de voluntad en la administración tributaria, facilita que quienes tienen recursos evadan el pago de los impuestos y que los sectores medios de la sociedad sean los que tengan que cargar y asumir el costo de la reforma fiscal.

Y esto agudiza aún más el problema de distribución de riqueza. Costa Rica era un país con una sólida clase media, con oportunidades de ascenso social; pero en los últimos años se ha venido estrujando a esa clase media sin proporcionarle las opciones de desarrollo y ascenso que merece y a la que todos aspiramos.

Tercero: Deben revisarse los gastos que se pueden deducir del impuesto sobre la renta. Invito a los señores diputados y señoras diputadas a discutir si rubros como la publicidad deben seguir siendo gastos deducibles o debemos pasar ya a considerar la publicidad como una inversión y por lo tanto, no deducible del impuesto sobre la renta. Estos y otros elementos de igual naturaleza tendrán que estar en la agenda de discusión de esta nueva legislación.

Cuarto: Gravar a los sectores dinámicos. Durante los últimos años la economía costarricense ha tenido un gran dinamismo en algunos sectores, que han logrado dichosamente un buen crecimiento y han generado buenos niveles de ingreso, pero estos sectores dinámicos de la economía son casualmente aquellos que han estado disfrutando de las exoneraciones fiscales, con lo cual tenemos una doble condición: que quienes más riqueza están generando son aquellos que la estructura tributaria les está garantizando el no pago de impuestos y esto es altamente regresivo. Por eso, queremos recomendar que retomemos la instancia presentada en la anterior administración, para que disminuyamos la tasa del impuesto sobre la renta, pero procedamos a incluir como obligadas a pagar ese impuesto a las entidades que están dentro del sistema y régimen de zonas francas. La administración anterior propuso reducir el impuesto a un 15% pero tomando en cuenta a todos los sectores de la economía, incluso a quienes gozan de exoneración.

Soy un convencido de las bondades de que llegue al país mucha inversión extranjera, máxime si logramos hacer importantes encadenamientos con empresas nacionales, pero ha llegado el momento para que quienes disfrutan la paz social en Costa Rica, también contribuyan con el costo de la factura de esa paz social.

Quinto: Otro punto fundamental, es aprovechar la actual discusión del TLC con los Estados Unidos para que incluyamos dentro de ella aspectos del régimen tributario que nos rige.

No es posible que los potenciales impuestos que las compañías norteamericanas podrían pagar en Costa Rica no sean deducibles de los impuestos que deben cubrir en su país. Lo que en la legislación norteamericana se conoce como el "tax credit" que permite que lo pagado como impuesto sobre la renta fuera del país, se acredite como parte del impuesto a pagar en los Estados Unidos, no opera con nuestro país.

Por muchísimas razones que no viene hoy al caso comentar, no hemos logrado que las autoridades tributarias de los Estados Unidos acepten la deducción de los impuestos pagados en Costa Rica. Eso quiere decir que cada vez que una empresa norteamericana no paga un impuesto en Costa Rica, los costarricenses estamos subsidiando a los consumidores norteamericanos y estamos trasladando recursos que nos correspondería tener en el Ministerio de Hacienda para engrosar las arcas del Tesoro de los Estados Unidos. Y esto no debemos permitirlo.

Ahora que se discute un TLC con los Estados Unidos, es el momento para incluir dentro de la discusión, este tema tributario. Podrán decir los conocedores de la materia, que es difícil lograr este objetivo, porque ha habido un principio en la discusión de los tratados de libre comercio que es no incluir dentro de ellos los temas fiscales, porque los países desarrollados prefieren los tratados de doble tributación que en nada benefician a los países en desarrollo.

Pero la realidad es que si vamos a una verdadera negociación, deberíamos hacer lo posible por incluir este tema y lograr que la negociación alcance muy buenos resultados como país. No dudamos que los buenos y profesionales negociadores con los que contamos puedan intentar abrir este espacio.

Sexto: Otro elemento que se discute en el actual proyecto de ley es ir a un sistema de renta universal. Esto implica que lo que un costarricense gana con sus inversiones en los Estados Unidos o en otro país, lo paga en impuestos sobre la renta en Costa Rica. Consideramos que es difícil implementar esta medida . Señalamos que es difícil implementarla y no que temamos que los sectores empresariales se opongan a ella.

Difícil implementarla pues poner al Ministerio de Hacienda y a las autoridades tributarias a tratar de organizar la recaudación interna y a la vez la recaudación internacional, va a ser muy complicado y no por abarcar mucho, mayores éxitos vamos a lograr.

Queremos hacer una propuesta a las señoras y señores diputados: no incluyamos la renta universal como gravable, pero si establezcamos la obligación de que se tengan que declarar los ingresos que los costarricenses obtienen en el exterior, aunque estos ingresos queden exentos. Por supuesto habrá que establecer como delito la omisión de declarar los ingresos y ganancias que se tienen en el extranjero. Con esto tendremos una verdadera radiografía de cuánta es la riqueza que los costarricenses están obteniendo en el exterior y al cabo de unos años, podremos implementar el mecanismo de la renta mundial.
En el país creemos que las cosas hay que hacerlas de un solo golpe y renunciamos a la gradualidad. Nos inclinamos por una transformación gradual, mediante la obligación de declarar únicamente los ingresos y en un futuro procedamos a gravarlos.

Sétima: Es fundamental pasar el impuesto sobre el valor agregado como lo han expuesto quienes antecedieron en el uso de la palabra, pero consideramos fundamental revisar el régimen de exoneraciones, obviamente con la excepción de aquellas que pertenecen a la canasta básica y protegen a los grupos más pobres de nuestra sociedad.

Recordamos cuando estudiábamos la maestría en estos temas fiscales. Se expuso como caso de análisis el hecho de que en Costa Rica se había exonerado del impuesto de ventas a quienes producían helados y quienes producían helados habían logrado después la exoneración de los productores de máquinas para hacer helados y estos habían conseguido que se exonerara a quienes importaban los repuestos. Y seguían hablando del ejemplo hasta que al final, concluían que dentro de pocos años en Costa Rica la exoneración del impuesto de ventas iba a ser generalizada.

