


La aprobación de la Ley de Solidaridad Tributaria, -como están planteadas las cosas a nivel de la Asamblea Legislativa- pareciera requerir de manera urgente un Plan B.
Las manifestaciones de las fracciones de oposición son expresas y coincidentes en contra de la propuesta legislativa, lo que amerita replantear el proyecto de manera que pueda atraer aliados que sumen sus votos para lograr la aprobación de la reforma.
Además, se suma la noticia de que un bloque de treinta y un diputados alcanzó un acuerdo para que un representante del Partido Acción Ciudadana se convierta en el próximo presidente del Congreso a partir del primero de mayo, situación que de confirmarse pondrá más duro el camino para esta enmienda tributaria.
Esta situación es grave. El país necesita una reforma tributaria capaz de elevar la recaudación de recursos por parte del gobierno, y que recaiga sobre las espaldas de los grupos más acomodados de la sociedad y en beneficio de la colectividad.
Si el gobierno no tiene dinero no podrá desarrollar la infraestructura que requerimos, ni invertir en los programas sociales para promover la movilidad y el ascenso social, la educación, la salud, la seguridad ciudadana, entre otros.
Creer que el problema se soluciona con el recorte al gasto público es un error y un análisis superficial y cortoplacista, por varias razones: a) se considera gasto muchas erogaciones que son inversiones (educación, infraestructura); b) se ahonda, cual círculo vicioso, en un Estado cada vez mas ineficiente e inoperante; y c) se recorta de manera indiscriminada sin establecer verdaderas prioridades, lo que lleva a eliminar tanto lo superfluo como lo importante. Con esto no defiendo el despilfarro de recursos públicos ni su mala utilización, ambos deben eliminarse tanto en épocas de vacas flacas como de gordas, es una máxima de eficiencia operativa.
La situación es más grave, tal y como lo señala la Contraloría General de la República, dado que el déficit del sector público consolidado al año 2010 es de un 6,5% del PIB y la propuesta inicial del gobierno recaudaría un 2,5% del PIB, lo que la hace ya de por si insuficiente. En otras palabras todo el esfuerzo político para promoverla no solucionará la situación en rojo de las finanzas públicas. Esto hay que solucionarlo.
Es importante que el Plan B elimine algunas propuestas del gobierno incluidas en el plan original totalmente negativas y regresivas, como poner impuesto de ventas a la educación y a la salud. En el caso de la educación ya es de por sí importante el esfuerzo de las familias para cubrir una matrícula para que adicionalmente se le recargue un impuesto; y en el caso de la salud debe destacarse que buena parte de la población usuaria de los servicios privados lo hace no por gusto, sino por las filas y problemas de sobra conocidos en los programas de salud pública. Es un serio error de apreciación creer que son los ricos exclusivamente quienes utilizan los servicios médicos privados.
Ante esto, adicionalmente cabe una pregunta: ¿Puede el sector público asumir a todos aquellos que están en la educación y salud privada? Por supuesto que no. Por el contrario, al no ser usuarios de estos servicios públicos ya están ayudando bastante a las finanzas públicas.
Como ciudadanos responsables debemos apoyar y ayudar al gobierno en esta tarea y dentro de esa línea el primer consejo es: no basta hablar y explicar la propuesta a la sociedad civil y a las otras fuerzas políticas, es necesario llegar a acuerdos sobre el contenido del proyecto y es necesario hacerlo sobre la base de un Plan B, que imaginamos y esperamos ya se haya elaborado.
Tomado de: http://costaricahoy.info/opinion/foro/sin-rodeos-plan-b-al-plan-fiscal/93574/