Acta Sesión Plenaria No. 1 Del 1° de Mayo de 1995

Ruego a los señores diputados ocupar sus curules y ponerse de pie, para leer el acuerdo de apertura del segundo período de sesiones ordinarias.

"En uso de las facultades que le confieren los artículos 116 y 121, inciso 2 de la Constitución Política y 14 de su Reglamento, acuerda: Artículo Único: Declarar abierto el primer período de sesiones ordinarias de la segunda legislatura. Asamblea Legislativa. San José. Al primer día del mes de mayo de mil novecientos noventa y cinco. Publíquese. Antonio Álvarez Desanti, Presidente. Álvaro Azofeifa Astúa, Primer Secretario. Manuel Barrantes Rodríguez, Segundo Secretario."

Compañeros diputados, quiero iniciar estas palabras agradeciéndoles la confianza que me han dado al elegirme como Presidente del Primer Poder de la República.

Quiero, muy especialmente, agradecer y reconocer a los miembros del anterior Directorio Legislativo que, con gran acierto, encabezó don Alberto Cañas Escalante y los demás compañeros.

Don Alberto, usted honró con su presencia esta silla que hoy me corresponde ocupar. Los demás compañeros dieron lo mejor de cada uno de ellos para lograr que en esta Asamblea Legislativa caminaran las cosas cada día mejor.

Quiero felicitarlos y aplaudirlos por las políticas de austeridad que impulsaron desde su paso por este Directorio, compromiso que nosotros asumimos y aumentaremos según lo iremos conversando a lo largo de este año.

Queridas compañeras y compañeros diputados, hemos terminado un año de labores en este Congreso. Durante este período tuvimos la oportunidad de aprender y de conocernos, de saber cada uno de nosotros cuál es la forma en que trabajamos en esta Asamblea Legislativa, de poder contrastar los sueños y los ideales que traíamos cuando nos eligieron, con la realidad de las labores cotidianas. Tuvimos un año en el que nos conocimos unos a otros, en el que vimos nuestros defectos y nuestras virtudes. Tuvimos un año en el cual fuimos a nuestras comunidades a decirles qué hicimos y qué no hicimos.

Hoy en día, estamos en las puertas del inicio del segundo año en nuestra función como diputados; es el momento propicio para que pensemos y analicemos en forma crítica lo que hicimos y para que planeemos en forma seria lo que sigue.

Es el momento, quizá, en que debemos llegar a nuestra conciencia y pensar muy a fondo si existe esa coincidencia entre lo que dijimos y lo que hicimos, y si no logramos esa coincidencia entre lo que dijimos y lo que hicimos, es el momento de analizar qué debemos corregir para que podamos alcanzarla.

Es el momento de que analicemos también ciertas irracionalidades que pasan en la Asamblea Legislativa. Cuando llegamos aquí, me dio la impresión que desde que cruzábamos la puerta y entrábamos en este sagrado recinto, quedábamos ya todos nosotros etiquetados y uniformados, con un condicionamiento que dependía de que fuéramos diputados de gobierno o de que fuéramos diputados de la oposición.

Pareciera que en el juego legislativo, a través de tantos años de historia de este Poder de la República, cada vez que se inicia un periodo, la oposición debe jugar un rol ya predeterminado y el partido de gobierno debe jugar un rol también predeterminado: El partido oficialista a aplaudir y el partido de oposición a oponerse. Pareciera que existen condicionamientos ya establecidos previamente por el sistema, que incluso muchas veces hace que cambiemos lo que hemos dicho en el pasado cuando hemos estado en el Gobierno, con lo que decimos cuando estamos en la oposición. También, de manera inversa, opera la misma costumbre: Lo que criticábamos cuando estábamos en la oposición, lo aplaudimos cuando llegamos al Gobierno.

El Primer Poder de la República no puede vivir y desarrollarse por conductas condicionadas: sí somos oposición es una cosa y si somos diputados de gobierno es otra; es importante que nosotros analicemos esos actos que a la luz resultan altamente irracionales en las conductas desarrolladas en esta Asamblea Legislativa.

Cuando hablo de esas conductas irracionales, les digo que todavía no termino de entender cómo es posible que en este Plenario debamos dedicar larguísimas horas de lectura a dictámenes de proyectos y de comisiones; cómo es posible que tengamos muchas veces hasta tres dictámenes en lectura, cada uno ya con lecturas iniciadas y avanzadas que quedan pendientes para seguir cuando el asunto vuelva al primer lugar en el orden del día del capítulo correspondiente.

No puede ser que 57 personas electas en forma democrática, honesta y convencido el pueblo de que éramos quienes debíamos trabajar aquí, tengamos que dedicar buena parte a la pérdida del tiempo en labores como esa. No es posible que nosotros nos rasguemos las vestiduras hablando ante los problemas del narcotráfico y la penetración de este terrible mal en la sociedad costarricense, y sin embargo, la Ley de Intervenciones Telefónicas durara tantos años para ser aprobada en la Asamblea Legislativa.

Queridas compañeras y compañeros, estas irracionalidades, de las cuales yo he sido parte también con ustedes, y no me excluyo sino me incluyo, debemos irlas corrigiendo paulatinamente. El Primer Poder de la República requiere una evolución y una transformación desde sus propias raíces y a nosotros como diputados nos corresponde iniciar y fortalecer ese proceso.

Me parece que debemos diseñar la idea de una nueva Asamblea Legislativa. Hoy en día, como les dije cuando inicié estas palabras, ya pasamos el periodo del aprendizaje y del conocimiento; nuestros errores del primer año, pudieron ser producto del proceso del aprendizaje, pero nuestros errores del segundo año y de los siguientes, el pueblo de Costa Rica deberá cobrárnoslos con gran vehemencia, porque ya no tenemos la excusa del novato y debemos tener la madurez del diputado experimentado, para hacer los cambios que se requieren.

La Asamblea Legislativa no puede ir detrás del desarrollo social; la Asamblea Legislativa no puede ser el obstáculo para la reforma necesaria que necesita Costa Rica. El Congreso, en el origen de la democracia, se concibió precisamente para que el pueblo manifestara su voluntad a través de quiénes elegía, pero para que aquellos selectos hicieran lo que el pueblo necesitaba oportuna y cumplidamente.

Esta Asamblea Legislativa debe asumir esos nuevos retos, debemos ver los horizontes de los años venideros y debemos trabajar para cambiar ese concepto y fortalecer la concepción de un parlamento moderno.

Los 57 estamos en capacidad de hacerlo, pero más que en capacidad de hacerlo, tenemos la responsabilidad moral que el pueblo nos delegó, para que luchemos y lo alcancemos.

Aspiro a que durante este año, en el cual ustedes me han honrado con la presidencia, podamos realmente sentar las bases de esa transformación en el Primer Poder de la República.

El éxito de ese ideal no será un éxito de personas, sino del Congreso en su totalidad, y el fracaso de ese ideal, no será un fracaso de personas, sino el fracaso del Congreso en su totalidad.

No podemos perder esta oportunidad histórica. He dicho con mucha insistencia, que parece imposible que en muchas oportunidades nosotros entramos en discusiones politiqueras, o en discusiones no del más alto nivel político, defendiendo más nuestras banderas político-partidistas, que las prioridades legislativas y en esto, compañeras y compañeros diputados, me incluyo entre quienes hemos cometido esos errores.

No significa que quienes estamos en el Directorio vemos el error de los demás, sino también la responsabilidad nuestra. He sido tan responsable y tan cómplice como cualquier otro de los 56 diputados. Esta no es una intervención de reprimenda, es un acto colectivo de contricción a lo que yo les llamo.

Hemos estado aquí en muchas oportunidades, y permítanme cuando menciono aquí en muchas oportunidades ya no limitarme a los actuales 57 compañeros, sino a las anteriores Asambleas Legislativas, a quienes han ocupado estas curules también en el pasado.

No me explico cómo hemos aceptado en muchas oportunidades los rompimientos del quórum, el obstruccionismo, el filibusterismo parlamentario, sin pensar que mientras tenemos discusiones de carácter político que no hemos podido llegar a resolver, podríamos estar sacando la legislación ordinaria que el país necesita. ¿Por qué cuando nos peleamos sobre los PAE y discutimos sobre ellos, mientras resolvemos las disputas político-partidistas, no traemos al primer lugar del orden del día leyes como la lucha contra la violencia doméstica? Mientras nosotros nos desgarramos aquí entre discusiones de carácter político-partidista, fuera de este recinto, en muchas calles, barrios y caseríos de este país, existe el maltrato a los niños como una de las peores acciones criticables y castigables en la sociedad costarricense.

Mientras nosotros nos hemos estado oponiendo aquí a la marcha de las leyes, obstruyendo el avance de los proyectos, en este Congreso duró más de diez años un informe que firmó la diputada María Lydia Sánchez, para proteger a la niñez costarricense cuando estuvo en esta Asamblea Legislativa en 1982-86,. Y en esta Asamblea Legislativa, durante todos esos años, dimos prioridad a otras cosas, obstruimos la marcha legislativa, y no nos importó saber que con nuestra inacción, fuimos cómplices por omisión del daño, el maltrato y el homicidio de muchos niños, criaturas realmente indefensas, ante las cuales la Asamblea Legislativa no tomó ninguna acción.

Hablo de la violencia doméstica y del maltrato a los niños, pero podríamos mencionar cantidad interminable de leyes, queridas compañeras y compañeros. Hago un llamado hoy para que este proceso que iniciamos en la Asamblea Legislativa, tenga presente siempre las prioridades de reformas que el país necesita y para que cuando tengamos esas grandes disputas políticas, normales en los parlamentos, que enriquecen las democracias y nos diferencian de las dictaduras, no por ello obstaculicemos la marcha de la legislación ordinaria que el país necesita.

Compañeras y compañeros diputados, quiero insistir en que pondremos un gran énfasis en cuatro áreas durante este año que iniciamos. Vamos hacia la reforma administrativa en la Asamblea Legislativa. El Primer Poder de la República tiene que ser eficiente y tiene que reformarse contemplando las políticas modernas de administración. Trabajaremos incansablemente por dejar una Asamblea Legislativa eficiente y daremos una lucha interminable por alcanzar la austeridad del trabajo legislativo. Y que no vengan a robarse la bandera de la lucha por la austeridad, porque ese es un compromiso de 57 diputados y no es un compromiso independiente de nadie y sobre esa lucha, vamos a buscar la economía y la eficiencia y vamos a demostrarle a Costa Rica que el dinero del pueblo se aprovecha, y se aprovecha eficientemente. Vamos a luchar y a eliminar los gastos superfluos, pero en la realidad, no como simples banderas, sino como verdaderas decisiones. No es este tema para estar levantando tribunas, es tema para llevarlo a la práctica, como lo inició usted, don Alberto, con su honestidad y con su personalidad, y como lo vamos a continuar nosotros en una forma más profunda.

