La Sala Constitucional frente a la Seguridad Ciudadana

Por Antonio Álvarez Desanti
03/11/26
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La semana antepasada, dediqué mi columna al tema de la seguridad ciudadana y el Poder Judicial; en ella reclamé que el citado poder estaba en deuda con las acciones a implementar frente a la ola delictiva que vive el país.

Para esta semana planeaba referirme a las declaraciones de Evo Morales sobre nuestro “ejército”. No obstante sucedieron dos hechos el día de ayer, Evo, permítanme llamarlo así, simplemente por su nombre de pila, se disculpó por su torpeza y la Sala Constitucional limitó radicalmente el derecho de la policía para hacer retenes en las carreteras. Esto me obliga a volver al tema del rol del Poder Judicial frente a la inseguridad ciudadana.

En una sociedad las instituciones deben evolucionar conforme esta evoluciona. Resulta impensable que el mundo sea dinámico y las instituciones no se adapten a ese dinamismo. Esto se aplica de manera muy acelerada en lo referente a la tecnología. Donde antes se hacían filas, ahora hay sucursales electrónicas, firma digital, contraseñas de acceso directo por la web, entre otros. En el tema de la seguridad, el crimen ha evolucionado rápidamente por una parte y por la otra ha aumentado la ola delictiva geométricamente. Ya no estamos en la Costa Rica de puertas abiertas, donde se jugaba en las calles. Estamos en un país donde para robar un celular asesinan a sangre fría a una persona, con bandas profesionales dedicadas al crimen organizado por narcotráfico, robo de vehículos, lavado de dólares, solo para citar unos pocos casos.

Estos cambios requieren de una respuesta policial diferente. Sin embargo, desde la óptica de la justicia constitucional, lejos de otorgar instrumentos a los cuerpos policiales se les están cercenando. Cuando necesitamos que a las víctimas potenciales nos defiendan se facilitan las acciones a la delincuencia. En Limón el robo de motos disminuyó sensiblemente cuando se instalaron retenes para pedir papeles y verificar placas; con ese mecanismo el hampa vio limitado su ámbito de acción.

Por ello resulta inaceptable la sentencia constitucional que solo permite realizar retenes cuando hay indicios comprobados de que se ha cometido un delito. Por favor, ¿hasta dónde nos llevará esta candidez judicial?

Es increíble que un instrumento legítimo de acción policial en todo el mundo, en Costa Rica se considere violatorio de los derechos humanos. ¿Debemos entonces pregonar urbi et orbi que solo en este país se tutelan derechos humanos mientras el resto de las naciones los violan repetidamente?

Si hubo retenes abusivos, con desplantes de matonería, ofensa a la dignidad de las personas o incluso de su seguridad personal, son estas acciones totalmente censurables inadmisibles en nuestra tierra. En estos casos la Sala debió reprimir a las autoridades de policía, reclamar la existencia de un protocolo de operación que evite lo anterior, porque las personas no merecen esos abusos, pero jamás asumir la triste decisión de prohibir los retenes. No me cansaré de insistir, en la lucha contra la delincuencia debemos actuar unidos por una visión, y cada uno desde su trinchera hacerlo como le corresponde a una acción conjunta. Si un actor fundamental como el Poder Judicial con sus fallos facilita las acciones delictivas nos esperan días tristes en el país.

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