Año con año, nuestro país ha venido graduando cada vez más profesionales. En 1986, la Universidad Nacional graduó 1.149 profesionales, y una década más tarde, 2.349 . El Instituto Tecnológico de Costa Rica graduaba en 1986, 187 profesionales, y en 1996, 576. La Universidad de Costa Rica, por su parte, graduaba en 1986 2.804 profesionales y en 1996, 3.779. Pero el crecimiento exponencial lo vimos en la UNED, que pasó de 187 graduados en 1986 a 1.410 en 1996; y en las universidades privadas que pasaron de 900 a 6.669 graduados.
La mayoría de esos graduados se ubica en el grado de bachillerato, en las áreas de educación y ciencias sociales. Esta tendencia se mantiene, y solo en la educación superior estatal aparecen matriculados en 1996, estudiantes que en el transcurso del próximo quinquenio, se incorporarán a la fuerza laboral y a los colegios profesionales, que como entes que autorizan el ejercicio profesional en el país, deben controlar que los habitantes no corran riesgo con las llamadas “profesiones liberales”; es decir, deben velar tanto por el correcto ejercicio de la profesión cuanto por el decoro y la dignidad profesional.
El trabajo profesional es de gran importancia e interés para la sociedad en el tanto contribuya con el desarrollo del país, pero esto se logra solo cuando el título que se ostenta refleje una adecuada formación académica. Por ello, en cumplimiento de su misión, los Colegios Profesionales deben realizar la importante tarea de verificación de la adecuada preparación académica de los graduados de las diversas entidades educativas que deseen trabajar en Costa Rica. Consecuentemente, al finalizar los estudios académicos y habiendo obtenido el grado académico correspondiente, los profesionales deben someterse a ciertos requisitos como un curso de Ética profesional, o la realización de una práctica -Servicio Social en el caso de los profesionales en salud- y el pago de una cuota mensual a favor del Colegio para que este pueda cumplir a satisfacción sus fines.
A estos requisitos que cada Colegio ha establecido, se debe sumar un examen de incorporación de todo profesional, en aras de verificar su preparación académica y se les acredite para el ejercicio de la profesión.
La aprobación del Proyecto de Ley que en ese sentido presenté, dotaría a los Colegios Profesionales de un instrumento para acreditar la idoneidad del profesional, en beneficio de los habitantes que tienen derecho a ser atendidos por personas competentes. Además, la valoración del nivel académico de los graduados contribuye a una mejora constante en la calidad de la enseñanza, pues no es lo mismo atraer estudiantes cuando se sabe que la mayoría de los egresados de una universidad fracasan en su incorporación al Colegio profesional respectivo, que cuando sucede todo lo contrario; así, las universidades se esforzarían por preparar mejor sus programas académicos en términos de excelencia y exigencia.
No con poca frecuencia escuchamos el anhelo de los costarricense por mejorar su calidad de vida. Estamos seguros del necesario aporte del sector profesional a este deseo nacional. Por eso; porque es necesario hacer de nuestro país la primera nación desarrollada de la América Latina, debemos buscar mecanismos que, como el examen de incorporación a Colegios Profesionales, sean garantes de excelencia e idoneidad en quienes tiene a su cargo el ejercicios de las profesiones.
¿Cerrar las escuelas en los hospitales?
En la exposición de motivos del Código de la Niñez y la Adolescencia de Costa Rica se afirma que “...la autoridad que se ejerce sobre niños, niñas y adolescentes supone la existencia de un marco básico de intervención cuyo único sentido o razón de ser es la protección integral de esta población...”. Este Código propicia una nueva ética para la puesta en práctica de la política social por parte de las autoridades de Gobierno y el deber ineludible que tienen de encontrar los límites de su discrecionalidad en la toma de decisiones que atañen a los niños y a las niñas de nuestro país. Esto es particularmente relevante para los jerarcas del Ministerio de Educación Pública y lo traemos a colación porque los medios de comunicación nos han informado del interés que tiene este ente de cerrar las escuelas que tienen algunos hospitales nacionales, como el Hospital Calderón Guardia y el Hospital Nacional de Niños. Si bien es cierto que estas no son escuelas en el sentido literal de la palabra, puesto que las actividades que propician no culminan en certificados de educación formal, la experiencia ha demostrado que son centros de atención integral para la niñez necesitada de procesos de estimulación temprana, en que se conjugan los esfuerzos de médicos, enfermeras, trabajadores sociales y educadores, en el marco de una entidad seria y profesional, como lo es un hospital.
El desarrollo humano que estos centros educativos se logra, con la ayuda invaluable y sistemática de los padres de familia de cada uno de los niños, es un aspecto de fondo que nos impide aceptar que se lleve a cabo su clausura definitiva, al retirar a los educadores, que son elementos indispensables en el equipo interdisciplinario que requiere el hospital para sacar adelante esta labor de compromiso con el futuro. Los niños y niñas a quienes se les han respetado sus derechos básicos a la salud, la educación y su desarrollo hasta donde sus potencialidades se lo permitan, ofreciéndoles un servicio adicional de salud y educación, que les garantice las oportunidades de ser ellos mismos, son el mejor argumento para que la sociedad costarricense impida una nueva agresión a sus derechos. Si la razón de ser de la educación es la preparación para la vida, para el vivir plenamente la condición de personas, nos resulta inaceptable que se les niegue a aquellos que más la necesitan.
Si entendemos por Educación los procesos de aula que ofrecen certificados de conclusión de estudios, entonces lo que se pretende podría ser lo correcto, pero si entendemos la Educación como un derecho, como una política social fundamental que se basa en un enfoque de protección integral a los sujetos (UMCEF-CR-99), y particularmente a aquellos que se encuentran en el momento justo de su ciclo de vida en que la intervención a tiempo evitará mayores costos económicos y humanos a largo plazo, entonces debemos impedir que una vez más se tiren por la ventana experiencias y servicios que han demostrado su oportunidad, viabilidad e impacto social.
El 6% del PIB que establece nuestra Constitución Política como inversión anual en educación, no es solo para que los servicios de educación institucionalizados sean más y mejores. Se trata de que los niños y niñas sean sujetos de derechos inalienables, independientemente de su contexto, edad o condiciones de salud y capacidad intelectual. A veces parece que el gobierno ha olvidado su responsabilidad social, ética y jurídica para con la niñez y, una vez más, muestra su ceguera más allá del aula y de la administración escolar.
Los costarricenses nos enorgullecemos ante la comunidad internacional de ser pioneros en la región de la enseñanza obligatoria, gratuita y costeada por el Estado, pero, se hace necesario ampliar las posibilidades de acceso y concibamos la Educación para y en razón de los sujetos, obligarnos así a extremar los esfuerzos para alcanzar una verdadera Educación para todos, desde el mismo instante del nacimiento. Por eso, instamos respetuosamente al señor ministro de Educación y a su equipo de trabajo a reconsiderar esta situación, teniendo en mente el interés superior de la niñez como premisa en la toma de decisiones. Los ciudadanos del mañana se lo reconocerán. Los de hoy se lo agradeceríamos.
