El manejo de las finanzas públicas implica el control de dos áreas diferentes: los ingresos y los gastos. Cada una con sus propias características y reglas que requieren de un trato muy particular, por ello, es poco recomendable definir políticas generales sin detenerse en los aspectos específicos. Por ejemplo, en materia de gasto se podrían establecer recortes de manera generalizada, diez por ciento de todo el presupuesto. Sin embargo, esto trae consecuencias muy negativas para la marcha del país, ya que no produce el mismo resultado recortar el diez por ciento de gastos en la partida de viajes al exterior de los diputados hacerlo en los programas de educación básica. Esto obliga a que los jerarcas tengan la sabiduría, visión y conocimiento para recortar gastos donde estos son superfluos sin limitar el desarrollo futuro de la nación.
En materia de ingresos sucede igual. No toda vía de recaudación tributaria, creación de impuestos o aumento de estos es igual, ni tiene las mismas consecuencias. Muy por el contrario, cada política tributaria que se establezca tiene efectos muy distintos en la población. Eso significa que si el gobierno requiere de recursos no es tan sencillo como decir subamos los impuestos, antes bien, debe establecerse una definición clara de cuáles son los grupos a los que se les quiere cobrar. Si es necesario recaudar mil millones de colones podemos hacerlo con un impuesto al patrimonio. Pagarán entonces los grupos económicamente fuertes; o bien podemos definir cuantas libras de arroz se consumen en el país al año y calcular un impuesto que resulte de la división: monto a recaudar entre libras consumidas. Como puede verse en ambos casos el gobierno recibirá los mil millones, la enorme diferencia es quién pagará en cada uno. No es igual aumentar el arroz que tasar el patrimonio. Esta es una decisión política e ideológica pues existe un arco iris de opciones para definir los impuestos. Para algunos esto no será importante y simplemente bastará con llevar dinero a las arcas del Estado sin importar quién lo pague. Esa es casualmente una posición ideológica, una que rechaza al sistema tributario como elemento de redistribución de la riqueza.
Una mala política tributaria redundar en que tener un déficit fiscal alto sea tan malo como intentar reducirlo financiándolo con impuestos sobre los sectores pobres y medios. Por supuesto con esto no patrocino los déficit fiscales, soy un fiel creyente de un sano manejo de la política fiscal y la monetaria (que si resulta inflacionaria ahí sí estaríamos estableciendo el peor de los impuestos), simplemente ejemplifico que la medicina mal planteada puede ser tan mala como la enfermedad.
El proyecto de reforma tributaria que se discute en la Asamblea Legislativa tiene ese problema. Quienes lo elaboraron sólo se preocuparon por buscar fuentes generadoras de ingresos sin reparar quién paga la cuenta, de ahí que se llegara al absurdo de que los asalariados y profesionales paguen hasta el 30% de impuesto de renta mientras que las sociedades pagarán el 18%. Más aún, en el proyecto se le rebaja el impuesto a las empresas grandes (del 30% al 18%) y se les sube a las pequeñas (del 10% al 18%). Como si fuera poco, se establece impuesto de ventas sobre el agua, la electricidad y los alquileres, que aunque tienen algunas exenciones termina grabando a la clase media.
Por esa razón, es mi oposición al paquete fiscal tal y como está el proyecto. El país necesita una reforma tributaria pero que sea progresiva y busque equidad, elementos que la actual dista de alcanzar. Permitir la ceguera política de quienes solo quieren llevar más dinero a las arcas del Estado, a costas de quien sea, por cálculo electoral futuro o pensando en el próximo gobierno es continuar con la más repudiada política tradicional que este país ya está cansado de padecer. Tomemos el rumbo correcto.
