Durante muchos años hemos hablado de la existencia de una crisis seria en el sistema presidencialista y de que además se le ha cargado la mano a la Asamblea Legislativa como la gran responsable de buena parte de esa crisis. Se afirma con insistencia en que se debe reformar el Reglamento Interno del Congreso para que este órgano funcione de manera eficiente, entre otras ideas de reforma. No obstante, a pesar de que hemos defendido muchas de ellas, la verdad todas terminan siendo parches que no llegan al fondo del problema.
Por esa razón desde hace varios años hemos venido escribiendo sobre la necesidad de reestructurar nuestro sistema presidencialista para pasar a uno parlamentario, propio de las democracias europeas más consolidadas. Aun cuando no hemos encontrado eco y buenos aliados en esta idea, la verdad consideramos que vale la pena reconsiderarla y ponerla en la discusión nacional. Por ello aprovechamos la atenta invitación de la ya consolidada Revista Surco para regresar sobre este tema.
Es importante que valoremos algunas de las limitaciones del sistema presidencialista:
· Cuatro años no son suficientes para un buen gobierno.
· Cuatro años son mucho tiempo para soportar un mal gobierno.
· En cuatro años es difícil desarrollar políticas de largo plazo.
· La elección de diputados por listas elimina la capacidad del votante para escoger a sus representantes. La opción que ofrece es: voto por todos o ninguno.
· Las listas vienen con un orden que el votante no puede cambiar.
· Los diputados en la realidad no los elige el pueblo los elige una mayoría de asambleístas en los partidos políticos (mayoría que puede ser menor a cien personas), por cuanto es seguro que los primeros siete lugares de la papeleta por San José de Liberación Nacional y los primeros cuatro candidatos de la papeleta del Partido Acción Ciudadana o de cualquier partido mayoritario ya están electos diputados desde que se les designa.
· El sistema actual deja cantones sobre representados y otros sin representación.
· Por ejemplo: San Carlos, Pérez Zeledón, Cantones centrales de Alajuela Puntarenas, Heredia y San José tiene varios diputados y una inmensa mayoría de cantones carece de representación.
· Funciona mejor con el bipartidismo y no es amigable al multipartidismo.
· Los acuerdos políticos son voluntarios y no hay consecuencias si no se cumplen.
Consideramos que el sistema parlamentario tiene una cantidad importante de ventajas que podrían ser aprovechadas en una democracia madura como la costarricense. A partir de su funcionamiento en otros países podemos hacer buen uso de esas experiencias. Por ejemplo:
· Un buen gobernante puede durar muchos años en el cargo, tal el caso de Margaret Tatcher en Reino Unido, Helmut Kohl en Alemania, Felipe González en España. Ellos superaron sobradamente más de una década en el poder, lo que le da estabilidad a las políticas públicas.
· Un mal gobierno dura poco tiempo. Varios Primeros Ministros en Italia no completaron el año en su cargo.
· La votación por distritos electorales obliga a los candidatos a dar la cara, presentar un programa y a rendir cuentas si quieren ser reelectos. Pesa tanto el candidato como el partido.
· La necesidad de que se constituya una mayoría parlamentaria obliga a que se llegue a acuerdos políticos y si esta no se alcanza se disuelve el parlamento y van nuevamente a elecciones. Lo que es un costo político que los partidos no se pueden dar el lujo de asumir.
· Los acuerdos son públicos y transparentes y se les ve como “políticamente correctos” con lo que se evita la satanización que han sufrido en nuestro sistema político.
· Por esa característica es un sistema altamente razonable para una sociedad multipartidista como es la Costa Rica actual.
· La oposición se opone, pero sabe que tiene un límite porque se puede llamar a elecciones anticipadas y si el pueblo está a disgusto con lo actuado, disminuirá su presencia en nuevas elecciones. Igualmente el gobierno debe valorar esa variable porque si pierde apoyo y se le somete a una moción de censura debe renunciar y llamar a elecciones.
· Contrario a lo que se podría pensar, el control político es permanente dado que el Primer Ministro y los miembros de su gabinete son emplazados cotidianamente a explicar sus actuaciones.
