Para un costarricense siempre es extraño oír que exista censura previa para actuaciones de la vida cotidiana. Tan es así que durante muchos años ha sido objeto de discusión la potestad de censurar películas por medio de un grupo de personas que previamente las ven y dan sus puntos de vista, los cuales son de acatamiento obligatorio para el resto de los ciudadanos.
Esto responde a que nuestra idiosincrasia es rica en la defensa de los derechos individuales y las libertades públicas, que son pilares fundamentales de nuestra vida en un sistema democrático.
En Costa Rica, como democracia plena, podemos pensar y hablar libremente mientras no incurramos en delitos contra el honor, materia en la cual la misma jurisprudencia nacional ha evolucionado aceleradamente ampliando los derechos de los ciudadanos a expresarse.
El papel de la crítica también lo ejercemos de manera libre, donde podemos opinar y emitir criterios sin temor a que se nos limite o censure por hacerlo.
En materia universitaria, la Constitución Política consagra el principio de la libertad de cátedra, el que siempre hemos defendido sin reservas como una de las más puras expresiones de nuestro sistema democrático frente a las violaciones a la autonomía y a la libertad universitaria tan común en los sistemas totalitarios.
Por esa razón, no puedo sentir más que repudio frente a la decisión del Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica al tratar de censurar e impedir que se diera una charla en nuestra querida Alma Mater. Ese órgano al que pertenecí como representante estudiantil al final de la década de los setentas, fue siempre un garante de las libertades públicas y del derecho al libre pensamiento en la universidad.
Resulta por ello muy triste y constituye un pésimo precedente para nuestra institucionalidad, que sea precisamente en nuestra vetusta y emblemática casa de estudios universitarios, donde se intentara censurar una charla o presentación de índole científica.
He omitido expresamente en este artículo el nombre del expositor y el de su charla, porque casualmente esta no es una defensa a esa persona, sino a todos los ciudadanos que debemos tener el derecho de poder escoger libremente a quien queremos oír o no, por decisión propia, y no porque un pequeño grupo decida por nosotros.
Pasan los años y siempre sigue vigente la máxima democrática pronunciada por Voltaire: “No comparto tus ideas pero daría mi vida para que puedas expresarlas"
Plan piloto de descentralización
Queridos amigos y amigas: Quiero empezar por agradecer a los organizadores la gentileza que han tenido de invitarme a participar en esta importante actividad. Voy a tratar de respetar los quince minutos que me han dado para la exposición y así tener al final la oportunidad de que intercambiemos algunos puntos de vista.
En Costa Rica nos sentimos muy orgullosos de haber consolidado durante las ultimas décadas un sistema de democracia política que ha pasado todo tipo de pruebas. Hoy en día, en este país nadie duda que el primer domingo de febrero de 1998, acudiremos a las urnas electorales para elegir a quienes van a dirigir los destinos del país. Nos hemos sentido orgullosos de esa democracia política que se ha robustecido y que hemos disfrutado. Nos hemos vanagloriado de ello tanto en lo interno como en lo internacional y consideramos que uno de los atributos más importantes de la vida en Costa Rica es precisamente el disfrutar de esa democracia política.
Consolidada esa etapa, surge entonces la pregunta de si democracia significa únicamente elegir en libertad a quienes nos gobiernan, y la respuesta es sencilla. Esa democracia política es un elemento fundamental, pero no constituye la democracia ni es el sistema en su totalidad.
No podemos renunciar a ella, y debemos sentirnos orgullosos de tenerla, pero con el disfrute de esa democracia política, no debemos quedar satisfechos y cumplidos, ya que existen otras manifestaciones de democracia sobre las cuales tenemos de trabajar con igual ahínco para alcanzarlas.
Una de ellas es la democracia económica. Esta consiste en que los dueños de los medios de la producción, los dueños de la riqueza no sean unos pocos, sino que sea el mayor número de ciudadanos, donde la riqueza no se concentre en pocas manos y en donde no tengamos un país de proletarios sino de propietarios. Esa democracia económica es uno de los pilares fundamentales que debemos de mantener en nuestra agenda política para las decisiones futuras que se van desarrollando en la Asamblea Legislativa, en aras precisamente de lograr que en mayor medida podamos facilitar el acceso de las grandes mayorías a la distribución de la riqueza.
