La ola de delincuencia que vivimos, -cada día más sorprendente por los nuevos delitos y la violencia con que se cometen- amerita replantear criterios jurídicos por el bien del país y sobre todo de las personas apegadas al ordenamiento jurídico, que además somos por mucho la mayoría.
Insisto, se trata de una ola de delincuencia que cada día nos sorprende más. En pocos días se suscitaron crímenes como el asalto y asesinato de una pareja en Heredia, -donde dichosamente dejaron con vida a su bebé- en apariencia para robarle el dinero de la ventas de su negocio de carnes; el asesinato de un estudiante porque “agredió” al asesino al tocar la bocina de su carro porque este invadió su carril al salir de un restaurante de comidas rápidas, suficiente para dispararle y acabar con su vida; el asesinato de un oficial de tránsito en la vía pública y a plena luz del día para robarle su arma; el asesinato de tres personas en una venta de ropa, también en Heredia, con el aparente propósito de robar el dinero de pago a sus proveedores. Así podríamos continuar citando hechos graves que han conmovido al país. Ignoro cuántos debemos mencionar para que nuestros jueces, de todas las instancias, entiendan la gravedad del problema.
Escuchando y leyendo artículos y resoluciones de los mejores exponentes del abolicionismo penal y del garantismo, no puedo estar más de acuerdo en que ha habido durante muchos años un abandono total a los programas sociales, se ha permitido la polarización social y el crecimiento de la desigualdad, se dejó de invertir en la educación pública, único instrumento para romper el círculo vicioso de la pobreza y hoy sin duda tenemos que asumir como sociedad sus consecuencias. Además, es necesario señalar que los problemas de delincuencia no se van a solucionar exclusivamente con el derecho penal sancionatorio. ¿Quién puede estar en desacuerdo con esto?
Pero veamos la otra cara de la moneda. Vivimos en una sociedad donde el crimen se ha desbordado y hay una cantidad de agresores que deben ser sancionados y además por su gravedad y peligrosidad retirados de la circulación mediante su internamiento en centros carcelarios. Esta puede no ser la mejor opción, pero es la única que nuestro sistema democrático tiene. Puede ser que algunos delincuentes sean producto de la sociedad que los abandonó, aunque tengo mis reservas al respecto y creo que es una burda excusa para ablandar el corazón de muchos jueces, cosa que con frecuencia logran. Pero que se mate a una persona por sonar la bocina del carro o se asesine a tres para robar el dinero de proveedores, va mucho más allá de ser producto de un sistema social polarizado.
Por esa razón, viviendo en las condiciones actuales, el sistema penal debe también adaptar sus criterios e interpretaciones a los tiempos que corren. Cuando el delito se reduce a robar una gallina se amerita una interpretación pero cuando el delito es violento, con alevosía, ensañamiento y se es reincidente, obliga a una interpretación distinta.
Sin duda, hasta en los peores momentos de la criminalidad debemos defender el principio de inocencia y todos los derechos que amparan a los acusados, pero bajo la esfera de esos mismos derechos, las interpretaciones jurídicas deben ser más drásticas cuando el crimen se ha desbordado.
Algunos alegan que nos estamos convirtiendo en uno de los países con más detenidos sin condena y por ende con más prisiones preventivas decretadas. Ese dato per se debe ser motivo de preocupación y de reflexión.
En síntesis, en los tiempos actuales con el nivel del crimen que padecemos, nuestro sistema penal no puede creer que se aplica en una sociedad inmaculada y debe entender que como evoluciona la delincuencia debe evolucionar su persecución penal.
Ojalá en pocos años estemos viviendo otra realidad y podamos reducir el número de acusados y vivir con libertad y en paz frente a la criminalidad; aspiro a que podamos lograrlo. Pero mientras llegamos ahí debemos defender a los inocentes.
