Las protestas contra la aprobación del proyecto de transformación del ICE han sido para nuestro sistema político el amargo despertar de una siesta de autocomplacencia. Aunque con logros extraordinarios a lo largo de 50 años, el diseño institucional muestra síntomas de agotamiento e incapacidad para canalizar las expectativas del pueblo. Es urgente repensar desde la base nuestro sistema republicano y escrutarlo con ojo crítico, aunque nos cueste.
En el catálogo de causas de la exasperación ciudadana dos fenómenos me parecen muy visibles: por un lado, la percepción de que el sistema político está paralizado, que es cada vez menos capaz de alcanzar acuerdos básicos para la transformación del país y de tomar decisiones de manera eficiente, como no sea por mecanismos poco ortodoxos, como sucedió en el caso del ICE, según ha señalado ya la misma Sala Constitucional. Por otro lado, la percepción de que la Asamblea Legislativa –la pieza clave del sistema democrático– simplemente se ha desdibujado, ha perdido su capacidad de legislar, de controlar políticamente y de representar a la población. El Parlamento ha dejado de ser el centro de nuestra vida republicana.
Ambas patologías no son casuales. Como lo ha mostrado el debate sobre el diseño institucional de las nuevas democracias de Europa del Este, aquellos defectos son manifestaciones típicas en los regímenes presidenciales como el nuestro. El sistema presidencial –donde los poderes Ejecutivo y Legislativo se eligen separadamente y por un plazo fijo– abriga una tendencia a generar entrabamiento entre poderes, crisis políticas y rupturas constitucionales. Mientras la elección separada permite la coexistencia de mayorías distintas en ambos poderes –complicando enormemente la toma de decisiones– el plazo fijo aporta una grave falta de flexibilidad para dirimir empates políticos, cuya ruptura, no importa cuán urgente, queda pospuesta hasta los siguientes comicios. El carácter unipersonal del premio mayor de las elecciones –la Presidencia– genera una lógica competitiva no consensual sino mayoritaria, en la que se gana todo o se pierde todo, en la que la construcción de amplias coaliciones es desestimulada y, en rigor, innecesaria para la permanencia en el poder del partido ganador. La elección independiente del presidente personaliza el juego político, limita la relevancia del parlamento y los partidos, y permite el surgimiento de liderazgos mesiánicos y populistas, que no precisan del apoyo de un partido para alcanzar el poder. Los Fujimoris y los Chávez, epítomes del "hombre fuerte" con el que con infinita miopía algunos coquetean en el país, solo son posibles en un régimen presidencial.
Ventajas del régimen parlamentario.
Ante el elenco de riesgos cuya presencia empieza a ser clara en Costa Rica, urge, por ello, devolver al parlamento su posición central en el sistema político. Urge crear instituciones que, agilizando los mecanismos de decisión y minimizando los conflictos entre poderes, no dificulten el control político de los representantes populares sobre el gobierno; que, lejos de favorecer una dinámica mayoritaria que en muchos casos no se logra, estimulen la formación de decisiones basadas en posiciones estudiadas y programáticas; y que, en vez de estimular las veleidades mesiánicas de los líderes, generen una dinámica política fundada sobre partidos sólidos y permanentes. Por eso, el Partido Liberación Nacional en su pasado congreso ideológico, acogió la tesis de abogar por la transformación de nuestro régimen político en un sistema parlamentario, en el que el primer ministro y su gabinete emanen de la mayoría parlamentaria electa popularmente. Este sistema, por mucho el más común entre las democracias desarrolladas, virtualmente impide la existencia de un Poder Ejecutivo ayuno de apoyo legislativo (el Ejecutivo, para serlo, necesita por fuerza de una mayoría parlamentaria), y permite un control cotidiano del gobierno en la cámara legislativa. Este control está respaldado por poderosos instrumentos, como la moción de censura, y es, al mismo tiempo, equilibrado por mecanismos flexibles para romper entrabamientos políticos, como la disolución del parlamento y el adelantamiento de elecciones.
La opción parlamentaria nos ofrece una ruta ideal hacia una vida política más madura y democrática que la que tenemos. Hay, por supuesto, otras opciones. Pero lo importante es que emprendamos cuanto antes una revisión profunda de nuestras instituciones políticas. No hacerlo será inútil. Si nos aferramos a las reglas conocidas, la dinámica social igual se encargará –más temprano que tarde– de desnudar nuestras carencias institucionales.