Junto a esa democracia económica debemos considerar también la democracia participativa. No es únicamente la distribución de la riqueza y la elección de los gobernantes lo que va a establecer el pleno goce de los privilegios de la democracia, sino también la decisión, la definición y la capacidad de participar en esa decisión y definición de las acciones políticas a implementar. No se trata entonces de elegir y con la elección dar un cheque en blanco para que durante cuatro años se realice lo que el gobernante quiera.
Se trata, por el contrario, de que dentro de este concepto de democracia participativa las grandes mayorías tengan la posibilidad de incidir en las decisiones y las acciones de gobierno que se vayan produciendo como parte de su labor y de la dirección que ejercen las figuras elegidas. Para ello, dentro de este esquema no podremos entonces sentirnos contentos ni cumplidos si no alcanzamos esos otros ideales de democracia económica y si no consolidamos un verdadero sistema que nos permita alcanzar esa democracia participativa. De eso es casualmente de lo que trata esta actividad, de ver de qué manera podemos nosotros consolidar mejor todo ese proceso de participación democrática y ahí entramos a otro capitulo de la discusión, el que corresponde a la descentralización.
Si queremos disfrutar de esa democracia y de esa participación, las acciones y la toma de decisiones tienen necesariamente que entrar en un proceso de descentralización y así nos enrumbemos hacia un sistema en donde debidamente descentralizada la función y la toma de decisiones del quehacer público se pueda obtener el mayor nivel de participación de toda la ciudadanía.
Dentro del esquema de descentralización, la figura clave en el sistema de organización política que tenemos y disfrutamos en Costa Rica es precisamente la Corporación Municipal. La Asamblea Legislativa ha entendido ese proceso y por esa razón ha establecido una comisión especial que se ha abocado al estudio de todo el proceso de descentralización del Estado y de reforma al sistema y al Régimen Municipal, comisión presidida con gran acierto por nuestro compañero diputado don Juan Luis Jiménez Succar.
En la discusión de la Reforma del Estado es importante que no solo nos planteemos cuántos son los funcionarios que se requieren en una institución para que esta camine, cuáles son los llamados privilegios a eliminar en algunos laudos arbitrales, sino también que nos planteemos cuál debe ser el rol y el fortalecimiento de la acción a nivel municipal, para que logremos llevar a la realidad el proceso de descentralización.
No se puede hablar de Reforma del Estado entendiéndola como una carnicería de instituciones en donde casi subastemos cuáles quedan y cuáles no quedan y que al azar fijemos cuántos funcionarios se necesitan y cuántos funcionarios sobran.
No quiero que se malinterprete este comentario ubicándome del lado de algún grupo opositor a la Reforma del Estado. Estoy comprometido con la Reforma del Estado y soy uno de sus fieles partidarios e impulsores; pero lo inaceptable es limitar el esquema de Reforma del Estado a una cuestión de estadísticas que contemple solo el número de empleados y de privilegios que se recortan.
La Reforma del Estado debe contar con una visión a largo plazo en la cual definamos cuál es el Estado que queremos. Si queremos el Estado pequeño y ágil que mantenga los servicios públicos, que oriente la acción del Estado, que oriente la inversión pública, establezca las prioridades en materia de obra social, pero que mediante sistemas de descentralización en organismos públicos y privados logre cumplir sus cometidos, o si por el contrario simplemente aspiramos a mantener un Estado tal y como está, con algunos recortes. Consideramos que si se trata de hacer una labor seria, esa reforma del Estado debe empezar primero por ubicar el norte al final en el horizonte, definir el Estado que queremos y de ahí en adelante determinar, cuáles son los instrumentos, las instituciones, los mecanismos que vamos a dejar para que pueda cumplir con sus fines. Dentro de ese esquema debemos entonces impulsar una reforma del Estado, pero una reforma del Estado que venga de la mano de la descentralización y que incluya los conceptos que en forma tan acertada y con tanta propiedad expuso doña Patricia Mora en su anterior intervención en la cual deja en claro el concepto de que no se trata de descentralizar para ejecutar sino de descentralizar para asumir la toma de decisiones y es ese uno de los elementos fundamentales. Pero si queremos fortalecer la descentralización, y a la vez queremos fortalecer a las corporaciones municipales, hay elementos necesarios para que el proyecto pueda caminar y el plan y la idea se consoliden. Uno de ellos es la legitimidad política, ya que debe mediar un reconocimiento político que no nace solo de la elección, sino también del hecho de que esa elección tenga un reconocimiento de parte de los miembros de cada una de las Municipalidades.
