El debate en torno a la legalización o penalización de la tenencia, consumo y distribución de drogas no es nada nuevo. En primera instancia, porque grupos reconocidos a nivel mundial parecen adherirse al sistema de libre mercado y comercio; en segundo lugar, porque resulta evidente el aparente fracaso de las políticas estatales prohibicionistas respecto del consumo en los países con mayores índices; y finalmente, porque los países productores no han podido erradicar los cultivos y proveer de otros medios de producción a los nacionales que se dedican a ello.
Resulta entonces de trascendental importancia revisar tales argumentos y buscar soluciones concretas a una realidad mundial que nos afecta a todos, especialmente en esta época de globalización, donde el acceso a información y las facilidades para el comercio, se constituyen en fuertes aliados de este flagelo.
Trascendencia Social de la Legalización
Cuando hablamos de la legalización o de la normalización de la droga, debemos realizar un análisis gradual de las implicaciones de dichos conceptos en la esfera social.
Hablar de ellos me hace pensar en una serie de problemas que vive la sociedad actual, a los cuales no hemos sido capaces de dar solución. Sin embargo, seguimos tratando de solventarlos dentro de los mismos esquemas y utilizando los mismos instrumentos.
Para nadie es un secreto que hoy la seguridad ciudadana es uno de los problemas más grandes que enfrentamos, y una de las áreas en donde la respuesta del Estado ha demostrado los mayores niveles de incapacidad e ineficiencia.
Pero el hecho de que tengamos problemas en esta materia, no nos legitima para tomar medidas tan drásticas como aquellas utilizadas en las épocas del oeste, en donde cada uno portaba dos pistolas al cinto y hacía justicia con su propia mano.
El hecho de que la seguridad ciudadana sea un problema tan severo, se convierte en una razón más para proceder a analizar cuáles son los principales factores dentro de nuestro contexto social que no están funcionando adecuadamente.
Esto no con el fin de desmeritar la institucionalidad del sistema jurídico que hemos desarrollado, sino con el afán de mejorarla.
Este es, en mi criterio, el punto de partida de cualquier análisis en relación con el tema de la legalización de las drogas, toda vez que no podemos renunciar a nuestras instituciones de derecho ni a los sistemas de control social. No podemos aplicar en este campo la conocida expresión popular que dice: "si no puedes con ellos, úneteles".
Realidad en Cifras
El tráfico de drogas y su comercialización mundial es un problema que escapa de las manos y del control de las autoridades estatales en la mayoría de los países. Los tratados internacionales de cooperación, la tecnología de radar y de seguridad marítima y aérea no dan abasto para atender dicho problema. Entonces, hemos de reconocer que no hemos sabido ni podido controlarlo.
Pero, por otra parte, ni la penalización ha demostrado ser una alternativa eficiente, ni la tolerancia una solución.
Los mayores defensores de la legalización se basan en los ejemplos de lo que sucedió con el alcohol y la ley seca en los Estados Unidos; de ahí que resulte ilustrativo hacer una comparación del comportamiento presentado.
Las cifras demuestran que el aumento del consumo se dio en un 78% entre 1941 y 1988; y que el consumo per-cápita pasó de 1.4 galones a 2.4 galones durante el mismo período de años. Además, no desaparecieron algunas de las mafias, como es el caso de las mafias sicilianas que subsistieron, y ya no solo dedicadas a las actividades del alcohol, sino a otras actividades delictivas. Aumentaron los accidentes y muertes por conducir bajo los efectos del alcohol, aumentó la violencia familiar, la desintegración familiar, y los delitos por abusos sexuales, entre otros.
Si revisamos otras cifras nos damos cuenta que el Departamento de Salud de los Estados Unidos y el Servicio Humanitario, destinaron durante 1995 aproximadamente 150 billones de dólares para enfrentar el problema de la drogadicción y su impacto, incluyendo las pérdidas por baja productividad. Por ello no podríamos partir de la base de que el ejemplo de esa historia sea el parámetro de referencia a utilizar con respecto a la legalización del consumo de las drogas. Si analizamos el caso de la marihuana entre 1972 y 1978, los datos reflejan que en los Estados Unidos once Estados legalizaron el consumo y se produjo un aumento de un 125% a nivel de estudiantes avanzados de colegio, de un 200% en adultos y de un 240% en niños y jóvenes entre los 10 y 19 años.
Desde este punto de vista debemos concluir que el resultado de la legalización, según estos datos, no nos permite asegurar que dicho mecanismo nos ofrezca un panorama mejor en la solución de la problemática social del consumo y tráfico de drogas.
