En el año de 1996 como presidente de la Asamblea Legislativa, apoyado por otros estimables compañeros y compañeras diputados y por distinguidos ciudadanos, impulsé la promulgación de la Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad, la que al final fue aprobada en esa legislatura.
El convertir en ley esta iniciativa nos llenó de estímulo e ilusión. Estábamos convencidos de que implicaba llevar un poco de justicia a un sector social que ha enfrentado sacrificios mayores, discriminación; y al que se le dificulta la incorporación real y efectiva a la sociedad.
La ley promueve una serie de obligaciones a cargo del Estado. Ente otros, debe incluir en planes, políticas y programas los principios de igualdad de oportunidades y accesibilidad a los servicios. Instalaciones, bienes y servicios accesibles para las personas con discapacidad. Eliminar acciones que promuevan la discriminación. Apoyar las organizaciones del sector. Facilitar la permanencia en la familia de quienes presentan discapacidad. Garantizar a quienes no cuentan con una familia los medios para desarrollar una vida digna y autónoma. Divulgar los alcances de la ley.
De igual forma la ley establece acceso oportuno a la educación, incluyendo la universitaria, de todas las personas independientemente de su discapacidad. Facilidades para tratamientos, hospitalización y convalecencia y acceso a trabajos de acuerdo con sus condiciones. Regulaciones para promover en los programas educativos actitudes de respeto a la dignidad de las personas con discapacidad.
Establece también la ley disposiciones técnicas en construcciones, edificios, aceras, ascensores, parqueos, servicios sanitarios, parques, transporte remunerado de personas, taxis, bibliotecas, teléfonos, etc., y así facilitar su utilización y disfrute sin discriminación alguna. Lamentablemente ocho años después, en la mayoría de sus regulaciones la ley es letra muerta sin ninguna implementación. Resulta increíble la inactividad estatal para cumplirla, el desinterés de políticos y funcionarios que solo se acuerdan del sector cuando hay procesos electorales, pero sin ninguna sensibilidad para cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias a la hora de ejercer sus cargos.
Las estadísticas nos indican que existe entre un 5% y un 9% de nuestra población con problemas de discapacidad, condición más difícil de sobrellevar para los grupos de escasos recursos, quienes en muchos casos carecen de condiciones básicas, algunas tan elementales como nutrición, acceso al agua potable y sistemas de alcantarillado. En un buen número de casos son mujeres valientes las cabeza de familia que deben asumir el cuido.
El problema de la discapacidad nos lleva a otra área de nuestra vida nacional que ha caído en el más absoluto abandono: los programas sociales en general. Esto denota una línea de pensamiento de nuestros últimos gobiernos: anteponer lo puramente económico sobre las otras ramas de la vida en sociedad. Dentro de esta mentalidad el buen gobierno es el que recorta el gasto público, no el que invierte en desarrollo humano. Esta equivocada teoría ha marcado un retroceso en la calidad de vida de los costarricenses.
Este es un buen ejemplo de lo mal que estamos haciendo muchas cosas y de lo imperativo que es buscar un cambio en el acontecer nacional. Este país creció y se desarrolló porque supo entender que la distribución de la riqueza, la solidaridad y el rol del Estado, apoyando el bienestar del mayor número son fundamentales, por eso debemos volver a nuestros orígenes y construir a partir de ahí la Costa Rica del futuro.