La mejor forma de lograr esa legitimación es estableciendo la conciencia en los procesos internos mediante los cuales se hacen las elecciones en este país, de integrar las corporaciones municipales. Ahí las elecciones a medio periodo juegan un rol importante porque permiten que la elección a nivel municipal tenga peso y existencia por sí misma y que no sea simplemente tomar el ultimo vagón del tren de la elección presidencial en donde las papeletas no llevan ni el nombre de los candidatos municipales. Se podría considerar una elección de relleno, aún cuando no sea el carácter que posee el trabajo que hay que desarrollar. Poca importancia tiene dentro de la discusión de las elecciones pues se prima como importante el programa de gobierno del candidato presidencial.
Si logramos concretar la reforma constitucional para las elecciones a medio período, obligaremos a quienes deseen representarnos en los Gobiernos Locales, a traernos planteamientos, ideas, programas, y a establecer la agenda a desarrollar. Nos permitirá mantener la discusión en la base misma de las comunidades; opinar sobre la pertinencia del programa propuesto y su ejecución y podremos entonces otorgar la legitimidad política que esos Regidores y miembros de la corporación municipal requieren para ejercer sus funciones con autoridad.
La elección del Ejecutivo Municipal o Alcalde, según como se le quiera llamar, por el voto directo, servirá para que se comprometa con el programa que va a implementar en cada una de sus acciones, con la legitimidad que le confiere el haber sido electo en forma directa por los miembros de su gobierno, por los votantes de su Gobierno Local, y así se vuelva innecesario recurrir entonces a la negociación política, que no es mala per se, pero deslegitima el poder del Ejecutivo Municipal quien ha adquirido ese reconocimiento político, mediante votación y elección en forma directa.
Otro punto fundamental dentro del programa de descentralización es el financiamiento. Para qué vamos a tener un Gobierno Local y para qué vamos a descentralizar? si en última instancia no hay recursos económicos para desarrollar esas obras que se están implementando en los programas de gobierno? Es importante fortalecer la Hacienda Municipal, hay que otorgar los recursos que se necesitan para poder desarrollar el trabajo prometido al electorado. Un rol fundamental en aras de este objetivo será la administración y el cobro del impuesto territorial, que tiene que llegar con los nuevos dictados de la ley que fue aprobada.
El mantenimiento de un cronograma de traslado en manos de los Gobiernos Locales significará un fortalecimiento de todo el sistema de administración del impuesto territorial. ¿Quién mejor que los miembros de la Corporación Municipal conocen el valor que tienen hoy en día los terrenos en San Carlos y en las orillas del volcán Arenal, en donde se ha dado todo un auge turístico, producto de las riquezas naturales que presenta esa zona? ¿Quién mejor que los miembros del Gobierno Local conocen los precios y los valores reales de las propiedades en las zonas costeras del Guanacaste, donde han crecido los desarrollos hoteleros en forma realmente increíble, y la venta de los lotes por metro cuadrado se da en dólares y no en colones? Y si vamos a revisar los avalúos de esas propiedades en el Ministerio de Hacienda nos encontramos que todavía están valoradas a precios de hectárea y en cantidad considerablemente baja. ¿Quién mejor que la propia Corporación Municipal y los miembros de ese Gobierno Local son los que conocerán la plusvalía que han tenido los terrenos y la consecuente revaloración para poder dar el avalúo real con los precios reales del mercado y proceder a cobrar los impuestos territoriales sobre los valores reales y no sobre valores antiguos de más de 10 y de 15 años como aparecen en la base de datos de los avalúos del país? ¿Cómo es posible que existiendo una evolución tan acelerada en la plusvalía de los terrenos en una gran cantidad de zonas del país tengamos la recaudación del impuesto territorial concentrado prácticamente en el Cantón Central de San José y más aún, en las principales avenidas de la Capital? Eso obedece a la existencia de un problema de administración. Si esta se realiza mediante el esquema de administración y de recibo de los beneficios de los impuestos territoriales en los Gobiernos Locales, vamos a tener justicia tributaria con avalúos y cobro de impuestos según el valor real. Las corporaciones municipales y a los Gobiernos Locales tendrán los recursos necesarios para realizar obra y desarrollar su trabajo. Una descentralización sin recursos económicos carece de importancia; es condenar a los Gobiernos Locales al más absoluto desconocimiento político de parte de los miembros de las comunidades. Un Gobierno Local sin recursos que solo puede responder con un no a las demandas de las comunidades es la negación del mismo sistema de descentralización, porque serán las mismas comunidades las que dirán: “Para qué queremos esas instituciones que en última instancia es poco o nada lo que están haciendo por la comunidad?”.