La austeridad es bandera del nuevo Directorio de la Asamblea Legislativa; bandera que sostiene el resto de los compañeros que integran el Primer Poder de la República. Vamos, compañeros, a buscar la reforma al Reglamento Interior de la Asamblea Legislativa. Nuestro Reglamento siempre se desarrolla dentro de la casuística, si soy diputado de gobierno, lo veo desde una óptica, y si soy diputado de oposición, lo veo desde otra óptica.

Nuestro Reglamento Interior lo hemos venido manejando como mejor se acomode para el funcionamiento de nuestras fracciones. Es importante que hagamos una reforma al Reglamento, que dejemos aprobada y tenga vigencia en 1998 y que discutamos ese nuevo reglamento sobre la base de que en 1998, independientemente de si estamos en el Gobierno o en la oposición, dejaremos un instrumento a los futuros diputados, que permitirá trabajar con eficiencia y con energía.

Quiero que este año lo dediquemos a la reforma al Reglamento Interior, con el fin de tener una discusión sin el calor del proceso electoral y sin la presión de si soy oposición o soy gobierno. Hay trabajos muy avanzados realizados en esa materia. El expresidente don Danilo Chaverri, dejó un proyecto de reglamento bastante elaborado, que deberá servirnos como base para impulsarlo.

Compañeras y compañeros diputados, quiero que le dediquemos el tiempo necesario para lograr esa modernización en los trámites y funcionamiento de la Asamblea Legislativa. Pero evitemos la trampa de dejarlo para el final, porque de ser así, las consideraciones serán en función de si estamos sentados en el lado derecho o en el lado izquierdo de las bancadas de la Asamblea Legislativa.

La tercer área en la cual me interesa fortalecer nuestro el trabajo, va muy de la mano con lo que el presidente don José Maria Figueres y el expresidente don Rafael Angel Calderón hicieron el viernes de la semana pasada. Debemos establecer la agenda legislativa y establecer el cronograma de los proyectos por aprobarse en los próximos doce meses. Debemos establecer las prioridades que e! país necesita, luchar por esa agenda y sacar los proyectos adelante.

He dicho que impulsaré una presidencia dinámica en busca del consenso, sin protagonismo en esta materia, porque el protagonismo recae en los jefes de fracción, conductores de las bancadas políticas, pero si con dinamismo, tratando de convertir la Presidencia de la Asamblea, como el gran amigo y el gran componedor que pueda acercar a las conversaciones del consenso, ubicando a la presidencia como un puesto institucional como de hecho lo es y no político partidista,.

Finalmente, deseo poner a la Asamblea Legislativa a trabajar con visión de mediano y de largo plazo. Quiero que la Asamblea Legislativa empiece a preparar los proyectos de ley en una serie de áreas requeridas por país y que sin embargo, quedan ahí como suspendidas, sin ninguna iniciativa para su avance. El Código Civil con más de cien años, el Código de Comercio, ya muy chapado a la antigua, son parte de esas legislaciones que deberíamos ir preparando. Aspiro a que durante este año podamos cuando menos dejar listos los proyectos de ley e iniciar su discusión en la Asamblea, durante el año 1996.

Compañeras y compañeros diputados, ya tendremos oportunidad de hablar mucho durante este año, pero quiero terminar con una meditación muy profunda. Soñemos todos nosotros, soñemos con una Asamblea Legislativa eficiente y con una Asamblea Legislativa moderna. Soñemos con un Congreso moderno que va adelante del desarrollo, y no un Congreso al que el desarrollo tiene que arrastrar casi con energías de doble tracción. Soñemos con dejar una huella en este Congreso y ser recordados como los 57 diputados que transformaron y modernizaron el Primer Poder de la República.

Hoy, día de ilusión porque iniciamos una segunda legislatura, debe ser también día para soñar. Soñemos y aspiremos a que cuando terminemos nuestra función, allá el 30 de abril de 1998, podamos ver a los ojos de nuestros hijos, y decirles, hicimos mucho por el Primer Poder de la República, e hicimos mucho por Costa Rica, y no debamos quitar la mirada porque no podíamos dejar de decirles, simplemente, que administramos más de lo mismo y de igual manera durante tanto tiempo.

Señoras y señores diputados, iniciemos este trabajo, es un trabajo de los 57, soñemos y hagamos realidad esos sueños, aspiremos a esa Asamblea moderna y luchemos por alcanzarla, que Costa Rica nos lo agradecerá eternamente.

Acta Sesión Plenaria Nº 002 del 1 de Mayo de 1995

Señor presidente de la república, señores presidentes de los Supremos Poderes, señoras y señores miembros de los Supremos Poderes, honorable cuerpo diplomático, señor contralor y señora subcontralora general de la república, señor defensor y señora defensora adjunta de los habitantes, señor procurador general y señor procurador general adjunto de la república, distinguida primera dama de la república, Tanto el Diccionario panhispánico de dudas como la Ortografía de la lengua española indican que, puesto que son nombres comunes, lo adecuado es que los cargos se escriban con inicial minúscula en cualquier circunstancia, se trate de la referencia a una persona concreta o no.13

Señores y señoras invitados especiales.

Hoy ha venido usted aquí, señor presidente, a rendirle al pueblo de Costa Rica su primer mensaje presidencial. Ha cumplido usted con un mandato constitucional que deberá hacer durante los próximos tres años de su desempeño como presidente de la república. Hoy, hemos recibido su mensaje, el cual, como usted lo ha dicho, se ha dividido en tres partes.

En esa primera parte, señor presidente, en donde usted nos habla de los problemas de gobernabilidad, de los problemas de la crisis fiscal que afronta el país, y de los problemas de la crisis institucional, nos queda una meditación muy profunda que usted acertadamente ha expuesto en sus palabras. ¿Cuántos años han pasado sin que tomáramos las decisiones oportunas?, ¿cuántos años acumulados de decisiones que debimos haber tomado en tiempos pasados? y es ese uno de los principales retos que venimos a afrontar: que no sea en el futuro esta administración, tal y como usted lo ha dicho, una más en no asumir y afrontar esos retos con sabiduría y con oportunidad.

Ha mencionado usted, señor presidente, en la segunda parte de su discurso, una larga lista de las obras en diferentes áreas de la sociedad costarricense. Nos produce una gran alegría el apoyo en el sector social, y esos grandes esfuerzos que se han hecho en educación, en salud, en vivienda, en los programas de las comunidades prioritarias que dirige la distinguida primera dama de la república, y en los programas del sector agrícola y del comercio exterior. Esto evidencia el paso importante dado durante estos doce meses.

Es, sin embargo, trascendental, que continuemos con algunas obras indispensables para el país, en las que hemos venido trabajando pero a las cuales debemos mantenerles su nivel de prioridad. No podemos abandonar ni atrasar el desarrollo de los programas de acueductos, y hay un problema serio, específicamente en Cartago, que ha desvelado a los señores diputados de esa provincia ante esta Asamblea Legislativa.

Es importante también, señor presidente, que en materia de vivienda continuemos con el apoyo a nivel de recursos y continuar desarrollando los exitosos programas en materia de construcción de vivienda. En el sector agropecuario que conoce usted mejor que nadie, -y al cual usted le ha dedicado largo tiempo como productor, como agricultor, y como ministro, y hoy en día como presidente de la república-, es necesario proseguir con ese apoyo tan necesario para el pequeño y el mediano productor. Persisitir con el fortalecimiento del campesino y del campesinado en general, tarea a la cual dedicaremos horas de estudio en esta Asamblea Legislativa.

Ha hecho usted señor presidente, en la tercera parte de su discurso, la referencia a un acuerdo histórico que gracias a su gestión y al respaldo del expresidente de la república, don Rafael Angel Calderón, se alcanzó el viernes de la semana pasada. Es importante destacar, señor presidente, que su mensaje de unidad y de unión de la familia costarricense y de las fuerzas políticas costarricenses, no pueden tener otra respuesta en este Plenario Legislativo más allá de decirle que lo aplaudimos con gran satisfacción y con el compromiso de que los partidos, presentes en esta Asamblea Legislativa, desarrollaremos nuestro mejor esfuerzo por llevar adelante el programa que usted nos ha expuesto y que cuenta y contará también con el respaldo de las fuerzas mayoritarias de la oposición.

Es necesario en este momento, señor presidente, preguntarnos cuál es la situación en la que se encuentra el país. Debemos analizar si la democracia, de la que nos sentimos orgullosos los costarricenses, se adapta también a los dictados de las democracias representativas que han venido modernizándose. Debemos preguntarnos si esa democracia, de la que nos enorgullecemos los costarricenses, ha ido también evolucionando al paso dictado por los tiempos. Es importante también preguntarnos, si esa democracia costarricense está dándole a ese hombre y a esa mujer costarricenses -y cuando hablo de ese hombre y de esa mujer, me refiero al niño, al joven y al adulto, y cuando me refiero a los costarricenses, me refiero a los que nacimos y vivimos en este país- lo que precisamente ellos requieren y demandan.

Debemos revisar la estructura del Estado. Hoy, cuando el concepto de estado, como división territorial del pasado, ha venido perdiendo cada vez mayor vigencia. La Comunidad Económica Europea ya ha logrado demostrar que las barreras y las fronteras se van eliminando. El comercio y los servicios no tienen ningún tipo de fronteras más allá de estos acuerdos pluriestatales. Aquel viejo concepto del estado territorial ha cedido terreno ante la transformación tecnológica, en donde los medios de comunicación y los sistemas de comunicación más avanzados hacen cada día más evidente que no existen esas fronteras. Hoy en día, en donde los programas de globalización y de apertura económica también se orientan hacia ese norte, debemos preguntarnos cuál debe ser el Estado que debemos desarrollar y tener en Costa Rica.

Debemos hacerlo, señor presidente, con un estado pequeño y eficiente, para usar las palabras de su discurso, con un estado ágil como usted lo ha llamado acertadamente en su intervención, y, a la par de ese estado ágil, debemos también tener presente que debe ser un estado soberano, y me parece que sea cual sea la evolución dentro de la estructura estatal, el concepto de la soberanía nacional no debe ceder terreno en ningún momento ni ante nadie.

