Los costarricenses debemos tener claro qué es lo que el país necesita para asumir los retos, enfrentar los cambios y responder ante las exigencias de un nuevo mundo. Desde el siglo XVIII, nuestros antepasados supieron reconocer que la inversión pública en educación marcaría la diferencia entre una sociedad pobre y atrasada y un país con opciones de crecimiento y desarrollo. Hoy, en la era de la informática, las telecomunicaciones y el desarrollo tecnológico, esa verdad es todavía más cierta, pues solo el conocimiento y la preparación de las personas nos hará avanzar y dar un salto cualitativo hacia mejores condiciones de vida.
Con base en esa premisa, resulta fundamental ampliar la cobertura y mejorar sustancialmente la calidad de la educación. Es cierto que, en los últimos años, ha habido avances importantes: la introducción obligatoria de lenguas extranjeras, la informática educativa, los liceos experimentales bilingües, los quioscos de información (más cerca del docente y el hogar) y el desarrollo del pensamiento (inteligencias múltiples), son todos programas estratégicos que se orientan en la dirección correcta. Sin embargo, falta mucho por hacer si queremos verdaderamente resolver los problemas heredados del siglo XX y elevar la educación costarricense al nivel de la educación de los países desarrollados.
El reto y la llave. Los retos van desde cuestiones tan básicas cómo la reparación y mantenimiento de las instalaciones físicas y su equipamiento con materiales adecuados, hasta la meta –difícil, pero indispensable– de garantizarle a todo estudiante el dominio absoluto de un segundo idioma y el acceso a equipos de cómputo y de Internet. Las altas tasas de deserción nos revelan que una gran cantidad de costarricenses están condenados a seguir subyugados por la pobreza y que el país no podrá aprovechar su potencial; eso tenemos que cambiarlo, haciendo más atractiva la educación, demostrando su verdadero valor, fortaleciendo los programas de actualización permanente para profesores. Asimismo, resulta urgente una participación más activa de los padres en las decisiones que afectan la educación de sus hijos, de manera que se constituyan en guardianes celosos de la calidad de la enseñanza.
La educación es, sin duda, la llave para abrir las puertas de las oportunidades en un plano de igualdad. Por ello, en materia de educación, no podemos dormir tranquilos mientras la educación pública no sea igual o mejor que la educación privada, o mientras la educación costarricense no sea igual o mejor que la de los países más avanzados. Para lograrlo, se requiere dinero, pero también compromiso y voluntad.
De ahí nuestra preocupación por el acatamiento de lo dispuesto en el artículo 78 de la Constitución Política y se le garantice a la educación el 6% del PIB. El presupuesto presentado por el Gobierno para el año entrante, subvalora la realidad económica del país, castiga los fondos para la educación pública en un 30%, e incumple el mandato constitucional. Reducir la inversión en educación no es un ahorro ni un ejemplo de disciplina fiscal, es un crimen contra la niñez costarricense y, en muy poco tiempo, estaremos todos sufriendo las consecuencias de esta miopía política. He dicho que la educación será el eje central del próximo gobierno y, por ello, los diputados no deben aprobar el presupuesto actual hasta que se corrija esta grave situación.
La Nación