Por eso debemos cerrar los portillos de las exoneraciones y así facilitar a las autoridades de la administración tributaria la recaudación de los impuestos. Cuando se exonera un rubro, se abre la puerta para que por medio de diferentes subterfugios entren muchos otros a obtener un beneficio indebido.

Octava: Estamos convencidos de la necesidad de aplicar una gran dosis de ingenio en este tema de la reforma tributaria.

Viene a nuestra memoria con especial agrado, una medida que se tomó en una nación asiática para establecer el valor real de las propiedades y mejorar la recaudación del impuesto de bienes inmuebles. Se estableció que cada ciudadano tendría libertad para fijar el valor de sus propiedades como quisiera, sin sujeción a ningún parámetro gubernamental, además no había perito del municipio que lo revisara, pero la Corporación Municipal se reservaba el derecho de comprarle esa propiedad por el monto que la persona la declarara. Con este sistema no se declararán propiedades por montos irrisorios e incrementaríamos nuestros ingresos a nivel municipal.

Un requisito básico:

Para lograr esta reforma, hay un requisito básico: otorgar más instrumentos a la administración tributaria. No es posible que un impuesto directo como es el impuesto sobre la renta tenga una evasión del 60% (según un estudio citado hoy por el Contralor General de la República), máxime en un impuesto altamente proporcional y progresivo.

Hay que dotar de instrumentos a la administración tributaria y no deseamos ni por un instante que se tema otorgarlos.
No podemos cobrar impuestos si quien tiene a cargo la administración tributaria no logra que todos aquellos que pagamos impuestos le tengamos “el temor a Dios”, que se genera cuando hay una persona con los instrumentos para poder llamarnos a rendir a cuentas.

Aspiramos a una administración tributaria fuerte, lo único que nos garantiza el cumplimiento de las leyes fiscales.

Cambio de actitud

Pero también es indispensable un cambio de actitud dentro de la administración tributaria. En 1995, y aquí nos acompaña el ex ministro de Hacienda, don Fernando Herrero, logramos impulsar una reforma que por primera vez castigó como delito la evasión fiscal. Nos preguntamos, y ojalá algún día conozcamos las estadísticas, ¿ cuántas personas han sido condenadas desde el año 95 hasta la fecha por evasión fiscal? o cuando menos ¿cuántos casos han sido presentados a los Tribunales de Justicia?

Es necesario que los costarricenses y particularmente las autoridades promovamos ese cambio. Hay grupos en este país que se han convertido en sectores intocables cuando de materia fiscal se trata, por ejemplo algunos casos en la Caja Costarricense de Seguro Social, en donde reconocemos el esfuerzo que ha hecho don Eliseo Vargas por ordenar las cosas, pero no es posible que existan clubes deportivos que deben millones de colones a la Caja Costarricense de Seguro Social y no se les cierren las instalaciones como lo permite la Ley, y preguntamos: si se cierra el Ricardo Saprissa un día en que se juega un clásico, ¿no aparecerán los recursos para pagar las cuentas de la Caja? Y aquí no media ningún sesgo por nuestra conocida simpatía liguista, es que Alajuela no tiene deudas con la Caja del Seguro.

Pero la verdad es que los clubes deportivos no pueden evadir el pago de la Caja y la Caja no puede tolerar que no se cierren los estadios, colegios y universidades que aparecen entre las listas de morosos, ¿cómo es posible que no se le ponga un candado y un sello a una universidad y a un colegio privado?, cuando eso se haga, al día siguiente estarán las cuotas al día y se pagarán todas las obligaciones con la institución.

Mi familia participa en la actividad agrícola, concretamente en la actividad bananera, es un sector que conozco; colegas bananeros deben más de tres mil millones de colones a la Caja, ¿cuántos meses dejó la Caja que transcurrieran para que se acumulara una deuda tan alta? Y sin embargo la Ley dice que el que no está al día con la Caja no puede tener permiso de exportación, ¿cómo exportan banano, si no están pagando las obligaciones de la seguridad social? Este es solo un ejemplo para confirmar la necesidad de un cambio de actitud.

A qué no debemos temerle:

Para terminar, nos referiremos a dos temas fundamentales y aquí quiero hablarles a los señores diputados y diputadas como una persona que vivió la experiencia de tramitar una reforma fiscal, que también tuvo sus defectos. Cuando empieza el trámite del proyecto surge una gran cantidad de temores infundados.

Primero: no debemos esperar que la reforma fiscal se logre por consenso; en materia tributaria nunca se llega al consenso y de hacerlo es un mal síntoma, porque significaría que a ningún sector se le está pasando la factura. Este es un parto que conlleva dolor, porque si no hay sectores “afectados”, no habrá ingresos para el fisco.
El diputado y la diputada que tiene su responsabilidad de promulgar un proyecto de esta naturaleza, debe tomar la decisión final de escoger a cuál grupo va a cargarle los impuestos y no será por la vía del consenso, sino de su decisión firme y valiente.

Segundo: otra amenaza es que si el proyecto pasa, se va la inversión de Costa Rica y el capital abandonará este país. Queridas amigas y amigos, no se va a ir ni un colón, ni un dólar porque pasemos una reforma tributaria. La gente invierte en este país porque aquí hay paz social, porque aquí hay educación, porque aquí tenemos estabilidad, y si no es por eso, que no inviertan aquí porque aquí no pagan impuestos.

Esa es una máxima necesaria. La gente y las empresas van a dejar de invertir en este país si bajamos la calidad y cobertura en educación y si dejamos de tener una fuerza laboral capacitada. La gente va a dejar de invertir en Costa Rica si aquí no hay infraestructura, muelles, aeropuertos, carreteras y teléfonos que permitan desarrollar sus inversiones con eficiencia. La gente va a dejar de invertir en este país si no nos modernizamos y si seguimos llegando a los peajes donde hay máquinas electrónicas, a dar la plata al funcionario del peaje para que él deposite las monedas en la canasta, eso sí va a hacer que se vaya la inversión y los colones de Costa Rica, no una reforma tributaria. A la gente y al empresario le duele más un mal funcionamiento del Poder Judicial, que una buena reforma tributaria y el pago de impuestos.

La eficiencia del Estado sea la que facilite el derecho de trabajar y producir en Costa Rica, no por cobrar barato.

Si tener zonas francas y empresas en el país pasa por pagar salarios pobres, nos convierte en exportadores de la pobreza de nuestras obreras y obreros.

