Durante muchos años el ejercicio de un cargo público fue motivo de orgullo y honor para quien lo ostentaba. El ser señor Ministro o señor Diputado entre otros, representaba una verdadera distinción para la persona. Con los años y el desprestigio de la política y sus actores, cada día el péndulo oscila más a las grises áreas del desprestigio de la persona y del cargo.
El fenómeno no es solo nacional, muy por el contrario, trasciende nuestras fronteras y continente. La corrupción, las demandas insatisfechas, las promesas no cumplidas son en buena medida las fuerzas que impulsan esa corriente.
Recuerdo como si hubiese sido ayer mi participación en un debate en el año de 1994 en la Universidad de Costa Rica. Versaba sobre la donación de órganos. Mis participaciones fueron muy bien recibidas por el público que me brindó cálido aplauso, pero al cerrar la actividad la moderadora agradeció la presencia del diputado en esa casa de estudios y bastó que mencionara esa condición para recibir una silbatina generalizada y prolongada. El buen expositor se transformó en villano por solo ser un “padre de la patria”.
Esta situación ha desmotivado a muchas buenas personas a participar en política y es comprensible. Pero a lo anterior se suman situaciones mucho más graves y que desmotivan aún más y son las que tienen que ver con las responsabilidades del funcionario por sus actuaciones.
Hago este comentario a raíz de la inhabilitación impuesta por la Contraloría General de la República a una ex-ministra. No conozco los detalles políticos ni jurídicos del caso, pero sí puedo decir que ante la necesidad de restablecer un servicio público tan importante como el del ferry y garantizar a una zona del país su comunicación, estoy seguro que la mayoría hubiera actuado tal y como lo hizo la ministra.
La historia de esta sanción será la razón para que en el futuro los funcionarios duden más en tomar decisiones y se vuelvan aún más burocráticos, siendo esa una carlanca adicional para nuestro desarrollo.
En nuestro sistema de administración pública, las cosas no van nada bien. El definir responsabilidades personales e institucionales además de ser lento e inoportuno carece de una clara visión para establecer prioridades. Digo esto casualmente ante los señalamientos de la misma Contraloría a las autoridades de la CCSS, a quienes con suficiente antelación se les indicó el desorden en la planificación, reducción en la inversión de infraestructura, crecimiento del déficit, aumento desmedido de sueldos y de nuevas plazas.
Pese a todos los señalamientos, no se actuó a tiempo y hoy tenemos sumida a la entidad aseguradora en una crisis que de no manejarse adecuadamente puede conducirla a su quiebra. Entonces la pregunta válida es: ¿por qué se advierten problemas, no se hace nada y no se sientan responsabilidades? Y por otra parte se inhabilita a funcionarios por situaciones mucho más simples.
En síntesis mi punto es sencillo: falta comunicación en la administración pública. Las acciones no se implementan con la debida prioridad; se cuidan los centavos mientras se malbaratan los colones.
No deseo que este comentario se tome contra entidades o personas en particular, o como una defensa oficiosa de una ex-ministra. Mi comentario apunta a la operación de un estado anticuado e inoperante que requiere con urgencia de cambios sustantivos con el fin de obviar circunstancias como las señaladas.