En ese sentido, señor presidente, aplaudo los esfuerzos que usted ha llevado adelante por defender la soberanía costarricense; aplaudo y apoyo al ministro de Comercio Exterior, don José Rossi, a quien le ha correspondido levantar esa bandera de soberanía nacional en situaciones comerciales tan difíciles, pero, gracias al desarrollo alcanzado durante esta administración, podemos estar seguros de que ese concepto de soberanía lo podremos seguir defendiendo y que a la par suya, señor presidente, está la Asamblea Legislativa de este país.

Es importante recordar que, siendo un país pequeño, no tuvimos límites para poder lograr importantes avances para alcanzar la paz en Centroamérica. Que a pesar de ser un país pequeño, tuvimos el reconocimiento con la designación del Premio Nobel de la Paz a un costarricense, lo que demuestra que, en materia de problemas internacionales, la autoridad moral pesa mucho más que la autoridad o la capacidad económica. Sigamos en esa línea, señor presidente, como lo hemos venido haciendo.

Llama la atención el énfasis que pone usted en la necesidad de la reestructuración del Estado, y es que no podía ser de otra forma. En Costa Rica, nosotros tuvimos siempre como fines el alcanzar el bien común y el buscarle mejores oportunidades a los sectores sociales más oprimidos; tuvimos como fines la democratización del crédito y la posibilidad de alcanzar el ascenso en la escala social mediante la oportunidad del crédito para los pequeños productores; nos establecimos como fines la vivienda para todos los costarricenses, pero a lo largo del tiempo y a lo largo de varias décadas parece que aquellos instrumentos que utilizamos para alcanzar esos fines, es decir, las instituciones públicas creadas para dar esos servicios, fueron transformándose hasta llegar un momento en que pareciera que los medios y los instrumentos se han convertido en fines en sí mismos. Hoy en día hablamos más de la necesidad de defender la banca nacionalizada y algunas instituciones públicas, que de la defensa del servicio público y del apoyo a los sectores sociales desaventajados que esas instituciones daban.

Pareciera que le vamos a dogma el medio y UNA FRASE CONFUSA nos olvidamos del fin. Pareciera que lo importante es el instrumento y no la esencia misma que nos orientó y nos inspiró, y que orientó e inspiró a quienes dirigieron este país en los últimos cincuenta años a crear y desarrollar instituciones para el bien común. Y cuando las instituciones se convierten en fines en sí mismas, y nos olvidamos de que eran medios e instrumentos, señor presidente, lleva usted la razón. Es necesario entrar a la reforma del Estado, y es necesario analizar el tamaño y la función de este, y es necesario retomar esa luz que teníamos en el horizonte al final del camino, de que debíamos luchar por los fines que significaba la defensa de las ideologías y de los programas políticos que pregonábamos.

Hoy en día, yo definiría esta nueva etapa como la etapa de la reconquista de los fines y la etapa de la reconsideración de los medios y de los instrumentos, como la etapa de eliminar la dictadura de haber convertido los instrumentos en fines en sí mismos.

Dentro de la reforma del Estado, es fundamental, como lo ha indicado, el avanzar en el campo de esa reforma institucional. El estado costarricense ágil que usted llama, debe ser un estado cada día más pequeño y eficiente, debe ser un estado adaptado a los nuevos tiempos. Esa reforma institucional, el país la clama y la reclama, esa reforma institucional no puede postergarse.

La reforma fiscal tampoco podemos dejarla como un problema el cual vamos empujando poquito a poco hacia adelante. Hay que entrar en el plano de la reforma fiscal a realizar un verdadero programa de cirugía mayor. La agobiante deuda interna, lo difícil que es atender el servicio de la deuda interna y lo que representa en cuanto a los límites en la inversión pública, el tener que darle servicio a esta deuda interna, pone al país en una encrucijada, en donde o la solucionamos o seguiremos arrastrando un problema cada día mayor.

Esta Asamblea Legislativa, motivada aún más por ese acuerdo nacional firmado en su casa presidencial, el viernes de la semana pasada, reafirma aquí el compromiso de apoyarlo en esa reforma. La reforma financiera, ya no espera más. Hoy día todos los mecanismos de pago y de movilización de dinero a nivel mundial son cada vez más eficientes; por tanto no es posible mantener un sistema atrasado propio de treinta años atrás.

En el campo social, lo dijo usted acertadamente, señor presidente, no podemos tener instituciones que consuman mucho en la parte administrativa y burocrática y poco en la parte del servicio social. Esa transformación es también impostergable y hacia ella debemos entrar en el menor tiempo posible.

En materia de seguridad y narcotráfico, el país ha estado conmovido en los últimos días por las recientes revelaciones, pero en este problema, al igual que en muchos otros, nuestra estructura política pareciera conformarse con el eslogan y con la frase ya estereotipada, y no le entra al problema de fondo. Y es importante y fundamental que continuemos impulsando todos aquellos instrumentos de política en el plano de la seguridad, en el plano del derecho penal, del derecho penitenciario y del ejercicio policial, para que fortalezcamos la estructura costarricense de defensa del país y de sus habitantes, y en especial de sus futuras generaciones, ante los embates del narcotráfico.

Hoy en la mañana mencionaba a mis compañeras y compañeros diputados que resultaba increíble que mientras nosotros en nuestros discursos usáramos como tema preferido el problema de la lucha contra el narcotráfico, mientras la Ley de intervenciones telefónicas, dictada por parte de esta Asamblea Legislativa, durara tantos años hasta llegar a su definitiva promulgación.

Esta es una experiencia de la que debemos extraer lo negativo en cuanto al tiempo perdido, para diseñar en forma positiva los derroteros que nos permitan evitar que problemas como esos se nos repitan.

Esta reforma del Estado no es solo para hablar de lo que tiene que ver con el Poder Ejecutivo, es también momento para que hablemos de lo concerniente al Poder Legislativo, y también que reflexionemos sobre el Poder Judicial. Costa Rica sigue siendo un Estado con tres poderes diferentes, y en el campo del Poder Judicial, que ha estado acertadamente dirigido en los últimos años por su presidente, un hombre de trabajo y honestidad probada, el licenciado Edgar Cervantes,- con quien se lució esta Asamblea Legislativa en días recientes al reelegirlo por otro período constitucional como magistrado de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia-, requiere también ese Poder de la República el análisis de aspectos en torno a su funcionamiento.

Es importante tener presente que la crisis de ingobernabilidad, más acentuada a nivel del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, no debe alcanzar los linderos del Poder Judicial. Es por eso fundamental entrar a un capítulo verdaderamente transformador de una cantidad importante de leyes en materia del Poder Judicial, poder continuar con el programa de modernización del Poder Judicial que ha impulsado la Corte Plena, facilitar una gran cantidad de instrumentos que entraban y se han convertido en verdaderas carlancas de la Administración de Justicia: los sistemas de notificaciones, la acumulación de trabajo en las instituciones judiciales.

Debemos entrar de lleno a impulsar el programa de mejoramiento del Poder Judicial, programa que no pretendo desde esta tribuna estar diseñando, sino que simplemente recordar desde aquí al país que el mismo Poder Judicial lo ha venido elaborando.

Es conveniente que sigamos adelante con los programas de resolución alterna de conflictos y así descargar buena parte del entrabamiento en materia de la resolución de las disputas en manos del Poder Judicial. Es importante que sigamos adelante con la modernización de los códigos Penal y de Procedimientos Penales. En esta materia no me canso de repetir que me produce una gran satisfacción, pero a la vez una gran tristeza, el hecho de que distinguidos magistrados de nuestra Corte Suprema de Justicia, entre ellos el doctor Luis Paulino Mora y el doctor Daniel González Aguilar, hayan venido trabajando en la elaboración del nuevo código para esa materia que deberá aplicarse en un país centroamericano, y digo que es motivo de satisfacción porque qué cosa más linda que llamen a nuestros juristas, a nuestros directores supremos de la Administración de Justicia, para ayudar en otros países en la confección de los códigos reguladores de la materia represiva y su procedimiento para juzgarlos. Pero queridas amigas y amigos, produce tristeza que teniendo nosotros esa riqueza académica y jurisprudencial, esta legislación, con el aporte y la redacción de nuestros magistrados -entre otras personas­ pueda convertirse primero en ley de la República en otro país y no en Costa Rica. Y eso si debe ser motivo de tristeza, porque demuestra que nuestras instituciones deben ir evolucionando en una forma más acelerada.

Esa es una de las áreas en donde se debe dar la evolución y la transformación a nivel del Poder Judicial, para evitar que una crisis lo lleve a situaciones inmanejables, así como lo necesario en materia tan importante como la legislación civil, la materia correspondiente a familia, la Ley orgánica del Poder Judicial, la legislación laboral, que podría enriquecer el código de la materia con la rica jurisprudencia nacional dictadada en esos campos.

De igual forma, respecto al Tribunal Supremo de Elecciones, es necesario asumir que la hora de la reforma ha llegado y es el turno de esa transformación. Hace poco más de un año terminamos un proceso electoral con millonarios gastos en embanderamiento, en transportes y en propaganda en general. Si modificáramos la legislación sobre la materia, podría significar ahorros importantes al país y nuevamente aquí me pregunto si con esas instituciones y estructuras estamos dándole al hombre y a la mujer costarricenses lo que demandan y lo que requieren.

La reforma en materia electoral es urgente. La modificación para modernizar las leyes que rigen la materia, los gastos y el proceso en general, deben ser una de esas prioridades a impulsar.

Como lo hemos visto, la carga de la reforma y del ajuste no radica exclusivamente en el Poder Ejecutivo, radica en buena dosis en todos los Poderes del Estado. Lo triste de esto, es que pareciera que con mucha frecuencia estos son discursos ya conocidos, temas ya sometidos a discusión. Lo triste entonces es, ¿por qué han pasado los años y los gobiernos y no se toman las decisiones históricas tan necesarias?

Usted, señor presidente, podrá llevar adelante esta y muchas otras reformas que nos ha planteado, su liderazgo podrá permitir que nosotros avancemos. Esta Asamblea Legislativa se une a ese llamado de unidad nacional con el fin de sacar al país adelante.

El norte es claro, la jornada es ardua y el futuro no espera. Muchas gracias.

Acta Ordinaria N.0 70 De 10-9-2015

Prometí a los compañeros no hablar más de diez minutos para que procedamos a clausurar la sesión y seguir con nuestras obligaciones después de las seis de la tarde.

Yo hoy quiero referirme al tema del decreto que firmó el señor presidente sobre la fertilización in vitro.