Levantemos nuestro nivel y eficiencia y logremos que las empresas se queden en Costa Rica. Pero no le temamos a falsas amenazas.

El gasto público:

Nos referiremos finalmente al tema del gasto. No hay reforma fiscal que no abarque este tema. No se trata solamente de cómo recaudar, se trata también de saber gastar.

En materia de gasto, debemos lograr que en el país se establezca un presupuesto por programas y no un presupuesto por partidas. Cuando llega el presupuesto aquí a la Asamblea Legislativa, los diputados lo que ven es que en las partidas #040080015, hay cien millones de colones; y cuando se vota, no sabemos por lo que estamos votando.

Un presupuesto por programas es indispensable; si el Ministerio de Obras Públicas solicita mil millones de colones, son quinientos millones para las carreteras de la zona Atlántica en donde se arreglarán equis número de kilómetros y quinientos millones para reparación de los puentes del casco urbano de San José. Al finalizar el año fiscal, los señores y señoras diputadas podrán auditar si el Ministerio de Transportes utilizó bien los recursos del Estado y si se hicieron los kilómetros en el Atlántico y si se arreglaron los puentes en el centro de San José. Esto significa una verdadera rendición de cuentas, y tiene que venir de la mano de una gerencia pública que transforme toda la operación del Estado.

Comentario final:

Esta exposición no dista de muchas otras que hemos tenido en el pasado, sin restarle méritos a la excelente iniciativa del señor presidente de la Asamblea Legislativa y del equipo de los actuales señores y señoras diputadas. Pero ¿por qué en este país duramos tanto en hacer las cosas? ¿Por qué llevamos tantos años discutiendo lo mismo? ¿Por qué somos tan malos para ejecutar los cambios? Este país no requiere discusiones, este país requiere de acción, requiere que pasemos del dicho al hecho, requiere de que pongamos a Costa Rica a caminar, dejemos los discursos y veamos la actuación.

Costa Rica rquiere y demanda una gran dosis de ejecutividad, y los señores y señoras diputados hoy en día van a enfrentarse a una decisión sobre el futuro del país: si queremos seguir como las naciones latinoamericanas y permanecer en los mismos niveles en que nos encontramos, o si queremos dar el salto para entrar al mundo desarrollado y estar como los países nórdicos. Pero si nos decantamos por esa calidad de vida necesitamos también un sistema tributario propio de un país desarrollado. Señoras y señores diputados, no pierdan esa oportunidad de oro para lograr dar un paso hacia una verdadera redistribución de la riqueza y sentar las bases para otorgar una vida digna a todos los costarricenses.

Para un costarricense siempre es extraño oír que exista censura previa para actuaciones de la vida cotidiana. Tan es así que durante muchos años ha sido objeto de discusión la potestad de censurar películas por medio de un grupo de personas que previamente las ven y dan sus puntos de vista, los cuales son de acatamiento obligatorio para el resto de los ciudadanos.

Esto responde a que nuestra idiosincrasia es rica en la defensa de los derechos individuales y las libertades públicas, que son pilares fundamentales de nuestra vida en un sistema democrático.

En Costa Rica, como democracia plena, podemos pensar y hablar libremente mientras no incurramos en delitos contra el honor, materia en la cual la misma jurisprudencia nacional ha evolucionado aceleradamente ampliando los derechos de los ciudadanos a expresarse.

El papel de la crítica también lo ejercemos de manera libre, donde podemos opinar y emitir criterios sin temor a que se nos limite o censure por hacerlo.

En materia universitaria, la Constitución Política consagra el principio de la libertad de cátedra, el que siempre hemos defendido sin reservas como una de las más puras expresiones de nuestro sistema democrático frente a las violaciones a la autonomía y a la libertad universitaria tan común en los sistemas totalitarios.

Por esa razón, no puedo sentir más que repudio frente a la decisión del Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica al tratar de censurar e impedir que se diera una charla en nuestra querida Alma Mater. Ese órgano al que pertenecí como representante estudiantil al final de la década de los setentas, fue siempre un garante de las libertades públicas y del derecho al libre pensamiento en la universidad.

Resulta por ello muy triste y constituye un pésimo precedente para nuestra institucionalidad, que sea precisamente en nuestra vetusta y emblemática casa de estudios universitarios, donde se intentara censurar una charla o presentación de índole científica.

He omitido expresamente en este artículo el nombre del expositor y el de su charla, porque casualmente esta no es una defensa a esa persona, sino a todos los ciudadanos que debemos tener el derecho de poder escoger libremente a quien queremos oír o no, por decisión propia, y no porque un pequeño grupo decida por nosotros.

Pasan los años y siempre sigue vigente la máxima democrática pronunciada por Voltaire: “No comparto tus ideas pero daría mi vida para que puedas expresarlas"

Plan piloto de descentralización

Queridos amigos y amigas: Quiero empezar por agradecer a los organizadores la gentileza que han tenido de invitarme a participar en esta importante actividad. Voy a tratar de respetar los quince minutos que me han dado para la exposición y así tener al final la oportunidad de que intercambiemos algunos puntos de vista.

En Costa Rica nos sentimos muy orgullosos de haber consolidado durante las ultimas décadas un sistema de democracia política que ha pasado todo tipo de pruebas. Hoy en día, en este país nadie duda que el primer domingo de febrero de 1998, acudiremos a las urnas electorales para elegir a quienes van a dirigir los destinos del país. Nos hemos sentido orgullosos de esa democracia política que se ha robustecido y que hemos disfrutado. Nos hemos vanagloriado de ello tanto en lo interno como en lo internacional y consideramos que uno de los atributos más importantes de la vida en Costa Rica es precisamente el disfrutar de esa democracia política.

Consolidada esa etapa, surge entonces la pregunta de si democracia significa únicamente elegir en libertad a quienes nos gobiernan, y la respuesta es sencilla. Esa democracia política es un elemento fundamental, pero no constituye la democracia ni es el sistema en su totalidad.

No podemos renunciar a ella, y debemos sentirnos orgullosos de tenerla, pero con el disfrute de esa democracia política, no debemos quedar satisfechos y cumplidos, ya que existen otras manifestaciones de democracia sobre las cuales tenemos de trabajar con igual ahínco para alcanzarlas.

