Más sobre violencia doméstica

Por Antonio Álvarez Desanti
03/11/26
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Por fin, el Poder Ejecutivo cedió y envió a sesiones extraordinarias de la Asamblea Legislativa el proyecto de ley de penalización contra la violencia doméstica, tal y como lo habían solicitado, de manera insistente, diferentes grupos interesados por largos años.

Corresponde ahora a una comisión multipartidista legislativa mejorar el plan. Esperamos del Congreso un trámite expedito para procurar un necesario alto a la espiral de violencia desatada en los últimos días.

Los números alarman. Solo en lo que va del año han muerto más de siete víctimas por violencia intrafamiliar. El año pasado la cantidad de asesinatos llegó a 29, lo que dio como promedio más de dos personas muertas por mes. Es difícil imaginar – como las cifras advierten- la cantidad de personas que podrían morir en el 2004 producto de este problema. El Congreso tiene en sus manos el instrumento para evitar nuevas víctimas.

Estoy orgulloso de que La Ley contra la Violencia Doméstica, en cuya aprobación participé, constituya un importante avance pues ofrece instrumentos que facilitan imponer medidas de restricción al agresor y este no pueda acercarse a su víctima, su casa, lugar de trabajo, etc.

Lamentablemente la práctica ha demostrado que estas medidas son insuficientes. Detrás de la gran mayoría de muertes, hay un patrón de reiteradas transgresiones a este tipo de medida. Pese a denuncias de las víctimas, a las autoridades les es muy difícil otorgar protección las 24 horas del día, los siete días de la semana. Una de las ventajas del proyecto de penalización es la posibilidad de dictar prisión preventiva contra aquel agresor que incumpla con la orden de restricción.

El problema de la violencia doméstica es tan complejo que no debemos escatimar esfuerzos ni recursos en la búsqueda de soluciones. Además de aprobar la nueva legislación es importante que el Estado realice una nueva campaña de concientización y sensibilización del problema. En el pasado se hicieron esfuerzos en ese sentido, pero, como el número mismo de víctimas y denuncias indican, no han sido suficientes. El Instituto Nacional de la Mujer (INAMU) y otras organizaciones han avanzado en los mecanismos de denuncia y apoyo, como el programa “rompamos el silencio”. Sin embargo, se requieren más fondos y mayor voluntad política. Año a año el número de denuncias va en aumento y el personal no da abasto. Además, se necesitan albergues y programas que brinden ayuda sicológica a las víctimas y sus victimarios.

Por último, hay que fortalecer la institución de la familia, base de la sociedad. Es indudable que en los últimos años se ha dado un gran debilitamiento de esta institución básica lo que en gran medida incide en la pérdida de los valores familiares y sociales. Hay que trabajar también con los educadores y medios de comunicación a fin de fortalecer los mencionados valores y evitar la reproducción del círculo de la violencia.

Es nuestro deber luchar porque en cada hogar costarricense haya paz, amor, y respeto. ¡Esa es la Costa Rica que debemos construir!

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