Fomentar el consumo no es una solución
Por otro lado, es importante entender que no porque algo sea legal dejamos de tener complicaciones, pues quienes se manifiestan a favor de la legalización de la droga, señalan como uno de los argumentos importantes, el hecho de que al legalizar la droga, los estados pueden cobrar impuestos y contar con más dinero.
No debemos olvidar que independientemente de que existan o no existan más impuestos -tema que, en todo caso me parece absurdo en una discusión de esta naturaleza, y sin embargo se encuentra en la literatura de quienes se manifiestan a favor de la legalización-, tanto en nuestro país como en el resto existe gran libertad para importar artículos prácticamente de cualquier tipo y, sin embargo, enfrentamos serios problemas con el contrabando causante de millonarias defraudaciones fiscales, lo cual demuestra que la legalización por sí misma no implica solucionar la situación fiscal del país, sino por el contrario, sirve para que surjan una gran cantidad de problemas de diversa índole.
Según estudios realizados por el IAFA, para 1990 Costa Rica era ya un país consumidor de drogas, donde un promedio de 84.142 personas entre los 12 y 70 años de edad habían consumido alguna droga ilícita en el transcurso de su vida. De ellas, 10.500 habían usado en algún momento la cocaína y sus derivados.
De 1990 a 1995, el consumo de crack fue de un 14.3%, llegando a ser considerada por el 33.5% de la población nacional como una de las drogas más peligrosas. Para 1995, la opinión de los entrevistados acerca de cuán fácil resulta conseguir drogas en Costa Rica, fue muy interesante pues expone que el 78.1% de la gente considera que el tráfico actual y el consumo nacional han creado muchas subsidiarias de distribución de droga para los consumidores locales; un 5.2% atribuye la facilidad de acceso a las drogas al poco control; un 6.9% a las noticias y un 9.8% a otras razones, para un gran total de 94.6% de la población nacional que considera el negocio de la droga en Costa Rica como un mercado más, al que cualquiera tiene acceso en el momento que lo desee.
El mismo estudio refleja que para el 29.9% de la población nacional uno de los principales problemas que afronta nuestra sociedad es el consumo, el tráfico y la producción de drogas; un 7.4% dice que es el alcoholismo, un 7% afirma que es la corrupción, un 6.9% considera que es la delincuencia y un 3.2% estima que es la violencia familiar, aspectos todos íntimamente ligados entre sí.
Estos datos resultan sorprendentemente coincidentes con los resultados de la encuesta de opinión pública realizada por la firma Borge y Asociados en el segundo semestre de 1995, en la cual el público identificó como el segundo problema más grave de Costa Rica la delincuencia (16%) y en tercer lugar, la drogadicción 14%). Cuando se preguntaron las razones por las cuales había aumentado la delincuencia, se señalaron las drogas en primer lugar, luego la pérdida de valores y, por último, las fallas en el sistema penitenciario y de justicia.
Publicidad y Consumo
En materia de consumo de las drogas, y refiriéndome no solo a las prohibidas, sino, por ejemplo al caso del tabaco, debemos tener presente que la tendencia ha sido disminuir la divulgación de propaganda y de publicidad en general.
¿Por qué es importante el tema de la publicidad?, porque se ha demostrado que a raíz de una propaganda divulgada en los EE.UU.-en donde se publicitó una figura conocida como "Joe el camello" para incentivar el consumo del cigarrillo marca Camel- a nivel de las personas de menos de 15 años, "Joe el camello", llegó a ser la tercera figura más popular entre niños y adolescentes en ese país. El primer lugar lo ocupa la figura de Mickey Mouse, que tiene muchos millones de dólares invertidos en propaganda de Walt Disney, y el segundo lugar lo ocupa la figura de SuperMario, personaje de los juegos de nintendo.
Este fenómeno demuestra la fortaleza de la publicidad para promover y desarrollar el consumo. Por eso cuando hablamos de legalización debemos establecer un punto medular: es posible admitirla si pudiéramos controlar que solamente tengan acceso a ella las personas con juicio crítico y algún nivel de racionalidad, personas que puedan juzgar dentro del ámbito de la autonomía de la libertad si quieren o no consumir la droga, de la misma forma como pueden decidir si desean o no tener sexo, si desean o no desean comer, si desean o no hacer uso de su libertad de expresión (y de todas sus libertades).
