

Acta Ordinaria N.0 70 De 10-9-2015
Prometí a los compañeros no hablar más de diez minutos para que procedamos a clausurar la sesión y seguir con nuestras obligaciones después de las seis de la tarde.
Yo hoy quiero referirme al tema del decreto que firmó el señor presidente sobre la fertilización in vitro.
Debo de decir que, así como he criticado en esta curul al presidente de la República, hoy debo reconocerle su actuación consistente y valiente; consistente porque al presidente de la república le corresponde representar a Costa Rica y defender sus derechos y sus intereses como país y en este momento Costa Rica se encuentra en mora ante la justicia internacional al no cumplir con el fallo de una sentencia dictada por la Corte lnteramericana de Derechos Humanos.
He oído los discursos de muchos compañeros hablando y entrando en discusiones sobre los temas de fondo, pero la realidad es que en un régimen de derechos las sentencias solo tienen una consecuencia y esa consecuencia es que hay que cumplirlas.
Si nosotros autorizamos en la sociedad costarricense a cada uno de nosotros para cuestionar una resolución judicial que tiene carácter de firme o de firmeza, el país y el sistema simplemente colapsa y entramos en la anarquía.
El ordenamiento jurídico es uno solo y ese ordenamiento jurídico nos obliga a respetar las resoluciones judiciales; claro que cada quien desearía que todas sean a su favor, pero es una mala y muy mala práctica aplaudir aquellas sentencias que nos dan la razón y criticar las que no nos la dan.
Costa Rica es un país sin ejército. Nuestra fortaleza en el mundo es el Estado de derecho.
Si nosotros irrespetamos el Estado de derecho y no aceptamos los resultados de las cortes de justica nacionales e internacionales, este país queda a la absoluta indefensión en la comunidad de las naciones.
¿Qué va a suceder cuando venga el fallo sobre el caso de la Isla Portillos Calero, cuando se condene al Gobierno y a Nicaragua a cumplir una resolución por las violaciones al derecho interno de Costa Rica y consecuentemente al derecho internacional?
Si nosotros sentamos los precedentes de que cumplimos unas sentencias hoy y otras no, mañana los vecinos harán exactamente lo mismo; así como Costa Rica escoge cuál fallo de la Corte cumple, cuál fallo de la Corte no cumple, así lo podrían hacer ellos.
Nicaragua también considera que aquí hay violaciones a principios sagrados, religiosos, del amor, del corazón, de los límites de los tratados y de cuantas razones internas podamos sacar, ESTA FRASE ES CONFUSA y estamos nosotros entonces legitimando el incumplimiento de un fallo dictado por una corte de justicia internacional.
En este caso, podemos tener discrepancias y puntos de vista diferentes sobre lo que la Corte resuelva el día de mañana en los casos sobre las personas detenidas en Venezuela, el caso de Leopoldo y otras personas; podemos tener reservas o tener ideas diferentes sobre la condena para que se resuelvan, se devuelvan frecuencias y se permita el funcionamiento de una y otra entidad dentro de Venezuela, pero no nos queda más que cumplir y respetar lo que se decida en esos fallos judiciales.
Si hubiéramos tenido un fallo de la Sala Constitucional igual al que dictó la Corte lnteramericana de Justicia, tendríamos también aquí a la gente diciendo que la Sala está violando la Constitución Política, está atentando contra la vida y que la Sala está violando principios que la misma Constitución establece.
No, compañeras y compañeros, eso no se puede hacer, en un régimen de derecho los fallos los podemos discutir en las universidades, podemos hacer foros, podemos discutir y criticar lo que se diga, pero no es discutible la obligación de cumplir con esas resoluciones.
Y el Estado de Costa Rica está incumpliendo esa resolución, le está tomando el pelo a la justicia internacional y les está tomando el pelo a los costarricenses, y quien lo está haciendo es este órgano legislativo al no sacar una legislación en tiempo, oportuno y con las regulaciones que corresponde.
Nosotros los defensores de la vida que hemos estado impulsando este proyecto, porque creemos en la vida, y porque creemos en el derecho de las mujeres que quieren ser madres, y tienen el derecho de ser madres, y que hay una técnica que les permite cumplir su deseo, y que hemos luchado por el nacimiento de esas niñas y niños que creemos tienen el derecho de venir al mundo, y de poder obtener las ventajas de los tratamientos que da hoy en día la ciencia, hemos querido que se regulen en esta Asamblea Legislativa.
¿Por qué hemos querido su regulación?, porque no hemos querido abusos, porque no queremos ver venta de vientres, porque no hemos querido una aplicación inescrupulosa de las técnicas. Por eso hemos querido promulgar una legislación.
Pero como lo dice el voto salvado redactado por doña Nancy Hernández y aquí haríamos mal nosotros diciendo que no reconocemos el voto de mayoría de la Sala, que nos quedamos con el voto de minoría; cuando se está frente a derechos humanos, no se necesita una ley que los venga a dar, los derechos humanos están ahí y valen per se, por sí mismos, sin necesidad de la existencia de una ley, porque los derechos humanos están por encima de la ley, y esa es la riqueza del nuevo ordenamiento jurídico: otorga los niveles a los convenios y a las sentencias de cortes internacionales.
Entonces, siendo así, quienes abogamos por la vida y por respeto a la vida hemos querido defender una legislación capaz de establecer una regulación seria y responsable para que se aplique en Costa Rica.