Y un tercer elemento tiene que ver con los procesos de capacitación. No podemos descentralizar, no podemos dar recursos, si no desarrollamos los programas de capacitación para tener los miembros y funcionarios integrantes de esos Gobiernos Locales debidamente capacitados en la administración de recursos, en el manejo de los presupuestos, en los sistemas de contratación de obras y de adquisición de bienes y servicios. Todos sabemos que existe todavía a nivel nacional un número importante de Corporaciones Municipales en las cuales no hemos logrado el fortalecimiento de esos mecanismos.
Aquí hay importantes miembros de la Contraloría General de la República, (la Señora Subcontralora y otros distinguidos Compañeros de departamentos de la Contraloría). Podrían decirme si me equivoco, que cuando la Contraloría encuentra anomalías en los manejos de los recursos económicos por parte de las Municipalidades, buena dosis de esos problemas obedecen precisamente a la falta de capacitación existente en muchas de las Corporaciones Municipales. Y luego entristece el hecho de que líderes municipales terminen en los tribunales de justicia porque no supieron administrar los recursos públicos de acuerdo con las necesidades y los dictados establecidos por las leyes para el manejo de recursos propiedad del Estado costarricense. Por ello dentro del proceso de descentralización, el fortalecimiento con el necesario reconocimiento político y con los recursos financieros debe ir acompañado de los programas de capacitación contable, de capacitación presupuestaria, de capacitación legal y por ultimo de capacitación en lo que es gerencia pública para así tener personas con nociones gerenciales de administración capaces de mantener los equilibrios entre el respeto a la ley, la fiscalización de los recursos, la rapidez y la oportunidad en la toma de decisiones, y alcanzar entonces resultados adecuados que se traduzcan en beneficios a todas las comunidades.
Queremos finalmente concluir con la siguiente meditación. Al igual que en muchos otros temas en Costa Rica, tenemos ya mucho de estar en la etapa de estudios de documentos, de análisis de perspectivas, de revisión de la factibilidad de los cambios y hemos dedicado un buen número de horas a los seminarios, a las mesas redondas, a las charlas, a los procesos de discusión sobre la descentralización y el fortalecimiento, y del futuro político de las corporaciones municipales. También hemos dedicado muchas horas a meditar, a analizar y a arribar a conclusiones. Me parece, como lo dije hace unos meses en una actividad en la que algunos de ustedes participaron, que estamos en la etapa en donde ya el período de las definiciones ha terminado su ciclo y en donde debemos pasar de las palabras a los hechos y dejar ya los programas y los planteamientos académicos y teóricos institucionales y pasar a las definiciones legislativas que los convierta y los hagan una realidad. Sí debemos, -como se hizo en el impuesto territorial- aplicar una gradualidad en el tiempo de esas reformas para que se dé un proceso de preparación y las convirtamos en una realidad en todo el territorio nacional. hagamos las reservas de la aplicación de los cronogramas y de los planes de avance en cada una de las materias que nos corresponde con el fin de no retrasar las reformas legislativas que convertirán en realidad los postulados discutidos tantas veces y sobre los cuales nos parece estamos todos de acuerdo.