Pero el mercado al que mayoritariamente ataca las drogas es un mercado de adolescentes y de personas que no siempre han llegado a consolidar su juicio crítico con elementos y valores suficientes para poder tomar las decisiones acertadas, y entonces el peligro de la legalización puede ser que sometamos a las generaciones de adolescentes a un bombardeo y a una condición de disfrute y acceso a una actividad, como el consumo de las drogas, la cual estamos deseando erradicar por las consecuencias nefastas para la salud en general y para la integridad personal.
¿Legalización para todos?
La legalización en algunos países y en otros no, expondría a aquellos países en los cuales se establezca, como un paraíso para la movilización de algunos grupos consumidores, lo cual significa un incremento en el consumo de drogas, agravando el problema migratorio, pues este nuevo sector de población también demandará del Estado los servicios de salud, de transporte, de vivienda, de educación y ello tiene un costo económico que, en nuestro caso, no podríamos sufragar. Esto es parte de la experiencia de un país como Holanda en donde la legalización de la droga se autorizó hace algunos años.
¿Penalizar es la Solución?
Dentro de este contexto, la pregunta es:¿qué hacer? Porque no se trata simplemente de decir no a la legalización de las drogas. La responsabilidad obliga a hacer algunas propuestas concretas.
El derecho penal no es la solución ni al problema de las drogas ni a ninguno de los problemas presentes en una sociedad. En este país, y en general en todos los países del mundo, confundimos esta realidad y llegamos a pensar en el derecho penal como la panacea para solucionar todos los problemas y que hay que poner grilletes y mandar a la gente a la cárcel. Vemos eso como la solución.
Algunos incluso, defienden la pena de muerte, pretendiendo con ello acabar materialmente con un problema; sin embargo, los países que tienen establecida la pena de muerte, así como los países donde existe cadena perpetua, han demostrado mantener los mismos niveles de delincuencia que los países que tenemos límites de pena carcelaria de 50 años.
Debemos entender que el derecho penal es el último eslabón de la cadena, pues a través de él llegamos a reconocer la vigencia de un problema y por eso se requiere un castigo. Los problemas no los vamos a solucionar con la penalización, pues ello significa pretender enderezar un árbol ya torcido.
La solución a esta o a cualquier otra patología social debemos emprenderla atacando el problema desde la raíz y de manera integral. Es necesario volver los ojos hacia la educación, entender que países como el nuestro deben invertir más en educación preventiva, que debemos rescatar los valores morales; que debemos atender los problemas de pobreza y los problemas de la niñez abandonada, de los niños no abandonados sino excesivamente aventajados por las condiciones de vida en los sectores sociales de mayor riqueza, que los condicionan al consumo de drogas solo por la experiencia de "probar".
Debemos entender que la solución no la vamos a encontrar simplemente con la legalización del consumo de las drogas, o con su penalización. Es necesario comprender que como sociedad debemos volver la mirada a las raíces de nuestro propio sistema.
Conclusión: ¿Qué Tipo de Sociedad Queremos?
Quisiera concluir diciendo, que debemos replantearnos cuál tipo de sociedad es la que queremos, sobre todo en la era de la apertura comercial y la globalización, donde el valor de nuestro país será proporcional a nuestros recursos humanos y materiales.
Por ello, debemos entender que la forma para lograr un verdadero combate a los problemas relacionados con la drogadicción, está precisamente en el ataque a las raíces dañadas. Y por supuesto, es necesario concentrar grandes esfuerzos en la educación de nuestra niñez y nuestros jóvenes, pues con ello aseguraremos a mediano y largo plazo, generaciones más sanas y más capaces para desarrollarnos como nación.
Quisiera terminar recordándoles que solo existe una verdad absoluta: el primer día del largo plazo es precisamente hoy, y es hoy cuando debemos iniciar el combate de las patologías sociales que nos aquejan.
Si queremos construir una Costa Rica mejor, más culta, más justa, más solidaria y más avanzada, necesitamos invertir nuestros mejores esfuerzos en el rescate de la familia como promotora de la educación, de los valores sociales, religiosos y cívicos; pero sobre todo, del respeto a la dignidad de la persona humana como fundamento y fin de nuestra vida en sociedad.
En el año de 1996 como presidente de la Asamblea Legislativa, apoyado por otros estimables compañeros y compañeras diputados y por distinguidos ciudadanos, impulsé la promulgación de la Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad, la que al final fue aprobada en esa legislatura.