Por supuesto no todos los sistemas parlamentarios son iguales, dado que algunos están basados en monarquías como el inglés y el español, pero no así otros, tal el caso del alemán y el italiano. Señalamos por ello que no todos tienen las mismas características y reglas de operación interna. De allí que la lista anterior solo pretende ser un enunciado de carácter general.
Poniendo ambos sistemas en la balanza y haciendo una valoración a la realidad costarricense, nos atrevemos a defender la idea de que nos enrumbemos hacia una democracia parlamentaria. Nuestro sistema está maduro y puede dar ese paso. La realidad es que a como estamos con un país ingobernable, con la pérdida de confianza en los partidos políticos que son el vehículo del ejercicio democrático, debemos pasar sin duda a un sistema que pueda volver a generar credibilidad al votante en medio de posibles resultados positivos visibles mediante esta reforma.
Necesario destacar que una reforma al sistema de gobierno que no haga cirugía mayor en la Asamblea Legislativa, no va causar las transformaciones que el país demanda. De allí que el pasar el periodo presidencial de cuatro a cinco años, o el establecer la figura del Primer Ministro para citar solo dos reformas que algunos han promovido, no transformarán nuestra estructura de poder dado que dejan incólume nuestro sistema legislativo.
La implementación de esta propuesta no es sencilla y como todo tendrá sus opositores. La primera y más importante es cómo constituir los distritos electorales. Es ahí donde cada partido hará sus números para definir si con el cambio del sistema, su peso electoral se verá afectado y su porcentaje de representación disminuirá. Y es lógico que hagan este análisis. Aunque será imposible tener una demarcación territorial que sea del agrado de todos, si podría buscarse un sistema de representación nacional paralelo a las circunscripciones electorales para nivelar las fuerzas políticas y garantizar alguna representación de los actuales actores políticos. Esto debe verse como el peaje a pagar por la transición al sistema parlamentario. Otra de las críticas que se le puede señalar a la reforma, es que no necesariamente garantizará la proporcionalidad por género dado que al votarse entre tantas circunscripciones no se puede operar la alternabilidad, lo que sí permite el odioso sistema de listas actual.
Un instrumento a utilizar para enfrentar las críticas puede ser el plazo de incorporación de la reforma, de manera que rija para dentro de las próximas dos elecciones nacionales, lo que significa, a manera de ejemplo, que si se votara en este momento entraría en vigencia en el 2018, lo que permite a todos los partidos políticos, sin excepción, prepararse y tomar las acciones necesarias para adaptar y constituir una base electoral frente al nuevo sistema y además promover la participación femenina para que no disminuya y por el contrario pueda aumentar.
Parte de lo que debemos aprender los ticos es que las cosas se pueden hacer gradualmente, eso sí, iniciando ya. Muchos entienden la gradualidad como patear la bola hacia delante, cosa muy distinta a lo que proponemos, vale decir, tomar las definiciones de inmediato y dimensionar su aplicación paulatinamente en el tiempo.
Hay un elemento a considerar y debe estudiarse a profundidad. Consiste en determinar si esta reforma puede hacerse por la Asamblea Legislativa como poder constituyente de acuerdo al artículo 195 de la Constitución Política o si es necesario convocar a una Asamblea Constituyente. Esto último definitivamente complicaría más su trámite. La duda deviene de la teoría de las normas pétreas e inmutables que son aquellas que solo las puede modificar una Asamblea Constituyente como poder originario y de la jurisprudencia de la Sala Constitucional en cuanto al establecimiento de los límites a las reformas parciales que se han analizado en varios fallos de ese tribunal.
Podemos concluir diciendo que la democracia puede no ser el mejor sistema político, pero sin duda es, de los que conocemos, el más apropiado. Pero no debemos creer que se cuida y fortalece sola, muy al contrario requiere de muchas acciones de nuestra parte. Hoy en día la democracia costarricense requiere replantearse muchas de sus instituciones y de eso se trata este artículo; de que estudiemos el sistema parlamentario y veamos sus ventajas y problemas, al final si concluimos que es mejor que el presidencialista, debemos luchar por hacer el cambio institucional y dotar de un mejor país a las futuras generaciones.