Una de ellas es la democracia económica. Esta consiste en que los dueños de los medios de la producción, los dueños de la riqueza no sean unos pocos, sino que sea el mayor número de ciudadanos, donde la riqueza no se concentre en pocas manos y en donde no tengamos un país de proletarios sino de propietarios. Esa democracia económica es uno de los pilares fundamentales que debemos de mantener en nuestra agenda política para las decisiones futuras que se van desarrollando en la Asamblea Legislativa, en aras precisamente de lograr que en mayor medida podamos facilitar el acceso de las grandes mayorías a la distribución de la riqueza.

Junto a esa democracia económica debemos considerar también la democracia participativa. No es únicamente la distribución de la riqueza y la elección de los gobernantes lo que va a establecer el pleno goce de los privilegios de la democracia, sino también la decisión, la definición y la capacidad de participar en esa decisión y definición de las acciones políticas a implementar. No se trata entonces de elegir y con la elección dar un cheque en blanco para que durante cuatro años se realice lo que el gobernante quiera.

Se trata, por el contrario, de que dentro de este concepto de democracia participativa las grandes mayorías tengan la posibilidad de incidir en las decisiones y las acciones de gobierno que se vayan produciendo como parte de su labor y de la dirección que ejercen las figuras elegidas. Para ello, dentro de este esquema no podremos entonces sentirnos contentos ni cumplidos si no alcanzamos esos otros ideales de democracia económica y si no consolidamos un verdadero sistema que nos permita alcanzar esa democracia participativa. De eso es casualmente de lo que trata esta actividad, de ver de qué manera podemos nosotros consolidar mejor todo ese proceso de participación democrática y ahí entramos a otro capitulo de la discusión, el que corresponde a la descentralización.

Si queremos disfrutar de esa democracia y de esa participación, las acciones y la toma de decisiones tienen necesariamente que entrar en un proceso de descentralización y así nos enrumbemos hacia un sistema en donde debidamente descentralizada la función y la toma de decisiones del quehacer público se pueda obtener el mayor nivel de participación de toda la ciudadanía.

Dentro del esquema de descentralización, la figura clave en el sistema de organización política que tenemos y disfrutamos en Costa Rica es precisamente la Corporación Municipal. La Asamblea Legislativa ha entendido ese proceso y por esa razón ha establecido una comisión especial que se ha abocado al estudio de todo el proceso de descentralización del Estado y de reforma al sistema y al Régimen Municipal, comisión presidida con gran acierto por nuestro compañero diputado don Juan Luis Jiménez Succar.

En la discusión de la Reforma del Estado es importante que no solo nos planteemos cuántos son los funcionarios que se requieren en una institución para que esta camine, cuáles son los llamados privilegios a eliminar en algunos laudos arbitrales, sino también que nos planteemos cuál debe ser el rol y el fortalecimiento de la acción a nivel municipal, para que logremos llevar a la realidad el proceso de descentralización.

No se puede hablar de Reforma del Estado entendiéndola como una carnicería de instituciones en donde casi subastemos cuáles quedan y cuáles no quedan y que al azar fijemos cuántos funcionarios se necesitan y cuántos funcionarios sobran.
No quiero que se malinterprete este comentario ubicándome del lado de algún grupo opositor a la Reforma del Estado. Estoy comprometido con la Reforma del Estado y soy uno de sus fieles partidarios e impulsores; pero lo inaceptable es limitar el esquema de Reforma del Estado a una cuestión de estadísticas que contemple solo el número de empleados y de privilegios que se recortan.

La Reforma del Estado debe contar con una visión a largo plazo en la cual definamos cuál es el Estado que queremos. Si queremos el Estado pequeño y ágil que mantenga los servicios públicos, que oriente la acción del Estado, que oriente la inversión pública, establezca las prioridades en materia de obra social, pero que mediante sistemas de descentralización en organismos públicos y privados logre cumplir sus cometidos, o si por el contrario simplemente aspiramos a mantener un Estado tal y como está, con algunos recortes. Consideramos que si se trata de hacer una labor seria, esa reforma del Estado debe empezar primero por ubicar el norte al final en el horizonte, definir el Estado que queremos y de ahí en adelante determinar, cuáles son los instrumentos, las instituciones, los mecanismos que vamos a dejar para que pueda cumplir con sus fines. Dentro de ese esquema debemos entonces impulsar una reforma del Estado, pero una reforma del Estado que venga de la mano de la descentralización y que incluya los conceptos que en forma tan acertada y con tanta propiedad expuso doña Patricia Mora en su anterior intervención en la cual deja en claro el concepto de que no se trata de descentralizar para ejecutar sino de descentralizar para asumir la toma de decisiones y es ese uno de los elementos fundamentales. Pero si queremos fortalecer la descentralización, y a la vez queremos fortalecer a las corporaciones municipales, hay elementos necesarios para que el proyecto pueda caminar y el plan y la idea se consoliden. Uno de ellos es la legitimidad política, ya que debe mediar un reconocimiento político que no nace solo de la elección, sino también del hecho de que esa elección tenga un reconocimiento de parte de los miembros de cada una de las Municipalidades.

La mejor forma de lograr esa legitimación es estableciendo la conciencia en los procesos internos mediante los cuales se hacen las elecciones en este país, de integrar las corporaciones municipales. Ahí las elecciones a medio periodo juegan un rol importante porque permiten que la elección a nivel municipal tenga peso y existencia por sí misma y que no sea simplemente tomar el ultimo vagón del tren de la elección presidencial en donde las papeletas no llevan ni el nombre de los candidatos municipales. Se podría considerar una elección de relleno, aún cuando no sea el carácter que posee el trabajo que hay que desarrollar. Poca importancia tiene dentro de la discusión de las elecciones pues se prima como importante el programa de gobierno del candidato presidencial.

Si logramos concretar la reforma constitucional para las elecciones a medio período, obligaremos a quienes deseen representarnos en los Gobiernos Locales, a traernos planteamientos, ideas, programas, y a establecer la agenda a desarrollar. Nos permitirá mantener la discusión en la base misma de las comunidades; opinar sobre la pertinencia del programa propuesto y su ejecución y podremos entonces otorgar la legitimidad política que esos Regidores y miembros de la corporación municipal requieren para ejercer sus funciones con autoridad.