El convertir en ley esta iniciativa nos llenó de estímulo e ilusión. Estábamos convencidos de que implicaba llevar un poco de justicia a un sector social que ha enfrentado sacrificios mayores, discriminación; y al que se le dificulta la incorporación real y efectiva a la sociedad.
La ley promueve una serie de obligaciones a cargo del Estado. Ente otros, debe incluir en planes, políticas y programas los principios de igualdad de oportunidades y accesibilidad a los servicios. Instalaciones, bienes y servicios accesibles para las personas con discapacidad. Eliminar acciones que promuevan la discriminación. Apoyar las organizaciones del sector. Facilitar la permanencia en la familia de quienes presentan discapacidad. Garantizar a quienes no cuentan con una familia los medios para desarrollar una vida digna y autónoma. Divulgar los alcances de la ley.
De igual forma la ley establece acceso oportuno a la educación, incluyendo la universitaria, de todas las personas independientemente de su discapacidad. Facilidades para tratamientos, hospitalización y convalecencia y acceso a trabajos de acuerdo con sus condiciones. Regulaciones para promover en los programas educativos actitudes de respeto a la dignidad de las personas con discapacidad.
Establece también la ley disposiciones técnicas en construcciones, edificios, aceras, ascensores, parqueos, servicios sanitarios, parques, transporte remunerado de personas, taxis, bibliotecas, teléfonos, etc., y así facilitar su utilización y disfrute sin discriminación alguna. Lamentablemente ocho años después, en la mayoría de sus regulaciones la ley es letra muerta sin ninguna implementación. Resulta increíble la inactividad estatal para cumplirla, el desinterés de políticos y funcionarios que solo se acuerdan del sector cuando hay procesos electorales, pero sin ninguna sensibilidad para cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias a la hora de ejercer sus cargos.
Las estadísticas nos indican que existe entre un 5% y un 9% de nuestra población con problemas de discapacidad, condición más difícil de sobrellevar para los grupos de escasos recursos, quienes en muchos casos carecen de condiciones básicas, algunas tan elementales como nutrición, acceso al agua potable y sistemas de alcantarillado. En un buen número de casos son mujeres valientes las cabeza de familia que deben asumir el cuido.
El problema de la discapacidad nos lleva a otra área de nuestra vida nacional que ha caído en el más absoluto abandono: los programas sociales en general. Esto denota una línea de pensamiento de nuestros últimos gobiernos: anteponer lo puramente económico sobre las otras ramas de la vida en sociedad. Dentro de esta mentalidad el buen gobierno es el que recorta el gasto público, no el que invierte en desarrollo humano. Esta equivocada teoría ha marcado un retroceso en la calidad de vida de los costarricenses.
Este es un buen ejemplo de lo mal que estamos haciendo muchas cosas y de lo imperativo que es buscar un cambio en el acontecer nacional. Este país creció y se desarrolló porque supo entender que la distribución de la riqueza, la solidaridad y el rol del Estado, apoyando el bienestar del mayor número son fundamentales, por eso debemos volver a nuestros orígenes y construir a partir de ahí la Costa Rica del futuro.
Durante mis recorridos por el país he tenido la oportunidad de conocer situaciones tristes y lamentables padecidas por los pacientes y sus familias en su relación con la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS). Algunas de ellas son propias de la falta de planificación y visión en el pasado, otras del crecimiento acelerado de la población, otras totalmente injustificables en un país donde la tecnología puede y debe jugar un rol fundamental en la operación de los servicios públicos.
Podría señalar aquí una larga lista de situaciones que he palpado personalmente en las comunidades, pero quiero referirme a las que representan una buena síntesis de las más recurrentes: madrugar para pedir ficha. En la comunidad de Tirrases de Curridabat quienes desean ser atendidos deben llegar a hacer fila antes de las 3am ya que únicamente se entregan entre diez y veinte citas por día. En Pejibaye de Jiménez quien necesita sacar ficha para odontología debe llegar alrededor de la 1am, ya que solo hay cuatro citas disponibles. En Quebradilla de Cartago ya no solo es importante la hora, sino también brincarse la malla del centro de salud puesto que aunque se llegue temprano otros más “audaces” establecieron la costumbre de brincarse la fila de la acera saltando la malla lo que generalizó ese recurso en la comunidad.
