


Los costarricenses merecemos que se nos hable con la verdad, con transparencia, presentando las cosas como son. En síntesis: SIN RODEOS. Por eso hoy estreno mi participación en esta columna con el propósito de cumplir ese cometido: decirle a nuestros lectores las cosas directas, sin dobles discursos y sin demagogia. Inicio con el tema de la reforma tributaria.
El Estado tiene un mecanismo para promover la distribución de la riqueza y apoyar sus proyectos de desarrollo humano: el sistema tributario. Por medio del cobro equitativo de los impuestos, el gobierno tiene la posibilidad de trasladar recursos de un estamento social a otro, o bien emplearlos en infraestructura, educación y seguridad, entre otras necesidades para el bienestar del mayor número.
Actualmente, Costa Rica sufre de un proceso de polarización social donde cada vez más se da la concentración de la riqueza en manos de los que más tienen. Estos segmentos poblacionales son aquellos con un mayor número de beneficios en el juego del mercado que por sí mismo no garantiza la correcta distribución de esa riqueza. Ante eso el Estado no puede quedar como un simple espectador; nosotros los socialdemócratas opinamos que debe asumir un rol activo, dinámico e irrenunciable en pos de una redistribución de los beneficios del crecimiento económico entre los diferentes sectores sociales.
Con propuestas serias algunas veces y otras dando palos de ciego se han buscado soluciones al problema de la recaudación y evasión fiscal. Sin embargo, se ha incurrido en el error de tratar la materia impositiva como un problema económico y no como uno social, capaz de promover el desarrollo humano y hacer realidad la redistribución de riqueza que el país requiere.
El mecanismo de gravar las ganancias, entre otros, debe generar recursos para fortalecer la inversión social. Aquellos que más tienen son quienes más impuestos deben pagar, pero lo triste hoy en Costa Rica es que el estudio elaborado por la Contraloría General de la República evidencia que todos los sectores pagan el mismo porcentaje de impuestos mientras el diez por ciento más pobre paga el 21.3% de sus ingresos, el diez por ciento más rico paga el 20.9% . Esto, en mucho, por los portillos que existen y que es necesario cerrar, responsables de que el peso de la recolección fiscal recaiga sobre una clase media cada día más endeble y la gran perdedora en las oportunidades de movilidad y ascenso social.
El actual gobierno enfrentó la reforma tributaria en dos facetas: una de emergencia, que terminaría por dar pocos recursos y que resultaría una solución de transición y otra etapa que pretende la permanencia, pero a un costo de desgaste, producto de la primera. Estos dos procesos dificultan el trámite expedito y a profundidad, que sin lugar a dudas se agrava con la división del Partido Acción Ciudadana y el alejamiento casi irreconciliable del Movimiento Libertario con el Presidente Pacheco.
Es fundamental que la reforma proporcione más instrumentos a la administración tributaria. Esta requiere del suficiente poder para compeler al cumplimiento y cobro de las obligaciones, pero también es muy importante que en esa entidad y en otras como la Caja Costarricense de Seguro Social, las Municipalidades, etc., se dé un cambio de actitud que promueva un cobro drástico de las obligaciones y la aplicación de las leyes que tipifican como delito la evasión u ordenan el cierre de negocios por morosidad. Solo así lograremos que los recursos lleguen al Estado, quien por supuesto deberá velar por su buena administración.
Ya no se debe perder el tiempo en discusiones en torno a la reforma tributaria, sino que es hora de definirla con la práctica eficiente. Los diputados y diputadas tienen en sus manos el proyecto de reforma tributaria y con él escogerán entre la forma de vida de un país desarrollado y otro que no lo es. Hemos de asumir la primera opción y debemos tributar también como un país desarrollado, para que Costa Rica pueda ofrecer la oportunidad de buena calidad de vida que se merecen todos los costarricenses.