La elección del Ejecutivo Municipal o Alcalde, según como se le quiera llamar, por el voto directo, servirá para que se comprometa con el programa que va a implementar en cada una de sus acciones, con la legitimidad que le confiere el haber sido electo en forma directa por los miembros de su gobierno, por los votantes de su Gobierno Local, y así se vuelva innecesario recurrir entonces a la negociación política, que no es mala per se, pero deslegitima el poder del Ejecutivo Municipal quien ha adquirido ese reconocimiento político, mediante votación y elección en forma directa.

Otro punto fundamental dentro del programa de descentralización es el financiamiento. Para qué vamos a tener un Gobierno Local y para qué vamos a descentralizar? si en última instancia no hay recursos económicos para desarrollar esas obras que se están implementando en los programas de gobierno? Es importante fortalecer la Hacienda Municipal, hay que otorgar los recursos que se necesitan para poder desarrollar el trabajo prometido al electorado. Un rol fundamental en aras de este objetivo será la administración y el cobro del impuesto territorial, que tiene que llegar con los nuevos dictados de la ley que fue aprobada.

El mantenimiento de un cronograma de traslado en manos de los Gobiernos Locales significará un fortalecimiento de todo el sistema de administración del impuesto territorial. ¿Quién mejor que los miembros de la Corporación Municipal conocen el valor que tienen hoy en día los terrenos en San Carlos y en las orillas del volcán Arenal, en donde se ha dado todo un auge turístico, producto de las riquezas naturales que presenta esa zona? ¿Quién mejor que los miembros del Gobierno Local conocen los precios y los valores reales de las propiedades en las zonas costeras del Guanacaste, donde han crecido los desarrollos hoteleros en forma realmente increíble, y la venta de los lotes por metro cuadrado se da en dólares y no en colones? Y si vamos a revisar los avalúos de esas propiedades en el Ministerio de Hacienda nos encontramos que todavía están valoradas a precios de hectárea y en cantidad considerablemente baja. ¿Quién mejor que la propia Corporación Municipal y los miembros de ese Gobierno Local son los que conocerán la plusvalía que han tenido los terrenos y la consecuente revaloración para poder dar el avalúo real con los precios reales del mercado y proceder a cobrar los impuestos territoriales sobre los valores reales y no sobre valores antiguos de más de 10 y de 15 años como aparecen en la base de datos de los avalúos del país? ¿Cómo es posible que existiendo una evolución tan acelerada en la plusvalía de los terrenos en una gran cantidad de zonas del país tengamos la recaudación del impuesto territorial concentrado prácticamente en el Cantón Central de San José y más aún, en las principales avenidas de la Capital? Eso obedece a la existencia de un problema de administración. Si esta se realiza mediante el esquema de administración y de recibo de los beneficios de los impuestos territoriales en los Gobiernos Locales, vamos a tener justicia tributaria con avalúos y cobro de impuestos según el valor real. Las corporaciones municipales y a los Gobiernos Locales tendrán los recursos necesarios para realizar obra y desarrollar su trabajo. Una descentralización sin recursos económicos carece de importancia; es condenar a los Gobiernos Locales al más absoluto desconocimiento político de parte de los miembros de las comunidades. Un Gobierno Local sin recursos que solo puede responder con un no a las demandas de las comunidades es la negación del mismo sistema de descentralización, porque serán las mismas comunidades las que dirán: “Para qué queremos esas instituciones que en última instancia es poco o nada lo que están haciendo por la comunidad?”.

Y un tercer elemento tiene que ver con los procesos de capacitación. No podemos descentralizar, no podemos dar recursos, si no desarrollamos los programas de capacitación para tener los miembros y funcionarios integrantes de esos Gobiernos Locales debidamente capacitados en la administración de recursos, en el manejo de los presupuestos, en los sistemas de contratación de obras y de adquisición de bienes y servicios. Todos sabemos que existe todavía a nivel nacional un número importante de Corporaciones Municipales en las cuales no hemos logrado el fortalecimiento de esos mecanismos.

Aquí hay importantes miembros de la Contraloría General de la República, (la Señora Subcontralora y otros distinguidos Compañeros de departamentos de la Contraloría). Podrían decirme si me equivoco, que cuando la Contraloría encuentra anomalías en los manejos de los recursos económicos por parte de las Municipalidades, buena dosis de esos problemas obedecen precisamente a la falta de capacitación existente en muchas de las Corporaciones Municipales. Y luego entristece el hecho de que líderes municipales terminen en los tribunales de justicia porque no supieron administrar los recursos públicos de acuerdo con las necesidades y los dictados establecidos por las leyes para el manejo de recursos propiedad del Estado costarricense. Por ello dentro del proceso de descentralización, el fortalecimiento con el necesario reconocimiento político y con los recursos financieros debe ir acompañado de los programas de capacitación contable, de capacitación presupuestaria, de capacitación legal y por ultimo de capacitación en lo que es gerencia pública para así tener personas con nociones gerenciales de administración capaces de mantener los equilibrios entre el respeto a la ley, la fiscalización de los recursos, la rapidez y la oportunidad en la toma de decisiones, y alcanzar entonces resultados adecuados que se traduzcan en beneficios a todas las comunidades.

Queremos finalmente concluir con la siguiente meditación. Al igual que en muchos otros temas en Costa Rica, tenemos ya mucho de estar en la etapa de estudios de documentos, de análisis de perspectivas, de revisión de la factibilidad de los cambios y hemos dedicado un buen número de horas a los seminarios, a las mesas redondas, a las charlas, a los procesos de discusión sobre la descentralización y el fortalecimiento, y del futuro político de las corporaciones municipales. También hemos dedicado muchas horas a meditar, a analizar y a arribar a conclusiones. Me parece, como lo dije hace unos meses en una actividad en la que algunos de ustedes participaron, que estamos en la etapa en donde ya el período de las definiciones ha terminado su ciclo y en donde debemos pasar de las palabras a los hechos y dejar ya los programas y los planteamientos académicos y teóricos institucionales y pasar a las definiciones legislativas que los convierta y los hagan una realidad. Sí debemos, -como se hizo en el impuesto territorial- aplicar una gradualidad en el tiempo de esas reformas para que se dé un proceso de preparación y las convirtamos en una realidad en todo el territorio nacional. hagamos las reservas de la aplicación de los cronogramas y de los planes de avance en cada una de las materias que nos corresponde con el fin de no retrasar las reformas legislativas que convertirán en realidad los postulados discutidos tantas veces y sobre los cuales nos parece estamos todos de acuerdo.