Lamentablemente no hemos podido concluir el proceso, y el presidente de la República en esta actuación, -una actuación responsable y valiente, valiente porque hay sectores fuertes que se oponen, y que han tenido éxito oponiéndose a este proyecto-, ha tomado la decisión de que al final -como lo ha dicho la Corte- el que tiene que poner y levantar la aplicación de la prohibición de la fertilización in vitro en Costa Rica es el Estado costarricense, y el presidente está actuando ante una misión del Poder Legislativo con una resolución del Poder Ejecutivo que levanta la prohibición y que permite que se pueda aplicar la técnica en Costa Rica.
Y repito, y no me cansaré de repetirlo, una técnica prohibida solo para la gente que no tiene dinero, una técnica prohibida solo para las personas de escasos recursos, porque las personas con recursos pueden irse del país como lo han hecho a aplicarse el tratamiento.
Aquí es una discriminación por dinero, y eso es muy doloroso. En este país las mujeres que no tienen acceso a una fertilización in vitro son las que no tienen recursos económicos, las que los tienen viajan a Colombia, Panamá o a los Estados Unidos, y ahí es donde estamos cometiendo una de las peores injusticias.
Y termino con dos comentarios rápidos, compañeras y compañeros, lo que hace la Caja Costarricense de Seguro Social al dar cifras astronómicas de lo que costará a la Caja cada tratamiento es una llamada de atención para nosotros.
Hoy se habla de ochenta millones de colones, un tratamiento por parte de la Caja, aquí algunos han dicho doscientos mil dólares, y lo que se sabe es que tiene como costo en las clínicas privadas una suma menor a los diez mil dólares.
Si efectivamente son cinco millones de colones, frente a ochenta millones de colones que dice la Caja que van a costar los procedimientos, si esos son los números de la Caja, ahora yo entiendo por qué hay filas en la Caja, ahora yo entiendo por qué el dinero no alcanza en la Caja, ahora yo entiendo por qué tenemos los problemas en esta institución.
Y me parece irresponsable que la Caja Costarricense de Seguro Social esté dando esas cifras, y si esas son las cifras, vamos a tener que pensar entonces en que la Caja contrate servicios externamente en donde costaría un cinco por ciento de lo que cuesta un tratamiento a la Caja.
Y llamémosle la atención a esta institución, porque aquí sabemos que todas estas cifras es un veto encubierto, es una forma encubierta de obstaculizar lo que es una sentencia que se tiene que cumplir, y ahora es con el tema de los costos que se quiere obstaculizar esa sentencia.
Y debemos de sentar las responsabilidades del caso y exigir que la Caja afine sus números y si no que quienes están al frente de la institución, se vayan y la puedan manejar personas con capacidad para poder manejar los costos y el funcionamiento de una institución tan grande y tan complicada como esa.
Y termino en treinta segundos, diputado presidente, con una llamada de atención para las próximas legislaciones y que se deben tomar también en otras materias, me refiero a los derechos de las parejas del mismo sexo, en la medida en que esta Asamblea Legislativa siga obstaculizando este proceso vamos a ver a la vuelta de la esquina que los derechos se le van a reconocer a las parejas del mismo sexo brincándose el paso por la Asamblea Legislativa.
Yo me tomé el tiempo para leer la sentencia del juez que autorizó la unión de hecho para una pareja homosexual y que se encuentra en este momento impugnada ... o no, perdón, no se puede impugnar, pero que por medio de la impugnación a la Ley de la Personas Joven y los derechos de la unión de hecho de las personas jóvenes, se espera anular este fallo.
Debo decirles lo siguiente y con la mayor objetividad del mundo, como abogado, si el juez no hubiera citado la Ley de la Persona Joven esa sentencia por sí misma tiene todo el peso jurídico, el juez está haciendo lo que se llama una aplicación de los principios de convencionalidad, que la misma Sala Constitucional dice que los derechos que se dan por convenios internacionales y los derechos en aras de mejorar y ampliar los derechos humanos de las personas contenidos en instrumentos internacionales son de aplicación inmediata en Costa Rica.
Y el juez lo que está diciendo es, los principios de convencionalidad, ya reconocen los derechos de las personas de las parejas del mismo sexo, y por lo tanto con los principios de convencionalidad nosotros podemos otorgar los mismos derechos a las parejas del mismo sexo en Costa Rica.
Eso, compañeras y compañeros, debe ser una llamada de atención porque lo peor que le puede pasar a Costa Rica, no por la vanidad de las cincuenta y siete personas aquí sentadas, sino por el respeto a la institucionalidad costarricense, es que los cambios en esta sociedad se siguen haciendo pasándole por encima a la Asamblea Legislativa, o como diríamos en la jerga deportiva, con un gol por la horqueta brincándose a la Asamblea Legislativa.
Eso es lo peor que le puede pasar a la institucionalidad costarricense, que este órgano llamado a ser el Primer Poder de la República caiga en el desuso, porque otros instrumentos judiciales y administrativos e internacionales terminan brindando las decisiones que le corresponden a esta Asamblea Legislativa.
Por eso, yo felicito al presidente de la República, con la misma firmeza que aquí lo he atacado, hoy con esa misma firmeza le reconozco su valor, su consistencia de haber sacado este decreto, y hoy le digo a las demás compañeras y compañeros que no se repita esto con los temas de los derechos humanos de las personas homosexuales, porque igual resultado se va a tener si nosotros no cumplimos con nuestra responsabilidad como legisladores.