Durante el tercer periodo presidencial de don Jesús Jiménez (1868-70), con don Julián Volio en la cartera de Instrucción Pública, se declaró la obligatoriedad y gratuidad de la enseñanza primaria para ambos sexos. En ese año Costa Rica contaba con 63 escuelas, 8.000 estudiantes y una tasa de analfabetismo de alrededor del 89% (98% en el caso de las mujeres).
Con esta decisión, Costa Rica se adelanta, en casi cien años, a los modernos postulados de la UNESCO que encontramos hoy en el informe de Jacques Délors.
Don Julián nos sorprende con su visión al señalar la necesidad de construir un edificio escolar apropiado “donde quiera que haya un número de treinta niños.” Visión que lleva a que setenta y dos años después, en 1941, el país cuente con 730 escuelas y el analfabetismo reducido al 22%. Como consecuencia de las profundas transformaciones resultantes de la Segunda Guerra Mundial y de la Revolución de 1948, el proceso de modernización y ampliación de la cobertura de la educación continúa en nuestro país. La Constitución Política en su artículo 78 además de mantener el postulado de 1869, agrega que la educación preescolar y la secundaria también son gratuitas y costeadas por la Nación.
Transcurridos veinticuatro años, don José Figueres y don Uladislao Gámez como Ministro de Educación Pública, firman la Ley # 5202 de 1973, en la cual se amplía el plazo de escolaridad obligatoria y gratuita y se institucionaliza lo que hoy conocemos como Educación General Básica, nivel escolar donde se integra la enseñanza primaria con el ciclo básico de la secundaria.
Y transcurridos otros veinticuatro años, durante la actual Administración se logra una nueva reforma constitucional al artículo 78: se declara obligatoria la educación preescolar y se fija el nivel de inversión del Estado en Educación en el 6% del PIB.
A lo largo de estos dos siglos, nuestros gobernantes han considerado la Educación como un derecho fundamental, que por su naturaleza y esencia implica la obligación de adoptar las decisiones y las acciones concretas y oportunas dirigidas a la formación integral de los costarricenses. Sin embargo, a pesar de los logros, el proceso no está concluido. Debemos seguir adelante.
Actualmente el país tiene 800.000 estudiantes, alrededor de 3.000 centros educativos, una cobertura del 100% en primaria, del 67.3% en III ciclo, del 43.3% en la Educación Diversificada y de un 75.9% a nivel preescolar. Es un orgullo nacional que el nivel de analfabetismo sea del 2.7%.
No obstante, de cada tres niños que ingresan a primer grado, uno no llega a sexto. El 40% de las escuelas son unidocentes, en áreas rurales dispersas, y presentan bajos niveles de rendimiento. Las instituciones educativas de zonas urbano-marginales tienen déficits cualitativos y cuantitativos en su oferta educativa, infraestructura, equipamiento y mobiliario. Esta situación es alarmante y ante a ella nuestro país enfrenta un importante desafío.
Vivimos en un mundo globalizado, caracterizado por cambios acelerados e iniquidades en cuanto a la sostenibilidad y el desarrollo del capital humano. Esta circunstancia demanda nuestra urgente acción. Enfrentamos desafíos internos tales como la profundización y la consolidación del ser costarricense, el desarrollo integral de las personas en sociedad, lo cual nos permitirá posicionamos ventajosamente en el ámbito económico y dar así más oportunidades de plena realización a toda la ciudadanía. Aspiramos entonces a dotarles de condiciones adecuadas de salud, vivienda y trabajo, pero a la vez de disfrute cultural, deportivo y recreativo.
Es reconocido el carácter central que tienen la educación y la producción del conocimiento en la difusión de valores, en la dimensión ética y conductual de los habitantes, en la generación de capacidades y destrezas en el ámbito laboral y en general en la mejora de las condiciones de vida. De ahí la importancia de cerrar la brecha educativa, pues de ello depende el futuro de las nuevas generaciones.
Nuestro modelo educativo debe enseñar a aprender a pensar, a aprender a ser y a aprender a hacer, y para ello la enseñanza debe ser rigurosa. Es necesario diseñar e impulsar una estrategia que permita resolver los problemas centrales del sector que inhiben el logro de resultados concretos en cuanto a pertenencia, equidad y competitividad; me refiero concretamente a la formación y capacitación docente y a la gestión de los procesos curriculares tanto como a la administración en general. Esta estrategia debe articularse en torno a dos ejes centrales: la sociedad y el conocimiento, bajo criterios de equidad y desempeño dentro de un esquema institucional descentralizado:
Para la adopción de esta estrategia se requieren cambios profundos, dirigidos básicamente a tres áreas
1.- La orientación política para asumir las tareas como acciones estratégicas de largo plazo.
2.- La orientación gerencial para garantizar la focalización de los resultados hacia mejoras reales en los contenidos, la capacitación, la tecnología y su articulación con el desempeño y una férrea disciplina.
3.- La orientación institucional que permita romper con el aislamiento de los centros educativos y el estilo conductista-centralista para introducir modalidades de acción en donde los actores (educadores, padres de familia, educandos y comunidad) tengan mayores márgenes de autonomía en las decisiones y mayor responsabilidad en los resultados.
La educación es el motor del desarrollo nacional, y a la vez la forma en que las personas adquieren herramientas para desenvolverse mejor en la sociedad. El desafío educativo es, entonces, la más importante tarea nacional.
Seminario Universidad
