Pequeña y Microempresa

Por Antonio Álvarez Desanti
03/11/26
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Ya nos hemos referido a la importancia y a los efectos positivos de la competencia en el sistema financiero. Pero también indicábamos que, si bien la mayor competencia en el sistema financiero puede inducir a los bancos a dirigirse a los sectores de la pequeña empresa y microempresa, las características peculiares de esos sectores requieren estímulos adicionales.

La experiencia en Latinoamérica indica que la banca formal no se dedica de manera significativa a atender las necesidades de ahorro y crédito de los pequeños empresarios y microempresarios. Es más, con la tendencia de la última década de establecer regulaciones más estrictas para los bancos en materia de suficiencia de capital, calificación de cartera y desempeño financiero, la banca en general prioriza a los clientes con capacidad financiera comprobada y garantías reales suficientes, elementos que no predominan en el medio de la pequeña y microempresa.

No descartamos que el Estado deba establecer esquemas especiales de subsidios dirigidos específicamente a los pequeños y microempresarios.
Ahora bien, todo esquema de subsidios debe estar bien diseñado y estructurado desde el punto de vista de su marco legal y operativo; debe fijar límites cuantitativos máximos para los subsidios, tomando en cuenta la situación fiscal del país; debe permitir la cuantificación del monto y la verificación del destino de los subsidios, sin necesidad de incurrir en altos costos administrativos; además, salvo en casos muy excepcionales, los susbsidios deben estar ligados a aportes de los beneficiarios, ya sea en forma de ahorro previo, trabajo o servicio a la comunidad. Experiencias como las de los certificados de abono tributario (CAT) nos muestran las consecuencias de la ausencia de varios de los elementos antes señalados.

Pero al margen de la existencia de esquemas de subsidios, -por su naturaleza siempre especiales y excepcionales-, debemos abrir espacios para que el sistema financiero formal sea capaz de llegar a la pequeña empresa y microempresa; para ello, debemos reconocer las peculiaridades de estos sectores y así esas peculiaridades se reflejen en el marco regulatorio. Debemos reconocer el distinto perfil de riesgo de la pequeña empresa y microempresa y establecer requisitos de información y parámetros de clasificación de cartera adecuados a ese distinto perfil de riesgo. Esto no es del todo nuevo en nuestros medio. Desde hace varios años, la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) establece requisitos y normas más flexibles para créditos cuyo monto no exceda cierta cifra (inicialmente ¢ 5 millones, monto que se ha ajustado recientemente), tanto en lo relativo al tipo de documentación exigida al solicitante como en lo relativo a los criterios para clasificar la cartera. En cuanto a esto último, se pone énfasis en la mora como elemento de clasificación de la cartera, no tanto en la demostración de la capacidad financiera y las garantías.

Adicionalmente, si los bancos y entidades financieras formales no llegan a la pequeña y microempresa, debemos permitir que organizaciones de tipo cooperativo, comunitario, asociativo o fundacional se integren al sistema financiero formal y participen en mecanismos limitados captación de recursos (por ejemplo, de sus prestatarios o asociados) para dirigirlos al financiamiento de ese sector empresarial. Para ello, debemos buscar uno o varios tipos de figuras institucionales adecuadas, las cuales, aunque no tengan los requisitos de constitución y capital propios de un banco, sí estén regidas por normas y principios de suficiencia de capital, control de gestión, solvencia, liquidez y mantenimiento del valor real de su patrimonio. Otros países en Latinoamérica, como Bolivia y Perú, han sido exitosos en desarrollar figuras institucionales de este tipo y podemos aprender de esas experiencias.

Por otra parte, además de favorecer el acceso del pequeño empresario y microempresario al sistema financiero, el Estado debe asumir un rol mucho más activo en brindar asistencia técnica y capacitación a esos sectores, utilizando para ello mecanismos institucionales existentes, tales como el Instituto nacional de Aprendizaje, el IMAS y el Programa Nacional de Apoyo a la Micro y Pequeña Empresa adscrito al Ministerio de Trabajo y seguridad Social, y promoviendo la integración del trabajo de los pequeños empresarios y microempresarios con firmas de mayor tamaño, incluyendo las compañías establecidas en zonas francas y otros regímenes especiales de exportación.

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