Es inhumano e inaceptable esperar que gente enferma deba sufrir semejante trato, que ya de por sí es violatorio de las más elementales reglas de salud pública. La CCSS debe sustituir este obsoleto y grosero sistema por métodos modernos de comunicación entre la institución y sus usuarios. Citas con especialistas a largo plazo: en Limón pude constatar el caso de una mujer con cinco meses de embarazo a quien la cita para que se le practicara un ultrasonido se le dio para fecha muy posterior al alumbramiento. Además se me documentaron casos similares en otras especialidades. Ante esta situación es urgente que se desarrolle un agresivo programa para aumentar el número de especialistas, máxime que a la fecha hay una buena cantidad de graduados en la universidades que requieren de plazas para incorporarse a la vida laboral.
Falta de anestesistas: en el Hospital de San Carlos las operaciones de ortopedia que en el pasado se practicaban al menos dos veces por semana se han distanciado en algunos casos hasta una vez por quincena, por la ausencia de anestesistas. Situación muy parecida me correspondió conocer tres años atrás en el Hospital de Golfito. Me pregunto ¿por qué el aumento en la demanda de anestesistas no se pudo prever?
Ausencia de camas para pacientes en estado terminal: recientemente conocí el caso de una señora de noventa y tres años quien sufrió un derrame quedando en estado terminal y que requiere ser alimentada por una sonda. Los familiares han sido notificados de que su fallecimiento es inminente en cuestión de horas o días, pero la última noticia que recibieron del hospital es que la enviarán a su casa, donde como es de suponer, no existen condiciones apropiadas para ser atendida. La razón para que deje el centro hospitalario es que se requiere la cama para otro asegurado y en el país no hay un centro especializado en pacientes de este tipo. Lo irónico es que la atención de estos pacientes en un hospital especializado en ellos es sustancialmente más barata que la de otros padecimientos.
A pesar de lo comentado es digno destacar la dedicación, mística y espíritu de servicio que priva en la inmensa mayoría de servidores de la CCSS, quienes se multiplican y aprovechan los escasos recursos con que muchas veces cuentan para dar el mejor servicio a los asegurados. Nuestros funcionarios y sus pacientes merecen servicios de la misma calidad que se tiene en un país desarrollado. Si queremos lo podemos lograr, es un problema de voluntad política.
Mi buena amiga, la siempre inquieta Dra. Yalena de la Cruz, me remitió un correo en el que invitaba a discutir sobre propuestas y documentos de autoridades de la CCSS, que implican redefinir la política estatal sobre las denominadas cargas sociales. Por su importancia hoy quiero dar mis opiniones al respecto.
El despegue que tuvo nuestro país a partir de los años 40 se debió a una clara visión del desarrollo humano implementada privilegiando la inversión social en: salud (CCSS), educación (abolición del ejército, creación de las universidades públicas), vivienda (INVU), capacitación de la fuerza laboral (INA), desarrollo de la pequeña y mediana empresa (nacionalización de la banca) y una importante legislación de garantías sociales y económicas (Código de Trabajo, Ley del Aguinaldo, Ley de Beneficiado de Café, entre otras).
Tuvimos la visión y valentía para impulsar esas reformas sin mezquindad alguna, dejando de lado su paternidad y pensando como estadistas, exclusivamente en el beneficio de la mayoría. Por esa razón valoro una frase de don Pepe a quien cuando se le preguntó ¿por qué fue grande el 48? respondió: “por lo que hicimos y por lo que no deshicimos” refiriéndose con ello a su obra y al haber defendido la del Dr. Calderón Guardia, que muchos clamaban por derogar. Gracias a esa visión logramos construir este país como uno de los que cuentan con los más altos índices de desarrollo humano, con aumento notable de la calidad de vida al reducir la mortalidad infantil, mejorar la cobertura de agua potable, los índices de nutrición infantil, la esperanza de vida, entre otros, a niveles incluso mejores que muchos países desarrollados.
Esto fue posible en mucho, gracias a las contribuciones a la seguridad social que se conocen como “cargas sociales”, las cuales, desde el punto de vista del desarrollo humano, están lejos de ser cargas y son verdaderos “movilizadores sociales”. Sin ellas jamás habríamos podido alcanzar la calidad de vida disfrutada y este país estaría muy cerca de otros en la región que sobresalen por la pobreza y la mala calidad de vida. Además, a pesar de su costo nunca fueron un obstáculo para nuestra competitividad internacional y por el contrario, por nuestro mejor nivel de vida hemos alcanzado una buena inversión nacional y extranjera.
Por esa razón el futuro de nuestro país en torno a las “cargas sociales” no puede tomar el errado camino de disminuirlas o combatirlas, sino por el contrario de mantenerlas y sacarles el mejor provecho, con eficiencia y buena administración.
