Uno de los problemas más serios en el país es el cobro sumamente deficiente de los impuestos. Los instrumentos establecidos al efecto no se utilizan con la severidad que amerita y sumado a ello no existe una cultura tributaria en los ciudadanos que censure la evasión.
Por el contrario el hacerlo es aceptable, prueba de ello es la reiterativa frase: “con factura o sin factura”, en donde lejos de presentarse la denuncia de los locales que lo hacen, usualmente se acepta la opción que resulta ser más barata: “sin factura”.
Sin lugar a dudas nuestros programas educativos deben incluir el cumplimiento de las obligaciones tributarias como un elemento fundamental en nuestro sistema de vida, al igual que la protección ambiental, la no violencia en general y la doméstica en particular, el rechazo a la corrupción y el rescate a los valores, entre otros. Ello conllevará una nueva actitud que dentro de unos años nos permita construir una mejor nación.
No obstante, al igual que el contribuyente requiere cambiar su actitud frente a la evasión lo mismo deben hacer las autoridades que administran tributos y eso empieza con ejercer con más severidad el cobro y cumplimiento de toda obligación tributaria, junto con la utilización de todos los instrumentos legales con que se cuenta. Por eso llama poderosamente la atención los pocos casos de cierre de negocios que hay y la falta de publicitar aquellos que han sido clausurados, siendo éste un instrumento muy fuerte para sancionar a los evasores. Si un negocio sabe que ante la evasión su clausura es inminente y que además se divulgará de forma generalizada, no me cabe la menor duda que para evitar el daño en su imagen y en sus ventas se preocupará por pagar puntualmente sus impuestos.
Recordemos que a raíz del caso del Banco Anglo se dieron importantes fallos judiciales y pronunciamientos de la Procuraduría General de la República en los cuales se señaló la diferencia entre operaciones regulares e irregulares y los derechos que a cada una le tutelan concluyendo que ante casos de irregularidad se pierde el derecho a la privacidad y las listas y nombres de deudores pueden ser públicas. Planteadas así las cosas no deben temer las autoridades que administran tributos, publicitar los cierres de negocios ni las listas de morosos, las que con frecuencia son el secreto mejor guardado de la institución; por el contrario éstas debieran estar disponibles en internet.
Una de las entidades que más sufre por la mora de sus contribuyentes es la CCSS, a la cual se le adeudan miles de millones de colones, (es el Estado el mayor deudor), pero no hay relación entre la voluminosa deuda y el cierre de negocios, lo que resulta inaceptable. Por eso a pesar de ser un seguidor del fútbol me ha parecido excelente los recientes cierres de estadios. Los impuestos se deben pagar aunque de fútbol o de cualquier disciplina deportiva se trate. El mecanismo ha funcionado. Se han cancelado cuentas y realizado arreglos de pago en beneficio de la seguridad social.
Lo que si resulta curioso y debe destacarse es que los cierres de estadios se ven como algo tan importante que generan reuniones del más alto nivel. El último caso llegó hasta las puertas de Zapote, cosa ya de por si censurable, porque el sistema debe ser eficiente para cerrar los negocios y no como en la actualidad en que “todos” corren para que se abran y se levanten las sanciones. Con esto se premia el incumplimiento y se le pierde el temor a los castigos.
La nueva Costa Rica que debemos construir requiere de ciudadanos y autoridades comprometidas con el sistema tributario. Esa es una excelente política social y conlleva el fortalecimiento de un régimen solidario que todos debemos avalar.