Debo de decir que, así como he criticado en esta curul al presidente de la República, hoy debo reconocerle su actuación consistente y valiente; consistente porque al presidente de la república le corresponde representar a Costa Rica y defender sus derechos y sus intereses como país y en este momento Costa Rica se encuentra en mora ante la justicia internacional al no cumplir con el fallo de una sentencia dictada por la Corte lnteramericana de Derechos Humanos.

He oído los discursos de muchos compañeros hablando y entrando en discusiones sobre los temas de fondo, pero la realidad es que en un régimen de derechos las sentencias solo tienen una consecuencia y esa consecuencia es que hay que cumplirlas.

Si nosotros autorizamos en la sociedad costarricense a cada uno de nosotros para cuestionar una resolución judicial que tiene carácter de firme o de firmeza, el país y el sistema simplemente colapsa y entramos en la anarquía.

El ordenamiento jurídico es uno solo y ese ordenamiento jurídico nos obliga a respetar las resoluciones judiciales; claro que cada quien desearía que todas sean a su favor, pero es una mala y muy mala práctica aplaudir aquellas sentencias que nos dan la razón y criticar las que no nos la dan.

Costa Rica es un país sin ejército. Nuestra fortaleza en el mundo es el Estado de derecho.

Si nosotros irrespetamos el Estado de derecho y no aceptamos los resultados de las cortes de justica nacionales e internacionales, este país queda a la absoluta indefensión en la comunidad de las naciones.

¿Qué va a suceder cuando venga el fallo sobre el caso de la Isla Portillos Calero, cuando se condene al Gobierno y a Nicaragua a cumplir una resolución por las violaciones al derecho interno de Costa Rica y consecuentemente al derecho internacional?

Si nosotros sentamos los precedentes de que cumplimos unas sentencias hoy y otras no, mañana los vecinos harán exactamente lo mismo; así como Costa Rica escoge cuál fallo de la Corte cumple, cuál fallo de la Corte no cumple, así lo podrían hacer ellos.

Nicaragua también considera que aquí hay violaciones a principios sagrados, religiosos, del amor, del corazón, de los límites de los tratados y de cuantas razones internas podamos sacar, ESTA FRASE ES CONFUSA y estamos nosotros entonces legitimando el incumplimiento de un fallo dictado por una corte de justicia internacional.

En este caso, podemos tener discrepancias y puntos de vista diferentes sobre lo que la Corte resuelva el día de mañana en los casos sobre las personas detenidas en Venezuela, el caso de Leopoldo y otras personas; podemos tener reservas o tener ideas diferentes sobre la condena para que se resuelvan, se devuelvan frecuencias y se permita el funcionamiento de una y otra entidad dentro de Venezuela, pero no nos queda más que cumplir y respetar lo que se decida en esos fallos judiciales.

Si hubiéramos tenido un fallo de la Sala Constitucional igual al que dictó la Corte lnteramericana de Justicia, tendríamos también aquí a la gente diciendo que la Sala está violando la Constitución Política, está atentando contra la vida y que la Sala está violando principios que la misma Constitución establece.

No, compañeras y compañeros, eso no se puede hacer, en un régimen de derecho los fallos los podemos discutir en las universidades, podemos hacer foros, podemos discutir y criticar lo que se diga, pero no es discutible la obligación de cumplir con esas resoluciones.

Y el Estado de Costa Rica está incumpliendo esa resolución, le está tomando el pelo a la justicia internacional y les está tomando el pelo a los costarricenses, y quien lo está haciendo es este órgano legislativo al no sacar una legislación en tiempo, oportuno y con las regulaciones que corresponde.

Nosotros los defensores de la vida que hemos estado impulsando este proyecto, porque creemos en la vida, y porque creemos en el derecho de las mujeres que quieren ser madres, y tienen el derecho de ser madres, y que hay una técnica que les permite cumplir su deseo, y que hemos luchado por el nacimiento de esas niñas y niños que creemos tienen el derecho de venir al mundo, y de poder obtener las ventajas de los tratamientos que da hoy en día la ciencia, hemos querido que se regulen en esta Asamblea Legislativa.

¿Por qué hemos querido su regulación?, porque no hemos querido abusos, porque no queremos ver venta de vientres, porque no hemos querido una aplicación inescrupulosa de las técnicas. Por eso hemos querido promulgar una legislación.

Pero como lo dice el voto salvado redactado por doña Nancy Hernández y aquí haríamos mal nosotros diciendo que no reconocemos el voto de mayoría de la Sala, que nos quedamos con el voto de minoría; cuando se está frente a derechos humanos, no se necesita una ley que los venga a dar, los derechos humanos están ahí y valen per se, por sí mismos, sin necesidad de la existencia de una ley, porque los derechos humanos están por encima de la ley, y esa es la riqueza del nuevo ordenamiento jurídico: otorga los niveles a los convenios y a las sentencias de cortes internacionales.

Entonces, siendo así, quienes abogamos por la vida y por respeto a la vida hemos querido defender una legislación capaz de establecer una regulación seria y responsable para que se aplique en Costa Rica.

Lamentablemente no hemos podido concluir el proceso, y el presidente de la República en esta actuación, -una actuación responsable y valiente, valiente porque hay sectores fuertes que se oponen, y que han tenido éxito oponiéndose a este proyecto-, ha tomado la decisión de que al final -como lo ha dicho la Corte- el que tiene que poner y levantar la aplicación de la prohibición de la fertilización in vitro en Costa Rica es el Estado costarricense, y el presidente está actuando ante una misión del Poder Legislativo con una resolución del Poder Ejecutivo que levanta la prohibición y que permite que se pueda aplicar la técnica en Costa Rica.

Y repito, y no me cansaré de repetirlo, una técnica prohibida solo para la gente que no tiene dinero, una técnica prohibida solo para las personas de escasos recursos, porque las personas con recursos pueden irse del país como lo han hecho a aplicarse el tratamiento.

Aquí es una discriminación por dinero, y eso es muy doloroso. En este país las mujeres que no tienen acceso a una fertilización in vitro son las que no tienen recursos económicos, las que los tienen viajan a Colombia, Panamá o a los Estados Unidos, y ahí es donde estamos cometiendo una de las peores injusticias.

Y termino con dos comentarios rápidos, compañeras y compañeros, lo que hace la Caja Costarricense de Seguro Social al dar cifras astronómicas de lo que costará a la Caja cada tratamiento es una llamada de atención para nosotros.

Hoy se habla de ochenta millones de colones, un tratamiento por parte de la Caja, aquí algunos han dicho doscientos mil dólares, y lo que se sabe es que tiene como costo en las clínicas privadas una suma menor a los diez mil dólares.

Si efectivamente son cinco millones de colones, frente a ochenta millones de colones que dice la Caja que van a costar los procedimientos, si esos son los números de la Caja, ahora yo entiendo por qué hay filas en la Caja, ahora yo entiendo por qué el dinero no alcanza en la Caja, ahora yo entiendo por qué tenemos los problemas en esta institución.

Y me parece irresponsable que la Caja Costarricense de Seguro Social esté dando esas cifras, y si esas son las cifras, vamos a tener que pensar entonces en que la Caja contrate servicios externamente en donde costaría un cinco por ciento de lo que cuesta un tratamiento a la Caja.

Y llamémosle la atención a esta institución, porque aquí sabemos que todas estas cifras es un veto encubierto, es una forma encubierta de obstaculizar lo que es una sentencia que se tiene que cumplir, y ahora es con el tema de los costos que se quiere obstaculizar esa sentencia.

Y debemos de sentar las responsabilidades del caso y exigir que la Caja afine sus números y si no que quienes están al frente de la institución, se vayan y la puedan manejar personas con capacidad para poder manejar los costos y el funcionamiento de una institución tan grande y tan complicada como esa.

Y termino en treinta segundos, diputado presidente, con una llamada de atención para las próximas legislaciones y que se deben tomar también en otras materias, me refiero a los derechos de las parejas del mismo sexo, en la medida en que esta Asamblea Legislativa siga obstaculizando este proceso vamos a ver a la vuelta de la esquina que los derechos se le van a reconocer a las parejas del mismo sexo brincándose el paso por la Asamblea Legislativa.

Yo me tomé el tiempo para leer la sentencia del juez que autorizó la unión de hecho para una pareja homosexual y que se encuentra en este momento impugnada ... o no, perdón, no se puede impugnar, pero que por medio de la impugnación a la Ley de la Personas Joven y los derechos de la unión de hecho de las personas jóvenes, se espera anular este fallo.

Debo decirles lo siguiente y con la mayor objetividad del mundo, como abogado, si el juez no hubiera citado la Ley de la Persona Joven esa sentencia por sí misma tiene todo el peso jurídico, el juez está haciendo lo que se llama una aplicación de los principios de convencionalidad, que la misma Sala Constitucional dice que los derechos que se dan por convenios internacionales y los derechos en aras de mejorar y ampliar los derechos humanos de las personas contenidos en instrumentos internacionales son de aplicación inmediata en Costa Rica.

Y el juez lo que está diciendo es, los principios de convencionalidad, ya reconocen los derechos de las personas de las parejas del mismo sexo, y por lo tanto con los principios de convencionalidad nosotros podemos otorgar los mismos derechos a las parejas del mismo sexo en Costa Rica.

Eso, compañeras y compañeros, debe ser una llamada de atención porque lo peor que le puede pasar a Costa Rica, no por la vanidad de las cincuenta y siete personas aquí sentadas, sino por el respeto a la institucionalidad costarricense, es que los cambios en esta sociedad se siguen haciendo pasándole por encima a la Asamblea Legislativa, o como diríamos en la jerga deportiva, con un gol por la horqueta brincándose a la Asamblea Legislativa.

Eso es lo peor que le puede pasar a la institucionalidad costarricense, que este órgano llamado a ser el Primer Poder de la República caiga en el desuso, porque otros instrumentos judiciales y administrativos e internacionales terminan brindando las decisiones que le corresponden a esta Asamblea Legislativa.

Por eso, yo felicito al presidente de la República, con la misma firmeza que aquí lo he atacado, hoy con esa misma firmeza le reconozco su valor, su consistencia de haber sacado este decreto, y hoy le digo a las demás compañeras y compañeros que no se repita esto con los temas de los derechos humanos de las personas homosexuales, porque igual resultado se va a tener si nosotros no cumplimos con nuestra responsabilidad como legisladores.

Acta Ordinaria N.0 1 de 1-5-2016 48

Queridas compañeras y compañeros, dado lo avanzado de la hora voy a hacer una intervención breve, con el fin de poder prepararnos para las labores del día de mañana.