Pero lo más importante que quiero destacar en este artículo y constituye el punto central de mi propuesta es que como país debemos levantar la voz en el mundo para que los estándares sociales y ambientales, las garantías laborales, los servicios de salud, nutrición y la calidad de vida de los trabajadores sean punto importante en la competitividad internacional. Por eso debemos promover cada vez más el establecimiento de normas internacionales por parte de países, distribuidores, supermercados y otros agentes de la cadena productiva como los ISOs, el Europgap, SA8000 y todos aquellos capaces de verificar que en los países en general y en los agrícolas e industriales en particular se mantienen reglas estandarizadas en defensa de los trabajadores y el ambiente.
En otras palabras nuestro reto además de la eficiencia en la administración y cobro de las contribuciones a la seguridad social radica en que otros países mejoren su seguridad social y con eso eliminemos cualquier distorsión que nos perjudique, convirtiendo un “costo” actual, en un “gran activo nacional”.
Finalmente quiero resaltar que como empresario y presidente de la Corporación Alvarez y Marín, grupo que junto a mi esposa Nuria me pertenece, y que cuenta con alrededor de seiscientos trabajadores, veo las bondades de esta posición.
Desde esta columna he insistido en varias oportunidades de la necesidad como conglomerado social de tender la mano a las personas que sufren alguna discapacidad y a las familias a las que pertenecen. La atención a los problemas de esta naturaleza justifican la comprensión de que no estamos ante acciones individuales de las personas que los padecen, sino por el contrario que hay una responsabilidad de la sociedad como un todo.
En otras palabras debemos tener una máxima: cada caso nuevo de discapacidad en el país demanda una respuesta de la colectividad y no de la familia en forma individual.
Pero frente a esta afirmación es válido preguntarnos ¿cuál es la respuesta que el país está dando? Resulta triste responder que en la mayoría de los casos es prácticamente inexistente.
La CCSS carece de programas especiales y en muchos casos no otorga respaldo a los pacientes frente a enfermedades degenerativas,. Cuando lo ha dado, ha sido gracias a gestiones judiciales presentadas y por sentencias condenatorias.
Cuando promulgamos la Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad, número 7600 de 2 de mayo de 1996, la cual tengo el honor de haber firmado como presidente de la Asamblea Legislativa e impulsado con un notable grupo de diputados y ciudadanos, teníamos la esperanza de dar con dicha ley un cambio en la actitud institucional y en el respaldo al sector. La citada ley establece una serie de obligaciones a cargo del Estado, entre otros, que incluya en planes, políticas y programas los principios de igualdad de oportunidades y accesibilidad a los servicios; instalaciones, bienes y servicios accesibles para las personas con discapacidad; eliminar acciones que promuevan la discriminación; apoyar las organizaciones del sector; facilitar la permanencia en la familia de quienes presentan discapacidad; acceso oportuno a la educación, incluyendo la universitaria, de todas las personas, independientemente de su discapacidad; facilidades para tratamientos, hospitalización y convalecencia y acceso a trabajos de acuerdo a sus condiciones.
Hoy casi nueve años después es necesario reconocer que poco se ha hecho y que el país sigue en deuda con esta importante población. Esa situación no debe persistir.
Debemos implementar la ley y apoyar al sector de manera decidida. En la CCSS se deben brindar todos los servicios generales y especiales que el paciente requiera. En el IMAS se deben aumentar las ayudas económicas y debemos restituir la exoneración de impuestos aunque se limite exclusivamente a vehículos especiales, para evitar abusos. Con esto revertiremos la tendencia de abandono e indiferencia e iniciaremos una era de justicia para quienes padecen alguna discapacidad y tienen el derecho de que la sociedad les garantice una vida digna.
Escucho cifras muy altas sobre la cobertura de agua potable en el país con muchísima frecuencia, lo cual me genera una gran alegría porque si algo es fundamental en los programas de salud pública, es el acceso de la población a este preciado líquido y el hecho de contar con un buen sistema de alcantarillado.
Sin duda uno de los mayores focos de transmisión de enfermedades es por medio del agua, de ahí que en el desarrollo y mejora de nuestros indicadores sociales, la existencia de programas para potabilizar el agua y llevarla al más alto nivel de cobertura fueron fundamentales.
Hace pocos días leí una noticia en donde se señalaba que el 89,5% de la población recibe agua potable, lo que de ser correcto es una cifra muy alta y prometedora y marca una muy buena señal para el país. No obstante lo anterior debemos aspirar a llegar a una cobertura del 100%, por cuanto nunca debemos dejar de pensar con visión y metas altas.