Tal y como lo establece la Constitución Política, el pasado primero de mayo se abrió la sesión para elegir al nuevo directorio legislativo. Bastaron pocos minutos para que se iniciara una guerra de dimes y diretes en torno al sistema de votación que se utilizaría.
Ambos grupos se equivocaron. El llamado Bloque Opositor al distribuir lapiceros de diferentes colores, colocar ujieres detrás de algunos diputados y cambiar de sus curules a otros. Mecanismos innecesarios para controlar las líneas de fracción.

Por su parte Liberación Nacional, mi partido, no hizo lo correcto al definir una forma de votación diferente a la que siempre se ha utilizado y no permitir que se apelara esa decisión de la Presidencia. Muy ingenuo pensar que los diputados de oposición lo iban aceptar sumisamente, más aún teniendo un número suficiente para romper el quórum. La más mínima noción del reglamento legislativo era suficiente para saber que tomarían ese camino, como en efecto lo hicieron.

¿Cuál fracción perdió? Todas. Los ciudadanos no entienden esos niveles de detalle, ni tampoco analizan sobre quién tiene la razón, si el voto secreto o el sistema tradicional. La gente solo ve al Primer Poder de la República como un verdadero circo, no cumpliendo con sus deberes, dejando sus obligaciones cívicas de lado, dando un pésimo ejemplo. De ahí que la censura para el Congreso como órgano ha sido unánime sin que se señale a uno u otro partido, al final es la Asamblea y sus diputados.

La Asamblea está bastante desprestigiada y las situaciones como la vivida solo aumentan ese sentimiento. Si ya la gente está molesta con la política y los políticos, lo ocurrido reafirma y aumenta ese sentimiento tan dañino para nuestro sistema democrático.
Por otra parte resulta en una tremenda descortesía a la Presidenta y un daño a su gobierno, porque tampoco se hacen diferencias entre uno y otro poder, por lo que de manera injusta, afectará la imagen presidencial.

Lo que sigue a partir de ahora no es nada fácil. Veamos: la oposición antes dispersa y con serios problemas de confianza entre los partidos, ahora luce monolítica. Su acercamiento inició con el tema del BCIE (Banco Centroamericano de Integración Económica) y la comisión para investigar la suspensión de los procesos penales por parte del Fiscal General, pero las actuaciones de la fracción oficialista del día de ayer terminaron de aglutinarlos. Por ello será más fuerte su enfrentamiento al gobierno.

El retiro de la papeletea del PLN (acción difícil de entender, si lo iban a hacer debió ser ayer, no permitir ese sainete) nos pone en una esquina para las futuras elecciones del directorio. ¿Quiere esto decir que ya renunciamos a ganarlo? Digo esto porque siendo el Bloque el que lo controla hará sin duda las elecciones de los próximos Primeros de mayo de la misma manera, sin el “voto secreto”. Entonces, salvo un pleito entre los partidos, no podremos desdecirnos. En otras palabras hipotecamos el futuro.

Ojalá lo vivido sirva para que reine la sensatez y se manejen las cosas con más habilidad política, porque fue una novatada de la Fracción del PLN anunciar que tenía los 29 votos, con eso notificó al Bloque para que asegurara las amarras y el control de votos. Puso sobre aviso al grupo que adversaba y de ahí que procedieran con el censurable mecanismo de lapiceros de colores, ujieres mirones y cambio de curules.
Debemos ver para adelante. Ahora se deben abrir espacios de negociación pensando en Costa Rica y en el éxito de la administración Chinchilla.

Durante muchos años hemos hablado de la existencia de una crisis seria en el sistema presidencialista y de que además se le ha cargado la mano a la Asamblea Legislativa como la gran responsable de buena parte de esa crisis. Se afirma con insistencia en que se debe reformar el Reglamento Interno del Congreso para que este órgano funcione de manera eficiente, entre otras ideas de reforma. No obstante, a pesar de que hemos defendido muchas de ellas, la verdad todas terminan siendo parches que no llegan al fondo del problema.

Por esa razón desde hace varios años hemos venido escribiendo sobre la necesidad de reestructurar nuestro sistema presidencialista para pasar a uno parlamentario, propio de las democracias europeas más consolidadas. Aun cuando no hemos encontrado eco y buenos aliados en esta idea, la verdad consideramos que vale la pena reconsiderarla y ponerla en la discusión nacional. Por ello aprovechamos la atenta invitación de la ya consolidada Revista Surco para regresar sobre este tema.

Es importante que valoremos algunas de las limitaciones del sistema presidencialista:

· Cuatro años no son suficientes para un buen gobierno.

· Cuatro años son mucho tiempo para soportar un mal gobierno.

· En cuatro años es difícil desarrollar políticas de largo plazo.

· La elección de diputados por listas elimina la capacidad del votante para escoger a sus representantes. La opción que ofrece es: voto por todos o ninguno.

· Las listas vienen con un orden que el votante no puede cambiar.

· Los diputados en la realidad no los elige el pueblo los elige una mayoría de asambleístas en los partidos políticos (mayoría que puede ser menor a cien personas), por cuanto es seguro que los primeros siete lugares de la papeleta por San José de Liberación Nacional y los primeros cuatro candidatos de la papeleta del Partido Acción Ciudadana o de cualquier partido mayoritario ya están electos diputados desde que se les designa.

· El sistema actual deja cantones sobre representados y otros sin representación.

· Por ejemplo: San Carlos, Pérez Zeledón, Cantones centrales de Alajuela Puntarenas, Heredia y San José tiene varios diputados y una inmensa mayoría de cantones carece de representación.

· Funciona mejor con el bipartidismo y no es amigable al multipartidismo.

· Los acuerdos políticos son voluntarios y no hay consecuencias si no se cumplen.

Consideramos que el sistema parlamentario tiene una cantidad importante de ventajas que podrían ser aprovechadas en una democracia madura como la costarricense. A partir de su funcionamiento en otros países podemos hacer buen uso de esas experiencias. Por ejemplo:

· Un buen gobernante puede durar muchos años en el cargo, tal el caso de Margaret Tatcher en Reino Unido, Helmut Kohl en Alemania, Felipe González en España. Ellos superaron sobradamente más de una década en el poder, lo que le da estabilidad a las políticas públicas.