Empiezo por agradecer el nombramiento que ha recaído en mi persona y en los demás miembros del Directorio que hoy inician funciones.

Quiero felicitar a don Rafael Ortiz, a don Juan Marín y a doña Karla Prendas por el trabajo que desarrollaron. Sin duda, cuando la historia legislativa revise este período deberá reconocer a don Rafael que el período presidido por usted está marcado por obras importantes, por dignificar la condición del diputado y levantarle el prestigio a esta Asamblea Legislativa.

La patria deberá recordarle parte de la legislación que en su período se aprobó; particularmente, quisiera mencionar la aprobación del Código Procesal Laboral, que marcará la historia y un cambio en las relaciones laborales en Costa Rica en beneficio de patronos y trabajadores.

Ojalá que en esta legislatura que empieza, podamos continuar con reformas importantes en el campo laboral, como la que han preparado varias señoras diputadas relativas a la inspección general del trabajo, la cual va a fortalecer aún más los instrumentos en aras de una justicia laboral en Costa Rica.

Regreso a esta Asamblea Legislativa como presidente veintiún años después de haber desempeñado el cargo, eso me llena de motivación, aunque también de retos. Perteneció en aquella época el trabajo en la era del bipartidismo, hoy en la era del multipartidismo, que, sin lugar a dudas, marca un cambio fundamental en las reglas de operación en esta Asamblea Legislativa.

Vengo motivado con un plan y programa de trabajo que varios compañeros preparamos bajo la dirección y el liderazgo de mi compañero don Juan Luis Jiménez, quien se había preocupado por diseñar una oferta de trabajo y un programa para esta Asamblea Legislativa, en el cual acompañamos a muchos compañeros en su labor para obtener una buena hoja de ruta de lo que se debe hacer en esta Asamblea Legislativa.

Don Juan Luis, compañero mío en mi anterior ejercicio como diputado, hombre íntegro, hombre trabajador que se ha desempeñado en la función pública con éxito, la verdad nos motivó para que nos preparáramos con una muy buena propuesta del trabajo por desarrollar.

Y me motiva mucho seguir adelante con lo que habíamos trabajado bajo el liderazgo de don Luis, que me corresponderá a mí ahora, junto con otras compañeras y compañeros ir implementando.

Nosotros tenemos una responsabilidad nacional, tenemos una responsabilidad con Costa Rica, pertenecemos, ni más ni menos, a lo que se conoce como el Primer Poder de la República, pero el tema de ser Primer Poder de la República no depende de un nombre, sino depende realmente, de otorgar el nivel y la posición que esas palabras significan.

Tenemos una responsabilidad histórica, no vinimos aquí a administrar el pasado, no vinimos aquí a obstaculizar el presente, vinimos aquí a construir el futuro.

Y ese debe ser un norte en nuestras conciencias, estar conscientes de que el país nos juzgará por nuestro paso en los años de desempeño en esta Asamblea Legislativa.

Pero más allá del país está nuestra propia conciencia y la rendición de cuentas frente a nuestras familias, a nuestros seres queridos y a nuestros electores a quienes deberemos de contestarles una simple pregunta, cuando termine nuestra función, ¿por qué es mejor la Costa Rica que dejamos cuatro años después de habernos desempeñado como diputados?, ¿y cuál es ese legado para la historia?

Por eso creo que tenemos una responsabilidad muy grande con el país, con la sociedad y con nosotros mismos.

Sin lugar a dudas, han pasado dos años y ya no nos cabe la excusa de que estamos aprendiendo, nos quedan dos años para poder trabajar y demostrarle a este país que vinimos a dejar un legado importante.

Quiero comprometerme conjuntamente con las diferentes fracciones, compañeras y compañeros integrantes de esta Asamblea Legislativa, a que trabajemos una hoja de ruta sobre el trabajo legislativo para los próximos doce meses y, por supuesto, con el respeto debido para el Directorio siguiente, también pensando en función de las bases para los próximos veinticuatro meses.

Una hoja de ruta que establezca las prioridades país, nos permita pensar en grande, en una Costa Rica en la que nosotros soñamos cuando estamos en campaña electoral, pero que a veces olvidamos cuando ejercemos las labores gubernamentales.

El grupo de compañeras y compañeros que me apoyaron y constituimos lo que se ha conocido como la Alianza, hemos establecido importantes prioridades en el campo de lo que debe ser pensar en grande en la Costa Rica que debemos de construir.

Hemos establecido importantes prioridades en materia de infraestructura, en materia de seguridad, en materia social, en materia de la reforma judicial donde queremos terminar con la aprobación de los códigos Procesal Agrario, y Procesal de Familia y otra cantidad importante de leyes que tenemos por delante, pero además en el campo fiscal.

Hoy debemos decirle a Costa Rica que hemos asumido un compromiso. Lograr transformaciones importantes en el campo y en el área del gasto público, en lo que tiene que ver con las partes de empleo, de gasto público en general, de pensiones, de lo que significan las reglas desde la Constitución Política para el gasto, en aras de poder atacar un problema serio de este país, si queremos solucionar las finanzas públicas.

Hemos concluido que entendiendo el problema fiscal en sus dos aristas diferentes, la parte del gasto y la parte de los ingresos, no deberemos avanzar a revisar la parte de los ingresos hasta tanto terminemos de ajustar la parte correspondiente al gasto.

Pero que sí vamos a empeñarnos en poder avanzar en esa área lo antes posible, para ir haciendo las transformaciones políticas y económicas tan necesarias para el país .

Como siempre es un tema recurrente y lo fue el año pasado, dado que he sido un defensor de diferentes temas que constituyen la agenda de los derechos humanos, debo decir, porque ya la prensa me lo ha preguntado en varias oportunidades, que los temas que constituyen la agenda de los grupos cristianos no fue un punto de negociación, como no lo fue el año pasado cuando en la Alianza nos sentamos a definir las prioridades.

Es cierto que definimos una agenda para el artículo 208 bis, en la cual no están incluidos esos temas, pero sí estamos incluyendo los temas fiscales, como los que se requiere, -a los que anteriormente hice referencia- en materia de gasto, en materia de reforma a la ley para fortalecer la administración tributaria conocida como la Ley contra el Fraude Fiscal, en aras de ir avanzando en esas transformaciones económicas, para que el país pueda tener la certeza de que estamos poniéndole freno a las problemas de las finanzas públicas relativos a la parte del gasto.

También creo importante avanzar en la agenda de género. En los últimos días, en las últimas semanas hemos oído hablar mucho sobre este tema. Tengo una deuda: constituir una agenda de género en esta Asamblea Legislativa. Durante muchos años he desarrollado el tema de género, porque he creído y he sido un convencido de ello, ya le llegó la hora.

Debo decir, como lo repito con orgullo, que el primer proyecto de ley que redacté fue, precisamente, la Ley contra el Acoso Sexual en la Docencia y el Empleo, junto con el entonces diputado don Constantino Urcuyo, la cual logramos aprobar en un plazo realmente rápido de dos meses.

También luché porque se aprobara la Ley contra la Violencia Doméstica en mi período como presidente de la Asamblea Legislativa. Hace veintiún años, también apoyé las iniciativa para eliminar el castigo de que el cónyuge culpable perdía los gananciales al divorciarse y di otras luchas de género.

Y, por supuesto, como el que más celebré la aprobación de leyes como la Igualdad Real promovida por doña Margarita Penón, en la Administración Arias, o la Ley de Paternidad Responsable que promovió doña Lorena Clare en la Administración de don Miguel Ángel Rodríguez.

Soy, y no puedo hablar por la Alianza, sino a título personal, un ferviente defensor y creyente de la necesidad de avanzar en materia de paridad horizontal y de implementar una política de género en esta Asamblea Legislativa.

Pero bueno, esa es parte de los retos por delante y que, ojalá, logremos los consensos necesarios para poder impulsarlos.

Quiero hoy contarles sobre mi imposibilidad de separarme de mi condición de empresario y de haber estado promoviendo y desarrollando empresas durante tantos años, en busca de la eficiencia y maximizar los recursos, para lograr los mejor rendimientos.

Vengo, hoy en día, con el empeño de que podamos mejorar la eficiencia en esta Asamblea Legislativa, pero a diferencia de hace veintiún años no traigo dentro de esos temas de eficiencia administrativa ninguna relación con la situación laboral de los trabajadores en esta Asamblea, y lo único que promoveremos en ese campo será los programas de movilidad laboral existentes.

Pero no me inspira ningún interés de promover ningún tipo de reestructuración en materia del empleo individual de las personas o en las condiciones laborales individuales en esta Asamblea Legislativa.

Creo que eso es importante, y un tema que también varias personas me han estado preguntando.

Y, por supuesto, dentro de esa eficiencia administrativa quiero decirle a usted, señor expresidente don Rafael Ortiz, que tomaré como el que más el empeño en seguir adelante con la propuesta que ustedes establecieron: el parlamento abierto, fortaleciéndola, desarrollándola, y aumentándola a un área que es fundamental, como es incorporar el SIL.

Porque ese parlamento abierto debe significar que el campesino en Upala o el ganadero en Corredores pueda, desde un teléfono celular o desde una computadora conocer de primera mano el estado de los proyectos, de las mociones que se discuten, y así culminar con esa verdadera visión del parlamento abierto desde la parte del proceso legislativo.

Para ir terminando, quiero decirles que he sido un diputado combativo desde mi curul y desde este puesto en el que me he sentado durante los últimos dos años he sido fuerte y crítico y adversario del Gobierno de la República.

No me ha temblado la voz para decir las áreas en las que he encontrado espacio para establecer críticas y para señalar errores y combatir puntos en los que tengo o he tenido discrepancias con la actual administración, con el señor presidente y con su equipo de Gobierno.

Debo decirles que sin renunciar a esa condición de diputado de oposición y de pertenecer a un partido de oposición entiendo y tengo muy claro que el cargo de presidente de la Asamblea Legislativa es un cargo institucional que está por encima de las fracciones político-partidistas.

Y por ello me corresponde desempeñarme con el señorío y el nivel de un cargo de esta naturaleza lo cual significa ni más ni menos mi obligación de estar al servicio de la Patria y ser un amigable facilitador para mejorar las relaciones entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo para poder trabajar en una hoja de ruta entre la Asamblea Legislativa y el Poder Ejecutivo y así colaborar con las acciones que corresponden de la administración del Poder Ejecutivo dentro de la Asamblea Legislativa; por supuesto defendiendo con vehemencia mis puntos de vista y mi visión sobre lo que deben ser los cambios y transformaciones a implementar; un derecho humano más con el que cuento.

