


Escribiendo de nuevo sobre el tema de la delincuencia. Comentaba en dos artículos anteriores sobre la urgente necesidad de establecer nuevas interpretaciones del ejercicio de los derechos humanos y las libertades públicas, con el propósito de dar mayor respaldo a las víctimas y a la defensa de sus derechos. Dentro de esa misma línea de argumentación definí el poder sancionatorio del Estado como el derecho que tiene la sociedad sobre quien ha roto las reglas de convivencia y comportamiento humano, de limitarle -entre otros- su libertad, recluyéndolo en un establecimiento carcelario por un periodo suficiente para compensar el daño causado y dar tranquilidad a la colectividad.
Si el sistema penitenciario y la pena no rehabilitan a la persona condenada, lo cual es lamentable, ya que en apego a la mejor forma de convivencia social lo deseable sería a todas luces lograr que quien sea sancionado por incurrir en una conducta delictiva se reintegre a la sociedad al finalizar su condena y a partir de ese momento su comportamiento sea acorde con las normas establecidas, entonces debemos de preguntarnos ante esta realidad ¿qué debe hacer el sistema?
Antes de responder esa pregunta es conveniente, en pos de la rigurosidad académica, recordar que el poder rehabilitador de la pena y del sistema carcelario no se logró a pesar de varios esfuerzos realizados en el pasado. En esa línea, probablemente el más elaborado fue la reforma penitenciaria impulsada entre otros por el Dr. Gerardo Rodríguez Echeverría, con la implementación del sistema progresivo en el Centro Penitenciario la Reforma. Según este, a partir de un diagnóstico al interno se le ubicaba en una etapa del sistema permitiéndole avanzar gracias a su buen comportamiento y signos de reincorporación social, hasta alcanzar incluso la posibilidad de descontar la pena conviviendo en su hogar, o parcialmente en él y en el centro carcelario. El sistema colapsó por razones que no viene al caso comentar en este artículo, lo que nos ubica en la realidad actual.
Tenemos a la fecha en el país un problema latente a resolver y es qué hacer con los delincuentes habituales, destacándose entre ellos homicidas, violadores y agresores sexuales en general. La capacidad de reincorporarlos es prácticamente nula. Así, en el caso de responsables de delitos sexuales, las estadísticas nos dicen que un porcentaje cercano al ciento por ciento, vuelven a reincidir una vez libres. La respuesta del sistema en la actualidad no garantiza los derechos humanos de las víctimas potenciales, pues los cincuenta años de condena máxima que establece el Código Penal (artículo 51) producto de los beneficios carcelarios: años de diez meses (antes eran de ocho meses, artículo 55), libertad condicional al cumplir la mitad de la condena (artículo 64) o bien las reglas de sanción por varios delitos cometidos, que técnicamente se conoce como concursos (ideal o material, artículos 21, 22, 75 y 76), hacen que al final los años de reclusión sean mucho menos de los establecidos en la condena, lo cual suaviza aun más los castigos y deja más indefensa a la sociedad.
Frente a casos de delincuencia habitual debemos entonces buscar una respuesta efectiva del ordenamiento jurídico y eso nos obligará como sociedad a plantearnos temas que en el pasado pudieron considerarse como tabúes y probablemente se requerirá de reformas constitucionales y replanteamientos del Estado costarricense frente a instrumentos internacionales. No dudo que la madurez de la ciudadanía nos permitirá tener discusiones sinceras y del más alto nivel sobre la política represiva que debemos aplicar, y en algunos casos hasta promover como consultas populares, referendos o plebiscitos sobre el tema.
La realidad nos impone actuar con sensatez pero con una gran firmeza.