Sin querer desvirtuar la seriedad del trabajo, la verdad es que desde hace mucho tiempo en mis recorridos por el país encuentro una realidad muy diferente, con gran cantidad de poblaciones abastecidas por agua de pozos caseros, o bien asentamientos humanos con un número muy grande de habitantes que comparten una única paja de agua.
En el primer caso estoy seguro que estudios de la calidad del agua nos indicarían que esos pozos contienen altos niveles de contaminación y en el caso de los asentamientos donde la gente debe transportar el agua y dejarla en baldes u ollas durante horas en sus “casas”, no dudo que la contaminación es altamente probable.
Por esa razón pese a que soy una persona de números y creyente de las estadísticas, tengo la percepción de que nuestra cobertura de agua potable ha disminuido de manera importante en los últimos años y que se justifica realizar un trabajo a profundidad que nos permita tener una lectura más precisa de esta situación.
Hago mi comentario con el mayor deseo de ser yo el equivocado y sin negar el esfuerzo que instituciones como Acueductos y Alcantarillados y sus funcionarios, municipalidades y juntas de vecinos hacen por mejorar la red de agua potable en el país, pero sinceramente me cuesta creer en las actuales estadísticas.
Me preocupa que como país estemos cometiendo un error con números poco precisos y que además se utilicen estos para tomar decisiones futuras, con las serias consecuencias para la salud y para todos los costarricenses.
No soy médico pero el tema de las estadísticas me parece de suma importancia. En esto de las estadísticas, hace muchos años aprendí algunas lecciones que me dejaron grandes enseñanzas. Voy a referirme a ellas con dos ejemplos.
El primero es que cuando escuchamos los recuentos de las muertes causadas en la Segunda Guerra Mundial, y hablamos de 40, 60 u 80 millones de muertos, este dato se percibe históricamente como una cifra. Pero cuando hablamos concretamente, de una persona en particular, se percibe como una tragedia.
Eso es, en parte, a lo que conducen estos registros. Si no nos dejáramos guiar por las estadísticas, seguramente tomaríamos decisiones políticas muy diferentes de las que con frecuencia se toman.
Continuemos con los ejemplos. En materia de homicidios, actualmente todos sentimos muy latente la inseguridad ciudadana, al punto de que no dejamos la casa sola, por el temor a encontrarla vacía.
Si nos desplazamos en carro, y debemos dejarlo estacionado en la vía pública, nos pasamos la velada pensando si al finalizar la actividad estará donde lo dejamos. Con ese espíritu de inseguridad en que vivimos, si leemos las estadísticas de homicidios, nos damos cuenta que el más alto porcentaje de riesgo que se tiene, es de que lo mate un conocido; porque del porcentaje de homicidios en nuestro país, el más elevado se da, precisamente, entre personas conocidas.
Vamos más allá. Según las estadísticas, tenemos más posibilidades de morir por nuestras propias manos. En algunas oportunidades, la tasa de suicidios supera la de homicidios. De manera que si nos guiáramos por las estadísticas, tendríamos que poner un policía en la casa cuando invitamos a un amigo.
Es por eso que en materia de estadísticas, yo mantengo algunas reservas, y si se quiere hasta cierta desconfianza, producto, precisamente, de que cuando las estadísticas se utilizan de un lado y de otro, pueden ser muy diferentes los resultados a los que se arribe. De ahí que discutir si determinada cantidad de dinero es o no muy alta, o bien si los costos son altos o son reducidos, me parece una discusión que, en principio, no debemos aceptar.
Existen elementos mucho más importantes dentro del contexto de lo que nos identifica como seres humanos, y son los que debemos rescatar. En primer término: los derechos humanos. Los costarricenses nos sentimos como paladines de los derechos humanos, y para muestra un botón: cuando recibimos recientemente la visita del presidente Clinton, manifestábamos con orgullo que este es un país democrático que se destaca por su respeto y defensa de los derechos humanos.
Pues bien, amigos y amigas, materia propia de los derechos humanos es el derecho a la salud, como lo son el derecho a la vida, a la libertad y a un ambiente ecológicamente sano. A la par de los derechos humanos, los costarricenses hemos construido una sociedad de la que nos sentimos muy contentos, independientemente de los problemas de seguridad ciudadana y de que las cifras del BID no han subido el ingreso per cápita del costarricense durante los últimos años, que se mantiene en $3.500, y que ojalá esa cifra respondiera a la realidad. Dentro de las características que tenemos los costarricenses, nos sentimos orgullosos de una gran cantidad de instituciones, de instrumentos, de procesos y de principios que, incluso, nos hacen sentir diferentes.