Pero un derecho de enmienda y de criterio que la misma Constitución Política ha depositado en mí persona desde el momento mismo de mi elección como diputado en esta Asamblea Legislativa.

Pero quiero que el Gobierno de la República sepa que en mi persona cada acto se orientará en aras de lograr con patriotismo construir los mejores acuerdos nacionales, con patriotismo encontrar el mejor camino para sacar a Costa Rica adelante y con patriotismo y firmeza dar los puntos de vista en aquellas áreas en las cuales tengo desavenencias porque esa lealtad también me la pide mi condición de diputado.

Asimismo, encontrarán en esta persona a alguien decidido a colaborar para sacar adelante a este país, precisamente la tarea que se nos encomendó.

Quiero terminar diciendo que me siento plenamente orgulloso de haber asumido este cargo. Estoy consciente su nivel y me llena de orgullo y de satisfacción en lo personal, y debo decirlo, sin ningún corte de modestia y sin ocultar mis sentimientos debo decir que llego aquí gracias al apoyo incondicional de mi esposa quien en los últimos treinta y cuatro años ha compartido conmigo como mi señora, como mi esposa, quien me ha apoyado y ha estado a mi lado siempre y que sin lugar a dudas sin su apoyo difícilmente estaría yo hoy en este podio dando este discurso.

Igualmente, el agradecimiento a mis hijas y por supuesto a mi nieta, y a mi hija Andrea que ha estado conmigo desempeñándose como jefa de despacho y estoy seguro que será una gran facilitadora en las relaciones y en el trabajo por desarrollar de aquí en adelante.

Por último, queridas compañeras y compañeros diputados, todos tenemos la ilusión de ganar las próximas elecciones de febrero del año 2018 y si realmente todos tenemos esa la ilusión debemos entonces también tener la esperanza de recibir un país en que el tengamos muchas cosas ya avanzadas que no deban iniciarse a partir del 8 de mayo del 2018.

Yo los invito a trabajar en aras de ir allanando el camino para esta Costa Rica con la que todos soñamos y podamos realmente sentirnos muy satisfechos del deber cumplido el día que terminemos en esta Asamblea Legislativa.

Dicho en forma sencilla, la extinción de dominio es la pérdida de activos en favor del Estado, mediante una sentencia judicial que la ordena sin una condena penal previa. En la doctrina esta figura se conoce como el “decomiso sin condena” y es la respuesta a flagelos como el narcotráfico, el lavado de dinero, el terrorismo, la trata de personas y la corrupción. Surge ante la dificultad de condenar a los responsables de esos delitos, pues en casos de narcotráfico los capos ya no son capturados con droga en su poder, los corruptos ponen sus bienes a nombre de terceros, y el lavado de dinero es tan sofisticado que se invierte en negocios lícitos, ocultando su origen ilícito. A nuestras cárceles van los choferes, pilotos, pasajeros con droga en dobles forros o en su cuerpo, mientras los jefes del negocio siguen libres disfrutando su impunidad. Ante esto la respuesta es decomisar los bienes producto de las actividades ilícitas, llegarle a la riqueza material generada y combatirlo por la parte que más les duele: la pérdida de sus bienes.

¿Cómo nace esta figura jurídica?

La figura tiene su origen en Italia, hace muchas décadas, para el combate de la mafia, pero en nuestros días surge con la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, firmada por Costa Rica en el 2003 y ratificada en el 2007. El artículo 54 inciso c) de ese convenio contemplaba ya el decomiso sin condena. Su desarrollo continúa y en el año 2007 el Banco Mundial y las Naciones Unidas lanzan el programa STAR (Recuperación de Activos Robados) y junto con Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) se desarrollan programas internacionales y de derecho comparado que concluye finalmente con la Ley Modelo de Extinción de Dominio.

Como puede notarse, esta no es entonces una ocurrencia; es una figura jurídica internacionalmente aceptada y vigente en muchos países, que irá tomando cada vez más fuerza.

¿Qué propone el proyecto de ley?

En este tema, la jurisprudencia internacional es abundante y cada vez más tratadistas y conocedores del Derecho escriben sobre la figura. Es claro que, en la doctrina, la figura se orienta para perseguir “a los malos” y no a quienes vivimos apegados a la ley. Por eso, los artículos 2 in fine y 5 del proyecto, definen claramente que se dará prioridad “al combate contra el crimen organizado” y “a los activos de interés económico y valor estratégico para esa criminalidad”. Es decir, deja claro, de manera categórica, que está ley no es para perseguir a la gente honrada ni para poner en peligro sus bienes.

El proyecto exige dos elementos esenciales e inseparables que deben estar presentes para que se dé la extinción de dominio y se pierdan activos: 1.- que existan activos de procedencia ilícita (artículo 2) y 2.- que la actividad ilícita provenga de narcotráfico, lavado de dinero, corrupción, tráfico ilícito de armas, terrorismo, trata de personas u órganos, delincuencia organizada o contrabando (artículo 3). Por ello, para que un activo pase a ser propiedad del Estado, el juez debe tener por probada la causal de extinción de dominio (artículos 69 -incisos 3, 4 y 5- y 83). Dicho de otra forma, debe tener por probado que los bienes provienen de esas actividades ilícitas. Y, por supuesto, los afectados tendrán derecho al debido proceso, contar con defensa, ejercer el recurso de apelación e incluso el de casación.

¿Quién debe probar los hechos?

El artículo 85 es claro. El Ministerio Público debe probar la vinculación de los activos con las actividades ilícitas señaladas. El afectado debe demostrar la procedencia legítima de sus activos, pero si no lo hace o renuncia a hacerlo, aún así debe el Ministerio Público demostrar la procedencia que da lugar a la extinción de dominio.

¿Qué sucede con los terceros de buena fe?

Aquellos que, actuando de buena fe, hicieron negocios con personas vinculadas a las actividades ilícitas gozan de la protección de sus bienes, en el tanto sus actuaciones impliquen desconocimiento, se apeguen a las reglas del mercado y la persona haya tenido una mínima diligencia. Por ejemplo, si alguien recibe en pago dos millones de dólares en efectivo por la venta de una propiedad, le será difícil demostrar que tuvo una razonable diligencia. Pero, aún en ese caso, le corresponderá al Ministerio Público demostrarle al juez que se debe desestimar la buena fe y por supuesto el afectado podrá demostrar su diligencia.

El proyecto requiere de algunas mejoras, las cuales todavía pueden hacerse y en buena hora se propongan. En mi caso, aunque lucen innecesarias a los ojos de los especialistas, para dar tranquilidad a la gente, propongo vincular expresamente el crecimiento patrimonial a que se refieren el artículo 7 y las causales del 21 a que se dé con dineros procedentes de las actividades ilícitas que señala el artículo 3. Asimismo, para tener una mayor seguridad jurídica eliminaría el artículo 28 de la retrospectividad.

Algunas críticas al proyecto

Las críticas se resumen en 4 argumentos: 1.- viola el principio de inocencia, 2.-invierte la carga de la prueba, 3.- viola el debido proceso, y 4.- viola el principio de indubio pro-reo. No es este el lugar para desvirtuar con elaborados argumentos técnicos dichos argumentos, pero, de una manera simple, transcribo lo que dice la Sala Constitucional, en su voto 2015018946 de las 11:02hrs del 2 de diciembre del 2015, al referirse a la normativa vigente en materia de extinción de dominio, la cual es menos garantista que el proyecto actual: “XIV Conclusión. Con base en las razones anteriormente expuestas, se evacúa la consulta formulada en el sentido de que las normas cuestionadas, no vulneran lo dispuesto en los artículos 28 y 49 de la Constitución Política, ni los principios de inocencia, in dubio pro reo, legitimidad de la prueba, imparcialidad del juez, intimación, defensa técnica, legalidad, tipicidad, derecho de propiedad, derecho de abstención y debido proceso”.

El proyecto de extinción de dominio permitirá perseguir la delincuencia organizada y la corrupción, combatirá firmemente el narcotráfico y el lavado de dinero, haciendo poco atractivo el país para extranjeros indeseables, y lo hará respetando las garantías constitucionales y sin afectar a la gente honesta y decente que somos los más.

Gobernar es una tarea complicada y uno de los elementos más importantes para poder hacerlo bien es el acceso a la información, de primera mano, de fuentes veraces y muy vigentes. Gobernar sin datos es como navegar sin instrumentos y el “ojímetro” no es un buen referente para la toma de decisiones. Por eso siempre he abogado por un INEC fuerte, con buen presupuesto que le permita manejarse al día y con profundidad. En campaña también defendí el SINIRUBE como un instrumento necesarísimo para maximizar recursos, llegar con ellos a quienes los necesitan, evitar duplicidades, corrupción y clientelismo político.

En Costa Rica, muchos gobiernos han trabajado teniendo de la mano oficinas dedicadas al manejo de la información con muy buenos resultados pero siempre en manos de profesionales del más alto nivel y respeto en sus campos de acción, Daniel Oduber tuvo a Luis Burstin y Miguel Ángel Murillo, quienes trabajaron de la mano de Miguel Gómez, José Luis Vega y Flory Rodríguez quien daba sus primeros pasos en este campo; Luis Alberto Monge tuvo a Armando Vargas apoyado por Miguel Gómez; Oscar Arias lo denominó Colina Dos Mil con John Biel y Carlos Espinach a la cabeza; José María Figueres se organizó con Flory Rodríguez y Miguel Gómez y así podríamos seguir señalando otras administraciones.

Todas estas oficinas funcionaron como un soporte fundamental para las decisiones del presidente, recabaron información, analizaron variables, vieron tendencias nacionales e internacionales, sensibilizaron y simularon las acciones a implementar.

Por ello cuando se escucha que la administración Alvarado estaba estableciendo una unidad para estos fines, sin conocer el fondo, no podía más que apoyarla como una medida en la dirección correcta para ayudar a darle una brújula al gobierno que a todas luces la necesitaba.

Luego de que han salido a la prensa informaciones sobre la UPAD, es más que evidente que las acciones emprendidas tenían fines muy distintos a lo que siempre se acostumbró en la casa presidencial. Vale la pena comentar algunos elementos.

El equipo: estas unidades de trabajo estuvieron siempre en manos de personas de un altísimo nivel profesional y con un respeto en su gremio, basta con señalar solo uno: Miguel Gómez, padre de la estadística nacional, profesor de profesores.

