


Desde esta columna he insistido en varias oportunidades de la necesidad como conglomerado social de tender la mano a las personas que sufren alguna discapacidad y a las familias a las que pertenecen. La atención a los problemas de esta naturaleza justifican la comprensión de que no estamos ante acciones individuales de las personas que los padecen, sino por el contrario que hay una responsabilidad de la sociedad como un todo.
En otras palabras debemos tener una máxima: cada caso nuevo de discapacidad en el país demanda una respuesta de la colectividad y no de la familia en forma individual.
Pero frente a esta afirmación es válido preguntarnos ¿cuál es la respuesta que el país está dando? Resulta triste responder que en la mayoría de los casos es prácticamente inexistente.
La CCSS carece de programas especiales y en muchos casos no otorga respaldo a los pacientes frente a enfermedades degenerativas,. Cuando lo ha dado, ha sido gracias a gestiones judiciales presentadas y por sentencias condenatorias.
Cuando promulgamos la Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad, número 7600 de 2 de mayo de 1996, la cual tengo el honor de haber firmado como presidente de la Asamblea Legislativa e impulsado con un notable grupo de diputados y ciudadanos, teníamos la esperanza de dar con dicha ley un cambio en la actitud institucional y en el respaldo al sector. La citada ley establece una serie de obligaciones a cargo del Estado, entre otros, que incluya en planes, políticas y programas los principios de igualdad de oportunidades y accesibilidad a los servicios; instalaciones, bienes y servicios accesibles para las personas con discapacidad; eliminar acciones que promuevan la discriminación; apoyar las organizaciones del sector; facilitar la permanencia en la familia de quienes presentan discapacidad; acceso oportuno a la educación, incluyendo la universitaria, de todas las personas, independientemente de su discapacidad; facilidades para tratamientos, hospitalización y convalecencia y acceso a trabajos de acuerdo a sus condiciones.
Hoy casi nueve años después es necesario reconocer que poco se ha hecho y que el país sigue en deuda con esta importante población. Esa situación no debe persistir.
Debemos implementar la ley y apoyar al sector de manera decidida. En la CCSS se deben brindar todos los servicios generales y especiales que el paciente requiera. En el IMAS se deben aumentar las ayudas económicas y debemos restituir la exoneración de impuestos aunque se limite exclusivamente a vehículos especiales, para evitar abusos. Con esto revertiremos la tendencia de abandono e indiferencia e iniciaremos una era de justicia para quienes padecen alguna discapacidad y tienen el derecho de que la sociedad les garantice una vida digna.