Pregonamos que no tenemos ejército, que tenemos un sistema democrático consolidado porque escogemos a nuestros gobernantes cada cuatro años, presumimos del bajo índice de analfabetismo, y afirmamos ser "la Suiza Centroamericana". Una de esas instituciones motivo de orgullo es la seguridad social de que hemos disfrutado a través de poco más de cincuenta años. En términos políticos los militantes del Partido Unidad dicen que la misma es obra del Dr. Calderón Guardia quien la creó, y los liberacionistas afirmamos que es un mérito de don José Figueres Ferrer quien la consolidó.
En realidad todos queremos atribuirnos la paternidad de la seguridad social, y eso es porque nos enorgullecemos de ella, a pesar de la crítica casi diaria de que es objeto. No obstante, en este campo, como en muchos otros, llegó el momento en donde no podemos continuar orgullosos de las glorias del pasado; no podemos seguir sintiéndonos felices porque se abolió el ejército, porque logramos crear la universidad pública, ni porque logramos desarrollar un país con educación y con democracia.
Estamos en la era en donde ya no podemos vivir de los estribillos ni de las conquistas del pasado, sino tenemos que demostrar con hechos, y ya no con discursos, que esas instituciones verdaderamente aún cumplen el fin para el cual fueron creadas, que esas instituciones son para el beneficio de la sociedad en su conjunto.
De manera que si nos sentimos orgullosos de la seguridad social, debemos detenernos y reflexionar concretamente sobre los hechos en los cuales recae dicho orgullo. A partir de lo anterior, y teniendo en consideración que el derecho a la salud es un derecho humano, no podemos siquiera permitirnos la discusión en relación con si podremos o no cubrir los costos de los medicamentos antirretrovirales.
Considero que la discusión debe iniciar en un estadio más avanzado; no empezar con la definición de si lo vamos a hacer o no, sino empezar con la definición de cómo lo vamos a hacer. Desde ese punto de vista, a mí me satisface, aunque no por completo, que el 7.55% se destine para medicamentos. Si nos circunscribimos estrictamente al ámbito de las cifras, los datos que nos proporcionó la Dra. Herrera, arrojan que se requieren alrededor de $1.800.000.00, para poder mantener 300 pacientes con SIDA, con 3 antirretrovirales por un período de un año, lo que implica que necesitamos incrementar el 7.55% a poco menos del 9%.
Comparativamente, les comento que estamos hablando de menos del 10% de la contribución estatal a las campañas políticas. Y si nos damos a la tarea de estudiar las cifras de mortalidad, analicemos cuánto le cuestan al país las muertes por accidente, el mantenimiento de los heridos por accidentes automovilísticos, por ingesta de licor o por problemas de irresponsabilidad.
Pienso, entonces, que si observamos los costos correspondientes derivados de accidentes de tránsito, la cifra de la que estamos hablando para tratar a los pacientes con SIDA, son simplemente pesetas.
Para concluir, les diría lo siguiente: la pregunta que debemos plantearnos es la siguiente ¿continuamos creyendo en nuestro sistema de seguridad social? Estoy seguro de que la respuesta es unánime: sí, seguimos creyendo. Si creemos en nuestro sistema de seguridad social, solo hay una alternativa: revisar a fondo presupuestos, estudiar a fondo la parte burocrática para maximizar el uso de los recursos, y revisar y corregir el rumbo en muchos aspectos.
Pero no debemos sacrificar el tratamiento y los medicamentos que se necesiten tanto en el caso del SIDA, como en el caso de los transplantes.
Repito, aquí no debemos cuestionarnos si lo hacemos o no; lo que debemos hacer es buscar los caminos para la solución.
Si nosotros queremos pensar en la Costa Rica del futuro, si queremos ver hacia adelante, si aspiramos a tener una sociedad más justa y más solidaria, debemos sustituir las estructuras mentales que nos inducen a poner excusas y dilaciones para todo, por la búsqueda creativa de soluciones prontas y adecuadas.
Termino con el ejemplo que empecé: muchos millones de muertos es una estadística, un muerto es una tragedia y nosotros como sociedad debemos hacer todo lo humanamente posible para evitar ese muerto.
Instituto Nacional de Seguros
15 de mayo de 1997