· Un mal gobierno dura poco tiempo. Varios Primeros Ministros en Italia no completaron el año en su cargo.

· La votación por distritos electorales obliga a los candidatos a dar la cara, presentar un programa y a rendir cuentas si quieren ser reelectos. Pesa tanto el candidato como el partido.

· La necesidad de que se constituya una mayoría parlamentaria obliga a que se llegue a acuerdos políticos y si esta no se alcanza se disuelve el parlamento y van nuevamente a elecciones. Lo que es un costo político que los partidos no se pueden dar el lujo de asumir.

· Los acuerdos son públicos y transparentes y se les ve como “políticamente correctos” con lo que se evita la satanización que han sufrido en nuestro sistema político.

· Por esa característica es un sistema altamente razonable para una sociedad multipartidista como es la Costa Rica actual.

· La oposición se opone, pero sabe que tiene un límite porque se puede llamar a elecciones anticipadas y si el pueblo está a disgusto con lo actuado, disminuirá su presencia en nuevas elecciones. Igualmente el gobierno debe valorar esa variable porque si pierde apoyo y se le somete a una moción de censura debe renunciar y llamar a elecciones.

· Contrario a lo que se podría pensar, el control político es permanente dado que el Primer Ministro y los miembros de su gabinete son emplazados cotidianamente a explicar sus actuaciones.

Por supuesto no todos los sistemas parlamentarios son iguales, dado que algunos están basados en monarquías como el inglés y el español, pero no así otros, tal el caso del alemán y el italiano. Señalamos por ello que no todos tienen las mismas características y reglas de operación interna. De allí que la lista anterior solo pretende ser un enunciado de carácter general.

Poniendo ambos sistemas en la balanza y haciendo una valoración a la realidad costarricense, nos atrevemos a defender la idea de que nos enrumbemos hacia una democracia parlamentaria. Nuestro sistema está maduro y puede dar ese paso. La realidad es que a como estamos con un país ingobernable, con la pérdida de confianza en los partidos políticos que son el vehículo del ejercicio democrático, debemos pasar sin duda a un sistema que pueda volver a generar credibilidad al votante en medio de posibles resultados positivos visibles mediante esta reforma.

Necesario destacar que una reforma al sistema de gobierno que no haga cirugía mayor en la Asamblea Legislativa, no va causar las transformaciones que el país demanda. De allí que el pasar el periodo presidencial de cuatro a cinco años, o el establecer la figura del Primer Ministro para citar solo dos reformas que algunos han promovido, no transformarán nuestra estructura de poder dado que dejan incólume nuestro sistema legislativo.

La implementación de esta propuesta no es sencilla y como todo tendrá sus opositores. La primera y más importante es cómo constituir los distritos electorales. Es ahí donde cada partido hará sus números para definir si con el cambio del sistema, su peso electoral se verá afectado y su porcentaje de representación disminuirá. Y es lógico que hagan este análisis. Aunque será imposible tener una demarcación territorial que sea del agrado de todos, si podría buscarse un sistema de representación nacional paralelo a las circunscripciones electorales para nivelar las fuerzas políticas y garantizar alguna representación de los actuales actores políticos. Esto debe verse como el peaje a pagar por la transición al sistema parlamentario. Otra de las críticas que se le puede señalar a la reforma, es que no necesariamente garantizará la proporcionalidad por género dado que al votarse entre tantas circunscripciones no se puede operar la alternabilidad, lo que sí permite el odioso sistema de listas actual.

Un instrumento a utilizar para enfrentar las críticas puede ser el plazo de incorporación de la reforma, de manera que rija para dentro de las próximas dos elecciones nacionales, lo que significa, a manera de ejemplo, que si se votara en este momento entraría en vigencia en el 2018, lo que permite a todos los partidos políticos, sin excepción, prepararse y tomar las acciones necesarias para adaptar y constituir una base electoral frente al nuevo sistema y además promover la participación femenina para que no disminuya y por el contrario pueda aumentar.

Parte de lo que debemos aprender los ticos es que las cosas se pueden hacer gradualmente, eso sí, iniciando ya. Muchos entienden la gradualidad como patear la bola hacia delante, cosa muy distinta a lo que proponemos, vale decir, tomar las definiciones de inmediato y dimensionar su aplicación paulatinamente en el tiempo.

Hay un elemento a considerar y debe estudiarse a profundidad. Consiste en determinar si esta reforma puede hacerse por la Asamblea Legislativa como poder constituyente de acuerdo al artículo 195 de la Constitución Política o si es necesario convocar a una Asamblea Constituyente. Esto último definitivamente complicaría más su trámite. La duda deviene de la teoría de las normas pétreas e inmutables que son aquellas que solo las puede modificar una Asamblea Constituyente como poder originario y de la jurisprudencia de la Sala Constitucional en cuanto al establecimiento de los límites a las reformas parciales que se han analizado en varios fallos de ese tribunal.

Podemos concluir diciendo que la democracia puede no ser el mejor sistema político, pero sin duda es, de los que conocemos, el más apropiado. Pero no debemos creer que se cuida y fortalece sola, muy al contrario requiere de muchas acciones de nuestra parte. Hoy en día la democracia costarricense requiere replantearse muchas de sus instituciones y de eso se trata este artículo; de que estudiemos el sistema parlamentario y veamos sus ventajas y problemas, al final si concluimos que es mejor que el presidencialista, debemos luchar por hacer el cambio institucional y dotar de un mejor país a las futuras generaciones.

La ola de delincuencia que vivimos, -cada día más sorprendente por los nuevos delitos y la violencia con que se cometen- amerita replantear criterios jurídicos por el bien del país y sobre todo de las personas apegadas al ordenamiento jurídico, que además somos por mucho la mayoría.