La información: en la presente administración ha existido un interés por ir al detalle de la información individual, personal, con nombre y apellidos, esa no es necesaria para hacer políticas públicas, pero si pareciera que es útil para hacer política electoral. Veamos algunos ejemplos:

Solicitar la base de deudores a la SUGEF. ¿Para qué ocupa saber casa presidencial cuánto debe Juan, Pedro o María, a quien y cuál es su atraso?

Archivo Judicial del OIJ. ¿Para qué es relevante conocer quienes tienen juicios penales, órdenes de captura, etc.?

Información de las cuotas obrero-patronales. Justificada su necesidad para la reactivación económica. ¿?

Lista de vehículos de la Embajada Americana.

Ubicación de iglesias evangélicas y su interpolación con los resultados electorales. Por cierto, esta información fue borrada luego de ser publicada, Tome nota doña Emilia.sobra

El decreto. En el pasado no fue necesario emitir un decreto porque se trataba de información pública, pero en esta administración se requirió para poder sustentar las solicitudes frente a la oposición y rechazo por parte de las instituciones a entregar las bases de datos.

Ante esto no podemos más que calificar de graves las actuaciones de la Presidencia, esto dista mucho de ser el inicio de la campaña electoral como han querido justificar las críticas al presidente, respuesta que deja mucho que desear frente a la seriedad de las denuncias, de ahí que están más que justificadas las investigaciones y se debe llegar hasta el fondo a sentar las responsabilidades de cada quien.

Sobre los allanamientos. Es muy triste ver nuestra casa presidencial en la prensa nacional y extranjera siendo allanada. Como lo he dicho a propósito de otros allanamientos, no creo que sea necesario el despliegue policial que se hace, no es lo mismo allanar Zapote, una empresa o un bunker del narco. La policía debe poder establecer protocolos para cada caso que permitan respetar los derechos humanos de las personas, ser eficientes en la diligencia judicial y evitar los efectos mediáticos.

Qué sigue. Como en todo régimen de derecho ahora le corresponde a cada órgano lo suyo, el Poder Judicial con los juicios penales, la Asamblea con las investigaciones, la Procuraduría de la Ética ejercer la tutela de los derechos de la ciudadanía. Pero por encima de todo debemos volver a la normalidad, este penoso incidente no debe obstaculizar la vida pública y privada del país, estos hechos dolorosos no nos definen como nación, con paciencia y seriedad esperemos lo que cada institución hará, pero los demás sigamos adelante.

Se encuentra en trámite en la Asamblea Legislativa una propuesta para autorizar al Poder Ejecutivo a emitir Eurobonos por el orden de los $6.000 millones, para repago de la deuda por vencer en los próximos cuatro años. La idea es conveniente y oportuna dado que no se recomienda tener que acudir al mercado interno para lograr esas captaciones. Por esa razón la discusión no versa sobre si esta autorización se dará o no, sino de la forma en que las y los diputados deben hacerlo.

En este punto hay dos corrientes: la gubernamental que pretende una aprobación única por la totalidad del monto y otra que busca autorizar primero $1.500 millones; más de lo que vence en los próximos meses y conforme el gobierno de muestras de un manejo sano de las finanzas públicas, entiéndase control del gasto, mejora en el cobro de impuestos, combate a la evasión, eficiencia administrativa, entre otras, se aprueben montos adicionales para los próximos años.

Razones de fondo

Ante la crisis fiscal, los legisladores han sido muy cautos en no dar un cheque en blanco con una única autorización para lograr casualmente que se imponga la disciplina fiscal, así fue con la administración Alvarado y el resultado fiscal fue exitoso. Recordemos que un gobierno con el repago de sus obligaciones asegurado puede caer en la tentación de aumentar el gasto público, mientras que aquel que debe rendir cuentas para obtener nuevas autorizaciones será sumamente cuidadoso de mantener el correcto manejo de los recursos. Este mecanismo ha funcionado exitosamente y el país no ha caído en mora o cesación de pagos y el gasto se ha controlado.

La administración Chaves se ha caracterizado por una marcada inclinación al gasto, basta señalar algunos ejemplos, todos en menos de cien días:

Reinterpretó la aplicación de la Reglas Fiscal contrario al criterio de la Contraloría General de la República lo que le otorgó ¢417.000 millones adicionales para gastar.

Pretendió descongelar plazas vacantes que han generado ahorros por ¢14.000 millones, renunciando a aplicar mecanismos como las reubicaciones que logran una mayor eficiencia estatal y no aumentan el gasto.

Buscó tomar ¢6.000 millones de colones de los programas de vivienda para cubrir gasto corriente. Lo que demuestra además una falta de sensibilidad social, dado que son dineros para familias en una alta vulnerabilidad.

Quiere destinar a gasto público los recursos del Fondo de Avales ($270 millones), en lugar de apoyar pequeñas y medianas empresas en problemas económicos por la crisis.

Finalmente, un llamado a la preocupación fueron las manifestaciones dadas por el presidente en Guanacaste durante la celebración de la Anexión cuando reunido con alcaldes les dijo: hablen con sus diputados de la provincia para que me voten Eurobonos, porque ahí están los recursos para sus necesidades. Esto siembra la gran duda sobre si los Eurobonos serán utilizados indirectamente para un festival de gasto.

Pensando en los más altos intereses del país, la responsabilidad impone ser prudentes con el gasto y dar las autorizaciones a las emisiones separadamente, aquí no existe un falso dilema entre Eurobonos sí o Eurobonos no. Por eso el ministro de Hacienda ofende a las señoras y señores diputados cuando los asusta afirmando que la deuda llegará al 85% del PIB, porque él sabe que la propuesta de quienes lo adversan es también autorizarlos, pero en tractos.

Nuevas alternativas

Circula una propuesta que pretende se dé una única autorización por $6.000 millones, que está “amarrando” al gobierno a una serie de condicionamientos para poder emitir los futuros tractos. Esta propuesta es engañosa y tiene al menos tres portillos muy graves:

• En el artículo 12 inciso d) obliga al gobierno a cumplir la Regla Fiscal según la define el Fondo Monetario Internacional, hábilmente se omite que sea según el criterio de la Contraloría General de la República, lo cual permite ampliar el gasto público a manos llenas. Esta es una peligrosa concesión.

• Permite el mismo artículo 12, que se exceptúe la aplicación de los parámetros establecidos, cuando Hacienda active las cláusulas de escape que prevé la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, lo que significa que será su sola discreción la que le permitirá salirse de los parámetros establecidos.

• En general, las “metas indicativas” asociadas al convenio con el FMI definidas en el artículo 12 pueden ser negociadas ex post o, en el transcurso de las revisiones con el FMI, las autoridades pueden lograr waivers (permiso para incumplir un covenant financiero sin que por ello el prestamista adopte medidas drásticas) para posibles incumplimientos, lo que introduce gran flexibilidad a los parámetros para autorizar las siguientes colocaciones.

Problemas de constitucionalidad

Adicionalmente esta propuesta presenta un roce serio e insalvable de constitucionalidad, pues da atribuciones a las Comisiones de Hacendarios, Económicos y al plenario que no le otorgan ni la Constitución, ni el Reglamento de la Asamblea y que van a contrapelo de las atribuciones constitucionales, ya que la Asamblea aprueba los presupuestos y créditos (121 incisos 11 y 17) y luego aprueba o imprueba las cuentas luego de que la Contraloría conoce de su liquidación (181) por ello el establecer una fiscalización previa deviene en inconstitucional. La Asamblea promulga leyes y controla a posteriori el ejercicio presupuestario, lo que se establece en la nueva propuesta no es ni una ley, ni un control a posteriori, es una especie de derecho a vetar a priori acciones del ejecutivo, potestad que no le otorga la carta magna al Congreso.

Sobre la estrategia del Poder Ejecutivo

El presidente y su ministro deben medir los tiempos y posibilidades legislativas. Esta legislación requiere de 38 votos, que a hoy no están. Insistir con una nueva propuesta que irá a consulta ante la Sala, difícilmente estará lista en el plazo que demanda el gobierno y pondría en peligro el rollover ordenado del Eurobono que se vence en enero próximo, lo cual provocaría presiones sobre el riesgo país y el tipo de cambio.

Planteadas así las cosas lo más sensato e inteligente para el Ejecutivo es llegar a un acuerdo de inmediato: aceptar la autorización por los $1.500 millones y convertila en ley antes de las celebraciones de la independencia.

Si el gobierno insiste en la autorización total, luego no culpe a los partidos de oposición si la ley no sale a tiempo para los pagos. Será el gobierno el único responsable por su falta de visión pese a estar advertido.

La semana pasada un par de medios me preguntaron si pensaba participar en el proceso de renovación del PLN y si aspiro a algún puesto en el Comité Ejecutivo. Como lo acostumbro, respondí de manera directa y transparente: no aspiro a ningún puesto en la elección de octubre y sí voy a participar en el proceso de renovación del partido.

Hoy quiero compartir las razones de mi respuesta:

Sobre el Comité Ejecutivo.

Es importante elegir personas que sean lo más cercanas a todas las corrientes del partido. Si queremos unirnos de nuevo debemos evitar que la elección se vea como un pulso interno por el control partidario y al contrario, elegir personas con capacidad de convocatoria general, donde ninguna corriente se sienta excluida. Es importante también que asuman el compromiso de permanecer en sus cargos por los cuatro años de su nombramiento. No es conveniente para la estabilidad partidaria designar personas que a la vuelta de doce meses se retire para ir a un cargo de elección popular.

También es importante elegir dirigentes que crean en el futuro de Liberación Nacional, ya que algunos han tomado el absurdo camino de pretender ascender a lo interno atacando al partido y profetizando su pronta desaparición. Dirigentes con esa clase de espíritu, flaco favor le hacen a la renovación interna y con ese lenguaje no motivarán a una nueva dirigencia, ni a los jóvenes, a unirse a nuestra causa.

En mi caso apoyaré a gente preparada, sin cuestionamientos éticos y convencida de que tenemos una tarea difícil por delante, pero que si hacemos bien las cosas lograremos construir una fuerza política con el liderazgo y visión que permita sacar adelante a Costa Rica.

Mi participación en el proceso de renovación.

Desde hace varios meses se han levantado voces de crítica y cambio a lo interno del partido, pero curiosamente en su gran mayoría han estado ayunas de propuestas constructivas, sin visión de largo plazo, ni aterrizadas frente a los problemas nacionales. Por el contrario, lo único que reflejan es un interés de acomodar los escenarios para facilitar diputaciones, precandidaturas y aspiraciones personales, lo cual no es malo, pero este no es el momento para ello. Ya vendrá la oportunidad de que el liberacionismo escoja a las personas que lo representen; pero que no se equivoquen, pesará más la formación, las ideas, la visión país y la transparencia, sobre la capacidad de vetar y atacar compañeros. También he leído propuestas de fondo, pero tristemente son las menos.

Un partido muere el día en que los dirigentes dejemos de conversar sobre los temas que importan, por eso seguiré activo como liberacionista, luchando por un pragmatismo de ideales, más que de ideologías, como lo ha definido Luis Fernando Araya. En ese sentido, considero que, entre otros, la renovación debe incluir estos temas:

Disminución de la desigualdad social.

Vivimos en una sociedad donde de manera vergonzosa se agrandó la brecha entre los pocos que tienen mucho y una inmensa mayoría que vive en la pobreza y la pobreza extrema. Debemos promover una más justa distribución de la riqueza, avanzar a una nueva reforma social, la de los años 40 funcionó, pero se agotó, hay que promover una economía para la vida.

Mayor producción y generación de crecimiento económico.

Solo si la producción nacional crece, podremos generar riqueza, de lo contrario repartiremos más pobreza, por eso es fundamental abrir oportunidades, apoyar el emprendedurismo, la pequeña y medianas empresa, las cooperativas, facilitar la creación de nuevos negocios, otorgando créditos, transferencia tecnológica, eliminando trámites e insertándonos en la economía mundial sin tener temor a la apertura comercial. Así crearemos más fuentes de empleo para jóvenes y mujeres, que son los sectores más desempleados del país. De esto puedo hablar con propiedad porque a lo largo de mi vida he sido un emprendedor, además compitiendo con productos costarricenses en los mercados internacionales.

Educación

La mayor deuda de nuestro partido es con la educación, el haberla abandonado significó sacrificar el más grande movilizador social. Se abolió el ejército para invertir en educación, pero en los últimos años ha estado en manos de personas sin preparación, ni visión, más preocupadas por figurar que por el progreso educativo de nuestro niños y jóvenes; se castigó a muchos que hoy deambulan sin oportunidades causando el peor retroceso social de nuestra historia reciente. Por ello debemos revertir el camino, volver a convertir la educación en la llave que abra la puerta de las oportunidades: educación, cambio tecnológico 4.0, y empleo serán el círculo virtuoso del ascenso social y la lucha contra la desigualdad.

Inversión social y el fortalecimiento de la clase media.

Hoy tenemos niños cuya única comida del día es la que reciben en los comedores escolares, y algunos en nuestro partido defienden con más fuerza al CNP que a esos niños, eso no podemos tolerarlo más, tampoco podemos descansar mientras existan tantas familias cuyo salario no les alcanza para terminar el mes. La insensibilidad en la política se alimenta de las aspiraciones electorales a destiempo y en manos de aspirantes sin atestados. Debemos hacer el ajuste fiscal sin sacrificar la inversión social, solo reduciendo la pobreza y fortaleciendo la clase media podremos sentirnos orgullosos de dejar una herencia política para las futuras generaciones.

La lista de acciones pendientes es larga (salud, vivienda, infraestructura, investigación y desarrollo, entre otras). Tendremos oportunidad de continuarla, este espacio es pequeño para completarla, pero es una buena base para explicar las razones que me mueven a involucrarme de lleno en el relanzamiento del PLN. Quienes me apoyan o adversan ya conocen mi agenda. Necesitamos menos política y más sentido común.

Nací en una época donde el machismo era la regla, tanto que me tocó estudiar con el “Paco y Lola”. No obstante, fui por muchos años el único hijo varón entre cuatro hermanas, ya que fue años después que nació mi hermano. Desde entonces y con las reglas de mamá, tuve una educación siempre orientada a relaciones muy igualitarias. Luego casado con Nuria por casi cuarenta años, padre de dos mujeres y abuelo de dos nietas, todas elocuentes defensoras de sus derechos, he vivido en un entorno de luchas de género que incluye, pero no se limita a la igualdad de derechos contra las múltiples formas de violencia y todas las formas de discriminación, la lucha por el pago igualitario por igual trabajo, la ruptura de los techos de cristal, acciones afirmativas, la autonomía económica, entre otros.

Por esa razón no en vano he liberado batallas, -de las que me siento muy orgulloso-por el fortalecimiento y la defensa de los derechos de las mujeres. Puedo citar algunas cuya aprobación considero marcaron un antes y un después:

Ley 7476 Contra el Hostigamiento Sexual en el empleo y la Docencia la cual trabajamos en el año 1994 Constantino Urcuyo y yo, siendo diputados. Contamos con el apoyo muy importante de Lena y Elayne White. Esta ley permitió brindar instrumentos de defensa frente a las reiteradas conductas abusivas que se veían como normales.

Ley 7586 Contra la Violencia Doméstica, cuya aprobación logramos bajo mi Presidencia de la Asamblea Legislativa en el año 1996, que permitió definir los tipos de violencia doméstica, las medidas de protección, procedimientos, responsabilidades de la policía administrativa, entre otras.

Ley 7689 que reformó varios artículos del Código de Familia en busca de una mayor justicia en temas patrimoniales. Esta iniciativa ideada por el entonces compañero diputado Gerardo Trejos, la apoyamos con nuestra firma, como negociadores y con mucho entusiasmo.

Hoy años después de su implementación, me parece esta una fecha propicia para ver los cambios necesarios y pendientes pensando en el futuro y aquí quiero concentrarme en el área que desde mi perspectiva amerita el mayor peso del trabajo por hacer y es la educación. Sin duda los avances en aras de lograr más igualdad deben venir con los programas educativos, desde la primaria, promoviendo entre los chicos y chicas una cultura de igualdad, inclusión y respeto por la diversidad, el aprender a reconocer y no repetir los múltiples estereotipos que son las grandes semillas para la desigualdad y discriminación. Será igualmente importante trabajar con los progenitores e integrantes de las familias que dolorosamente repiten los viejos patrones de una sociedad patriarcal, entre ellas, el recargo en las labores del cuidado.

En la adolescencia debemos seguir avanzando en la prevención del embarazo adolescente, y continuar otorgando herramientas a las jóvenes para que se enamoren de las áreas de las ciencias, matemáticas, el arte y las ingenierías (STEAM por sus siglas en inglés) áreas de mayores oportunidades en el mundo laboral actual. Espacios de acción correspondientes al Ministerio de Educación Pública, -por cierto en deuda, pues está muy distante de brindar los aportes necesarios-.

Es reconocido que la falta de igualdad se acrecienta durante la inserción de las mujeres en el mundo laboral y es ahí donde los estereotipos y discriminación pasan la más alta factura a las mujeres lo que resulta paradójico pues estas tienen un mejor desempeño en el colegio, menores niveles de deserción y en las universidades superan más del 50% de los graduados, con excepción hecha de las mencionadas áreas STEM.

Diferencias como que a las mujeres se les contrata y asciende por su desempeño, y se les ofrece menos dinero, abren una puerta a la desigualdad desde los primeros años, la que se va ensanchando a lo largo de la vida laboral.

Como lo demostró la pandemia, ellas son el eslabón más débil en tiempos de dificultades económicas llegando a un histórico 30% de desempleo, disparándose la informalidad al millón de personas con una fuerte representación de mujeres y entre ellas las más jóvenes resultan las más vulnerables.

Educación, empoderamiento, autonomía económica mediante programas de emprendimiento con visión de género, fortalecimiento de la red de cuido y acceso al crédito son pasos importantes para la creación de un país con mayor igualdad, en el cual ganan las mujeres pero también las familias, pues detrás de una mujer empoderada hay una familia empoderada, y detrás de un país que aprovecha a la totalidad de su población en todas sus potencialidades, estarán los grandes ganadores en desarrollo y bienestar en el nuevo Siglo XXI.

No atrasemos las acciones en la ruta por la igualdad un día más, porque con cada avance todos ganamos.

En la producción hay diversos tipos de empresas, algunas con alta dependencia de la fuerza laboral, otras de máquinas y equipos. Es claro que las relaciones laborales deben ser las mejores en todas las empresas, pero mucho más en aquellas que dependen de un mayor número de empleados, por sus obvias implicaciones.

En nuestro grupo, hay presencia de empresas de ambos tipos, en las intensas en personal tenemos algunas que lo requieren temporalmente, NO ESTÁ CLARA LA FRASE como es el caso de las construcciones y otras como la producción de banano que son intensas en personal de manera permanente.

Siempre hemos querido desarrollar un ambiente cordial en las relaciones laborales y por las claras directrices de Nuria Marín, con políticas de equidad de género, reconocimiento de derechos sin discriminación, igualdad en la remuneración y un ambiente libre de acoso.

A raíz de un reconocimiento importante que hicimos recientemente, quiero destacar un elemento relevante y ese es la estabilidad laboral. Las empresas con personal estable son mucho más eficientes y productivas que aquellas que viven en constantes cambios de personal. La inestabilidad genera cambios que no permiten tener líneas de mando claras, que todos conozcan y entiendan y por ello faciliten el trabajo; el zigzagueo es tremendamente dañino. Además, se desarrolla un clima de inseguridad entre las personas que laboran al dudar si llegarán a fin de mes, desestimulando los mejores rendimientos.

Traigo este comentario a raíz de un reconocimiento hecho al Gerente General del Grupo Calinda, que es como se denomina la División Bananera de la Corporación Álvarez y Marín, por cumplir 30 años ininterrumpidos en la empresa. El Máster Iván Sánchez, llegó al grupo cuando iniciábamos, contratado como analista financiero, para apoyarnos en todo el manejo de los flujos de caja en la etapa de desarrollo de la primera finca, desde potrero hasta ser una unidad productiva de banano para la exportación. Lo elegimos entre varios candidatos en mucho por la recomendación de dos distinguidos exprofesores suyos en la Facultad de Ciencias Económicas.

Iván, gracias a su esfuerzo, disciplina, manejo financiero y aprendizaje del negocio bananero tanto en la parte productiva como de comercialización, pasó por diversas responsabilidades hasta llegar a convertirse en el Gerente General. Su presencia ha sido fundamental para nuestro éxito empresarial y para la consolidación de un grupo solvente y eficiente. Ha permitido tener un ADN empresarial que se ha mantenido por mucho tiempo y políticas internas claras y estables, sin renunciar a la modernización y a entender el cambio de paradigmas con el paso de los años.

Este es un buen ejemplo de cómo la estabilidad laboral y las oportunidades de ascenso, entre otros, son un buen instrumento para el éxito empresarial.