Insisto, se trata de una ola de delincuencia que cada día nos sorprende más. En pocos días se suscitaron crímenes como el asalto y asesinato de una pareja en Heredia, -donde dichosamente dejaron con vida a su bebé- en apariencia para robarle el dinero de la ventas de su negocio de carnes; el asesinato de un estudiante porque “agredió” al asesino al tocar la bocina de su carro porque este invadió su carril al salir de un restaurante de comidas rápidas, suficiente para dispararle y acabar con su vida; el asesinato de un oficial de tránsito en la vía pública y a plena luz del día para robarle su arma; el asesinato de tres personas en una venta de ropa, también en Heredia, con el aparente propósito de robar el dinero de pago a sus proveedores. Así podríamos continuar citando hechos graves que han conmovido al país. Ignoro cuántos debemos mencionar para que nuestros jueces, de todas las instancias, entiendan la gravedad del problema.

Escuchando y leyendo artículos y resoluciones de los mejores exponentes del abolicionismo penal y del garantismo, no puedo estar más de acuerdo en que ha habido durante muchos años un abandono total a los programas sociales, se ha permitido la polarización social y el crecimiento de la desigualdad, se dejó de invertir en la educación pública, único instrumento para romper el círculo vicioso de la pobreza y hoy sin duda tenemos que asumir como sociedad sus consecuencias. Además, es necesario señalar que los problemas de delincuencia no se van a solucionar exclusivamente con el derecho penal sancionatorio. ¿Quién puede estar en desacuerdo con esto?

Pero veamos la otra cara de la moneda. Vivimos en una sociedad donde el crimen se ha desbordado y hay una cantidad de agresores que deben ser sancionados y además por su gravedad y peligrosidad retirados de la circulación mediante su internamiento en centros carcelarios. Esta puede no ser la mejor opción, pero es la única que nuestro sistema democrático tiene. Puede ser que algunos delincuentes sean producto de la sociedad que los abandonó, aunque tengo mis reservas al respecto y creo que es una burda excusa para ablandar el corazón de muchos jueces, cosa que con frecuencia logran. Pero que se mate a una persona por sonar la bocina del carro o se asesine a tres para robar el dinero de proveedores, va mucho más allá de ser producto de un sistema social polarizado.

Por esa razón, viviendo en las condiciones actuales, el sistema penal debe también adaptar sus criterios e interpretaciones a los tiempos que corren. Cuando el delito se reduce a robar una gallina se amerita una interpretación pero cuando el delito es violento, con alevosía, ensañamiento y se es reincidente, obliga a una interpretación distinta.

Sin duda, hasta en los peores momentos de la criminalidad debemos defender el principio de inocencia y todos los derechos que amparan a los acusados, pero bajo la esfera de esos mismos derechos, las interpretaciones jurídicas deben ser más drásticas cuando el crimen se ha desbordado.

Algunos alegan que nos estamos convirtiendo en uno de los países con más detenidos sin condena y por ende con más prisiones preventivas decretadas. Ese dato per se debe ser motivo de preocupación y de reflexión.

En síntesis, en los tiempos actuales con el nivel del crimen que padecemos, nuestro sistema penal no puede creer que se aplica en una sociedad inmaculada y debe entender que como evoluciona la delincuencia debe evolucionar su persecución penal.

Ojalá en pocos años estemos viviendo otra realidad y podamos reducir el número de acusados y vivir con libertad y en paz frente a la criminalidad; aspiro a que podamos lograrlo. Pero mientras llegamos ahí debemos defender a los inocentes.

Durante muchos años el ejercicio de un cargo público fue motivo de orgullo y honor para quien lo ostentaba. El ser señor Ministro o señor Diputado entre otros, representaba una verdadera distinción para la persona. Con los años y el desprestigio de la política y sus actores, cada día el péndulo oscila más a las grises áreas del desprestigio de la persona y del cargo.

El fenómeno no es solo nacional, muy por el contrario, trasciende nuestras fronteras y continente. La corrupción, las demandas insatisfechas, las promesas no cumplidas son en buena medida las fuerzas que impulsan esa corriente.

Recuerdo como si hubiese sido ayer mi participación en un debate en el año de 1994 en la Universidad de Costa Rica. Versaba sobre la donación de órganos. Mis participaciones fueron muy bien recibidas por el público que me brindó cálido aplauso, pero al cerrar la actividad la moderadora agradeció la presencia del diputado en esa casa de estudios y bastó que mencionara esa condición para recibir una silbatina generalizada y prolongada. El buen expositor se transformó en villano por solo ser un “padre de la patria”.

Esta situación ha desmotivado a muchas buenas personas a participar en política y es comprensible. Pero a lo anterior se suman situaciones mucho más graves y que desmotivan aún más y son las que tienen que ver con las responsabilidades del funcionario por sus actuaciones.

Hago este comentario a raíz de la inhabilitación impuesta por la Contraloría General de la República a una ex-ministra. No conozco los detalles políticos ni jurídicos del caso, pero sí puedo decir que ante la necesidad de restablecer un servicio público tan importante como el del ferry y garantizar a una zona del país su comunicación, estoy seguro que la mayoría hubiera actuado tal y como lo hizo la ministra.

La historia de esta sanción será la razón para que en el futuro los funcionarios duden más en tomar decisiones y se vuelvan aún más burocráticos, siendo esa una carlanca adicional para nuestro desarrollo.

En nuestro sistema de administración pública, las cosas no van nada bien. El definir responsabilidades personales e institucionales además de ser lento e inoportuno carece de una clara visión para establecer prioridades. Digo esto casualmente ante los señalamientos de la misma Contraloría a las autoridades de la CCSS, a quienes con suficiente antelación se les indicó el desorden en la planificación, reducción en la inversión de infraestructura, crecimiento del déficit, aumento desmedido de sueldos y de nuevas plazas.

Pese a todos los señalamientos, no se actuó a tiempo y hoy tenemos sumida a la entidad aseguradora en una crisis que de no manejarse adecuadamente puede conducirla a su quiebra. Entonces la pregunta válida es: ¿por qué se advierten problemas, no se hace nada y no se sientan responsabilidades? Y por otra parte se inhabilita a funcionarios por situaciones mucho más simples.

En síntesis mi punto es sencillo: falta comunicación en la administración pública. Las acciones no se implementan con la debida prioridad; se cuidan los centavos mientras se malbaratan los colones.

No deseo que este comentario se tome contra entidades o personas en particular, o como una defensa oficiosa de una ex-ministra. Mi comentario apunta a la operación de un estado anticuado e inoperante que requiere con urgencia de cambios sustantivos con el fin de obviar circunstancias como las señaladas.